
Por: Juan Carlos Eguren.
La reforma indispensable e impostergable del sistema de justicia peruano debiera ser una de las principales reformas que emprenda el siguiente régimen gubernamental y debe tener presente las experiencias exitosas de países desarrollados como:
1- La justicia debe ser proba, eficaz, oportuna y célere, todo lo contrario a lo que tenemos. Esto implica dos grandes criterios: el primero, los delitos violentos que causan zozobra social deben ser sancionados con prisión efectiva, ampliando los plazos de detención y relajando los criterios de flagrancia para investigar, juzgar y condenar en términos perentorios no mayores a treinta días. La gravedad de la pena estará determinada por el grado de violencia, utilización de armas letales y reincidencia en el delito.
Los delitos de cuello blanco, de contenido patrimonial que no implican un peligro de violencia contra la integridad física y la vida deben ser transaccionales, es decir, estar orientados al máximo sacrificio patrimonial de los infractores de la ley complementada con impedimentos de contratación con el estado y de postulación o designación en cargos públicos.
2- En ambos casos (violentos y patrimoniales), el objetivo no pasa por la falsa e irreal “re socialización”, pasa por el escarmiento, el ejemplo y la satisfacción de la sociedad. Ello implica celeridad y oportunidad, para lo cual los plazos de investigación deben reducirse dramáticamente, esto es fusionar la etapa de investigación preliminar con la de investigación preparatoria. Investigar implica la actividad de descubrir pruebas y/o evidencias, si estas no se encuentran en tres años, es porque no existen o porque no se tuvo la capacidad de encontrarlas, no se trata de investigar seis años para acusar por varios delitos que sumen treinta o cuarenta años, basta con probar rápidamente lo evidente y meter preso al infractor por diez o quince años.
3- Se tiene que acotar los conceptos de organización criminal y lavado de activos, bajo los criterios actuales prácticamente todo calza en estas laxas descripciones y, en consecuencia, los plazos de investigación y juzgamiento se tornan interminables.
4- Se requiere incorporar herramientas como la fianza, los grilletes electrónicos y prision domiciliaria onerosa, donde la custodia debe ser pagada por el investigado o recluso.
5- Los fiscales y jueces no tienen formación en temas económicos, financieros, contables, tributarios ni del sistema de compras y adquisiciones del estado, lo que dificulta y dilata la investigación y juzgamiento y razón por la cual para que un funcionario público sea investigado por el ministerio público se debe requerir previamente un peritaje e informe de la Contraloría. El referido peritaje se constituye en prueba plena que permita llevar a juicio al infractor de manera perentoria sin requerir pruebas adicionales.
6- Potenciar al máximo la colaboración eficaz, la confesión sincera y la terminación anticipada sin que la reparación civil termine siendo un obstáculo.
7- La defensa de la legalidad, la persecución del delito y la procura de la sanción en sus dos extremos, carcelería y reparación civil, deben estar a cargo del ministerio público, no tiene sentido duplicar y en muchos casos entorpecer esfuerzos, el MP debe representar en exclusiva los intereses de la sociedad y el estado, se debe eliminar y/o absorber a la procuraduría pública. Ambos presupuestos fortalecerían el accionar del Ministerio Público.
8- Los serenazgos municipales deben pasar a ser la policía municipal que resguarda a la ciudadanía, controla las infracciones de tránsito, desalojos, violencia familiar, accidentes de tránsito, etc. y de soporte a las intervenciones de rutina (infracciones) para permitir que la policía nacional se encargue de perseguir e investigar los delitos.
8- Los comisarios de la policía nacional deben tener una línea de mando matricial para políticas públicas de su comando y para la gestión operativa del alcalde respectivo para acabar con las duplicidades y lavada de manos.
9- Prohibir la instalación y renovación pública y privada de cámaras que no respondan a un sistema integrado único con equipos certificados. El sistema de monitoreo debe dejar de registrar imágenes del delito y pasar a ser una herramienta de monitoreo, persecución, captura y sanción inmediata por flagrancia.
10- Los comisarios sólo pueden ser cambiados por ascenso o destitución vinculado a la falta de resultados e incumplimiento de metas y objetivos, no por rutina.
11- Creación del comando de seguridad cívica (civil) que reporta e informa las ocurrencias vecinales a las unidades operativas y de inteligencia (amas de casa, jubilados, tercera edad, licenciados de las fuerzas armadas y policiales) pasarán a ser la fuente de información que alimenta a los sistemas de inteligencia.
12- Creación del cuerpo de patrulleros civiles (taxis) con línea abierta con la policía nacional e incentivos por reportar, seguir y cercar a delincuentes.
13- Creación de penitenciarias privadas donde los reclusos pagan una mensualidad por su sustento, para aquellos que tengan recursos, liberando de esta manera presupuestos a favor de los reclusos pobres para mejorar sus condiciones de prisión.
14- Integrar/fusionar las salas constitucionales de la corte suprema con el tribunal constitucional como máximo y supremo órgano jurisdiccional que se pronuncia por excepción para fijar jurisprudencia obligatoria.
15- En el 10% de los distritos del país (180) de mayores índices de delincuencia violenta establecer módulos que integren en el mismo espacio físico y operativo a la policía, la fiscalía y al poder judicial para procurar justicia penal inmediata.
OTRAS REFORMAS DE ESTADO:
1-En un estado unitario y descentralizado es obsoleto y disfuncional la existencia de prefecturas y sub prefecturas, se deberían eliminar y sus funciones pasar, según corresponda, a los gobiernos regional y municipalidades.
