Política

NOSOTROS, LOS DEFENSORES DE LOS CORRUPTOS

Por: Juan Carlos Puertas Figallo

 En tiempos de una tremenda politización de la justicia, opinar jurídicamente sobre los diversos casos que la vergüenza evidenciada por ODEBRECHT ha generado, viene a reducirse por el amplio auditorio al típico discurso polarizador (más propio de la política que del derecho) y ad- hominem. Así, cualquier crítica que pueda formularse a la calificación de los aportes de campaña como lavado de activos, a las prisiones preventivas (y a las “colaboraciones” realizadas bajo dicha amenaza), a la tipificación de los hechos investigados o a usar determinados “delitos” para ampliar una investigación o mecanismos procesales poco garantistas, te vale la respuesta de la plaza de “defensor de corruptos”.

Mucho silencio he guardado sobre las noticias que aparecen todos los días, ya sea bien de los Mass-media Graña o Mohme o de los medios de oposición, donde determinada “declaración ante la fiscalía” o “una prueba contundente” o “una declaración mediática” ya determinó la sentencia en determinado caso; porque en realidad si algo ha demostrado en estos meses el Perú, es la nula capacidad de hacer frente a tantas investigaciones con la seriedad e imparcialidad a la que una coyuntura así obliga.

Me animo a escribir estas líneas a propósito que acaba de conocerse que España no concederá la extradición de César Hinostroza por el delito de organización criminal, una imputación que hace algún tiempo en mis redes yo veía – como tantos otros delitos imputados – jalada de los pelos.

Y sucede que una cuestión es sancionar penalmente los delitos que se hayan producido, y otra muy diferente es privar de la libertad como sea y por lo que sea a quien “creo” (porque lo leí o escuche en algún medio o porque odio su partido) es culpable y deseo que vaya de todas formas a la cárcel.

Pero, así no funcionan las cosas en un país donde se supone existe un Estado de Derecho – como le llaman –, ese viejo sistema que implica el gobierno de las leyes, y cuya finalidad es precisamente delimitar las funciones y poderes de los hombres que ejercen (por delegación de la sociedad) algún cargo público.

Pero sucede que todo se volvió un circo (para los abogados que tratamos de seguir por los diversos medios estas investigaciones), debido a un trasfondo evidentemente político. Y como decía hace un tiempo en un debate en Exitosa, aquí no se trabajó de manera seria para encontrar la verdad y sancionar a quien haya que sancionar por aquello que la ley establezca que sea sancionable, tampoco el referéndum estuvo dirigido a una mejora del sistema judicial o político, se trató siempre de una guerra política y jurídica donde todos, todos tenían ropa tendida, y es precisamente cuando las pasiones arden, cuando más debe uno estar atento a no tomar decisiones sobre el sistema de justicia así, a la ligera.

Y sucede pues que todos los hechos sucedidos no son iguales, para tristeza de algunos y alegría de otros. Los aportes, como vienen diciendo muchos penalistas (no quienes tienen intereses con ciertos medios, determinadas universidades ideologizadas u ONGs) no constituyen un delito por el solo hecho de no haberlos declarado a la ONPE, dado que en esos años era a lo sumo, una falta administrativa, y en el peor de los casos – si ese aporte sí fue declarado pero por pitufeo – habrá un delito de falsedad, pero no más.

La insistencia de forzar en la enorme mayoría de casos el delito de lavado de activos o la organización criminal, o bien es un esfuerzo político para que la platea perciba que “todos los casos son iguales”, y así, si todos son iguales, a la larga surge un cinismo lacerante que deriva en la frase “prefiero mis corruptos a los tuyos” o la recientemente patentada “mi mafia es mejor que tu mafia”; o solamente es una excusa para contar con poderes procesales que permitan ampliar los plazos de investigación, facilitar detenciones o prisiones preventivas (porque hay diferentes reglas procesales para diversos tipos de delitos) o sanciones más graves, en cuyo caso, ello sería éticamente condenable, más aún si responden a algún tipo de compromiso político.

Si algo hay que mejorar, y es evidente que debe hacerse, es la capacidad de nuestros Fiscales y Jueces. No es una novedad que los mismos no están preparados para asumir la mayoría de investigaciones, tanto por la manera que llevan a cabo el levantamiento de pruebas, como por la forma en que califican los delitos luego de recopilar las mismas. Esta es una historia ya muy repetida, no es una novedad, ya en el año 2014, en Informe Defensorial No.168, y antes otros informes y estudios similares que cansaría citar, establecían que la mayoría de problemas en los casos Fiscales eran los problemas antes señalados, incluso, indicaba dicho informe que:

“Más allá de variar el tipo penal –algunos fiscales incluso indican que varían las denuncias por colusión hacia tráfico de influencias– lo que parece evidente es que se requiere mejores lineamientos y herramientas de investigación, así como pautas de gestión, que permitan mejorar la calidad del trabajo fiscal, al margen de qué delito sea el que se esté investigando. La clave parece encontrarse ahí y no en el acomodo de la tipificación a las capacidades probatorias actuales de los fiscales que, como se verá más adelante, muestran aciertos pero también debilidades importantes y recurrentes.” (1)

Como vemos, esta predisposición a variar los “delitos” (no hablaré de tipos penales dado que este artículo es muy general y para todo público) existentes, por aquellos que son “más fáciles” probar no es algo nuevo.