16-Reestructuración de la organización del estado (ministerios):
1- Ministerio de seguridad que funcione Defensa con Interior, con vice ministerios de seguridad externa (defensa) e interna (interior).
– Ministerio de Poblaciones Vulnerables que integra inclusión social y mujer, con viceministros de inclusión social y mujer
– Ministerio de Educación que integra al ministerio de cultura y el esperado de ciencia y tecnología .
– Ministerio de Relaciones Exteriores que integra al ministerio del mismo nombre con el de comercio exterior.
– El ministerio de Ambiente debe desaparecer por ser una política transversal sujeto a todos los sectores e inmerso en compromisos internacionales.
– El resto de ministerios deben dedicarse a desarrollar políticas públicas mas no inversiones en infraestructura.
– Creación del ministerio de infraestrucra público-privada en transportes, salud, educación, justicia, agricultura, pesca, vivienda, energía y minas, etc.
– Finalmente, el ministerio de Economía pasará a ser el ministerio de economía y formalización por la gravedad e importancia del problema.
17- La formación de verdaderas regiones/macro regiones de corte transversal con sentido económico, logístico y complementariedad.
18- Reducción de municipios (más de mil ochocientos) y pasar a ser uno por provincia (195) con oficinas y funcionarios delegados en cada distrito en búsqueda de un desarrollo armónico, sustentable, sostenible, integrado y coherente.
19- La informalidad se supera inmediatamente mediante un solo aplicativo/software único, universal y gratuito donde ningún movimiento de personas, dinero o mercancías deja de ser registrado a través del DNI electrónico/digital (desde el nacimiento hasta el fallecimiento).
20- Pensión de jubilación universal, con el aporte de un porcentaje del IGV de toda transacción que pasa a ser parte del fondo de jubilación, desde la compra de pañales al nacer hasta la muerte y la mejor rentabilidad garantizada se licita internacionalmente.
21- Los conflictos sociales por recursos naturales se acaban si se otorga al dueño de la superficie la propiedad del subsuelo, se apertura al mercado y la negociación entre el propietario del recurso y el tenedor de la tecnología y el capital para explotarlo, el mercado hará su trabajo.
22- La propiedad comunal (campesinas, indígenas, selváticas, etc.) se titula y se convierten en acciones transables, de libre disponibilidad de cada comunero para vender, hipotecar, etc.
23- Todas las tierras de propiedad del estado, en lo que se gasta sin éxito para evitar invasiones, se subastan para programas de desarrollo social (vivienda, granjas, industrias, agro, etc.) y se incorporan al mercado mediante el mecanismo competitivo del menor costo de habilitación), se titula y se potencia el mercado a costo social.
24- Las cuotas de agua de la agricultura deben titularizarse y ser transables, es decir, por invertir en tecnología de goteo no se debe perder la cuota de agua, o se expande la frontera agrícola o se vende la cuota existente, de lo contrario es un incentivo perverso.
25- El oleoducto que conduce petróleo de la selva a la costa ya está inservible por filtraciones que contaminan el ambiente en todo su recorrido, es preferible que transporte agua del amazonas para irrigar la costa y las filtraciones existentes servirán para dotar de recurso hídrico donde se produzcan.
El potencial petrolero que tenemos cuando se torne competitivo requerirá de un nuevo oleoducto, muy económico porque se debe construir en paralelo al actual.
26- Las gratificaciones de julio, diciembre y CTS, más la mitad del pago de vacaciones deben ser pagadas proporcionalmente mes a mes, lo que significa casi un 40% de incremento remunerativo y a la larga la reducción de costos laborales que incentivan la formalidad.
27- No hay forma de controlar la informalidad e ilegalidad de la depredación de la selva en manos de taladores y mineros ilegales (dos tercios del territorio nacional), se requiere licitar internacionalmente grandes extensiones a empresas formales que defienden sus territorios y exploten de manera sustentable y sostenible los recursos naturales en armonía y con participación de las comunidades que los circundan.
28- A ninguna persona natural o jurídica se le podrá exigir, por las instituciones del estado (a nivel local, regional o nacional), información que ya la tiene el aparato estatal, sea de orden registral (RRPP), tributario (SUNAT), antecedentes policiales y/o judiciales, planos, habilitaciones, sentencias, licencias municipales, defensa civil, etc.
29- Potenciar al máximo el silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta o demora de la administración pública y paralelamente potenciar la supervisión y sanción posterior por infracciones a la ley mediante estricta fiscalización.
30- Reestructurar presupuestos públicos bajo una real, explicada y solidaria distribución para reducir las brechas de desnutrición, educación y salud entre las regiones y distritos del país.
31- Reforma tributaria progresiva, a mayor utilidad mayores impuestos. No se trata de desalentar el éxito, se trata de que los exitosos sean más solidarios, cuidando la sostenibilidad y competitivas de las empresas con ratios internacionales y con el entorno en el que queremos que se desenvuelvan en el largo plazo.
32- Priorizar la inversión en las futuras generaciones para que tengan igualdad de oportunidades, esto es: nutrición, salud, educación, formación en valores, acceso a la tecnología y formación cívica/ ciudadana.
33- Habilitar partidas presupuestales para contratar a expertos internacionales con experiencia y resultados exitosos, comprobados internacionalmente en cada uno de los sectores (ministerios).