Pero como sucede en nuestro amado Perú, en lugar de preparar mejores Fiscales y generar mejores Manuales o Protocolos de Investigación (eso cuesta dinero y los resultados se dan a largo plazo), se modifican y modificaron delitos para que “sea más fácil” condenar a los “supuestos culpables”. Así, el delito de lavado de activos se ha convertido en un gran cajón de sastre donde entra casi todo. Se castiga con penas de hasta quince años al que recibe dinero debiendo presumir su origen delictivo sin que, como se exigía anteriormente, tenga la finalidad de identificar su origen delictivo. La Sentencia Plenaria N° 01-2017 admite una determinación genérica de la actividad criminal que origina el activo.

Como no escapará al atento lector, un delito cuyo propósito era sancionar el blanqueo de dinero hecho con la finalidad de “dificultar a las autoridades conocer la ilicitud de su origen” se transformó en una norma penal que sanciona a quien “debía presumir” que aquel dinero o bien que recibió era ilícito, sin más. Es decir, ahora, antes de firmar cualquier contrato uno debe hacer de las veces de investigador o fiscal, porque si mañana más tarde quien le vendió su automóvil o quien le compro un departamento resultó ser luego investigado (ni siquiera condenado) por algún delito, Ud. va preso hasta por 15 años, en caso un Juez diga que Ud. “debía presumir”, es decir, un tercero lo mandara a la cárcel porque él cree que Ud. debió “presumir o sospechar” que su contraparte era un sinvergüenza.

Un dato que merece resaltarse es que el tenor de la norma aplicable a las campañas del 2011 o 2016, establecía el requisito de quien realizaba la operación o transacción con el activo maculado debía hacerlo “para esconderlo de las autoridades” (que es lo que en buen cristiano significa dificultar la detección por parte de las autoridades de la ilicitud del dinero). Me es bastante complicado entender un caso, donde se diga que los aportes de ODEBRECHT a las campañas constituyen lavado de activos, cuando estos aportes se gastaron para la campaña y se recibió para gastarlo en las campañas electorales, no para esconderlo de las autoridades.

Pero si los supuestos actos de lavado de activos a la fecha de los eventos materia de investigación parecen no calzar con la norma, peor aún son los casos de organización ilícita para delinquir, dado que una organización criminal se constituye con el objeto principal de realizar delitos (en plural, es decir, cometer varios delitos como las organizaciones criminales que vemos en los noticieros, juntarse para hacer un delito no constituye una organización criminal, sino una serie de corresponsabilidades penales).

Un partido político se constituye para formar una organización con fines políticos, tiene cierta ideología (para mal o para bien) y tiene el propósito de participar en procesos de elecciones democráticas. Erróneo sería, pues, plantear que un partido es una organización criminal, aun cuando algunos o varios de sus miembros hayan cometido ilícitos penales para “ayudar” al partido.

Ahora bien, de las últimas noticias, pareciera que otra hipótesis, de insistir con encausar a los partidos políticos por este supuesto y jaloneado “Lavado de Activos”, es aplicar (en caso se hayan recibido aportes en la campaña del 2011 o 2016) la sanción de suspender o clausurar a los Partidos Políticos como una consecuencia accesoria del delito. Esta hipótesis, una vez más, pareciera enfocarnos en motivaciones más políticas que legales.

¿Por qué tanta insistencia en estos “delitos”? Muchas hipótesis existen, algunas más probables que otras, como las que hemos planteado, pero todas ellas parecen concurrir a motivaciones que lo último que aparentan ser, es ser precisamente motivaciones jurídicas.

Los delitos graves en el caso de ODEBRECHT giran en torno no solo a las coimas (sea cual sea la modalidad en que se hayan realizado), sino en los enormes sobrecostos que todos los peruanos hemos pagado por estos asquerosos arreglos. En el camino, con estos hechos concretos, donde – además – las empresas locales, dueñas de los medios como Graña y Montero, también se beneficiaron a montones, siguen contratando con el Estado, firman ventajosos acuerdos y no les pasa nada.

Sí pues, nosotros, “los defensores de los corruptos”, queremos justicia por el gran robo, ese que está no solo en las coimas, menos en los aportes, sino principalmente en los miles de millones de dólares que se llevaron, y no, para mala suerte de muchos, lamentablemente no nos ciegan los fuegos artificiales de los medios que apuntan el cañón de luz para otras direcciones, y decimos, junto a un hombre pensante de izquierda como Luis Enrique Alvizuri: “Si crees que Lavajato son solo las ‘coimas’ entonces todavía no has entendido nada.”

 

1.- Informe Defensorial No.168, Página 60.

 

 

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