Por: José Romero
En campaña, siendo candidata, la hoy Presidente Keiko Fujimori ofreció orden y combatir la informalidad. Por supuesto que la apoyamos y votamos por ella.
La actividad económica informal , según estudios serios, fluctúa entre el 70 y el 80% del total y digámoslo sin medias tintas, ello es ilegal. Quién no actúa bajo el amparo de la ley lo es.
Dentro de esa “informalidad” está la minería ilegal (basta de hablar a media voz y llamarla “artesanal”, ” ancestral” y de otras formas). Según estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) ella mueve miles de millones de dólares, ha crecido en 15 puntos porcentuales mientras que la formal ha decrecido en 5 puntos) y representa el 54% de la producción del oro (120 toneladas al año). En 21 regiones de las 25 opera sin freno alguno. Pataz, Madre de Dios, la sierra de Piura, Nazca, Puno y aún en zonas adyacentes al Corredor Minero del Sur.
¿Cómo el Estado tan “rápido” para desincentivar la inversión minera formal no ha hecho nada sino crear un mecanismo.como el llamado “REINFO” que no es sino una expresión del “cojudeo peruano”?
¿Qué financió inicialmente las operaciones mineras ilegales? ¿Cómo las oeneges antimineras son tan proactivas para combatir la dizque contaminación que “genera la minería formal”, pero calla ante los pasivos ambientales de la ilegal y no solo eso sino todas externalidades negativas y por cierto delictivas como la trata de personas, trabajo infantil y y otras.
¿Qué dicen los parlamentarios al respecto? Nada; tan solo prolongar “el cojudeo” por secula seculorum. ¿Cuántos de ellos han sido financiados por los ilegales?
Una operación minera, aún de pequeña escala, requiere toda una organización logística, operativa, financiera y comercial. ¿El Estado a través de sus organismos de control “no ve” como “vuelan” miles de millones de dólares y cómo cada ve engordan las más visibles fortunas que no son sino la expresión de un inmenso lavado de dinero?
Muchos dirán que solo han pasado 57 días, pero qué ha hecho el gobierno para formalizar está minería (a quienes deseen hacerlo) y combatir a quienes no? Está claro que la formalización requiere cierta flexibilización de trámites, requisitos y procedimientos y ello implica voluntad de querer solucionar esta problemática. ¿Es cuestión de querer o de poder?
El REINFO es la mejor expresión de que el Estado no quiere y que mejor ejemplo es lo que hemos “bautizado” como “la ley del cojudeo”.
Sin embargo es probable que salgan algunos defensores de “los ancestrales y de los artesanales” sosteniendo que “se genera empleo, riqueza y otros” pero no olvidemos de la existencia de vasos comunicantes entre está actividad y otras formas delictivas, que poco a poco están carcomiendo el Estado de Derecho, convirtiéndonos sin pausa en un Estado Inviable. Miremos al norte de América y contestemos si queremos ser algo similar.
Señora Presidente Keiko Fujimori, ¿quiere cumplir con las promesas de orden y formalidad? Ya sabe qué hacer. No haga como un antiguo compañero de trabajo, a quien sus compañeros “lo bautizaron” con la chapa de “mecías” (con C), pués cada vez que el jefe le pedía algún trabajo, nunca decía que no pero no lo hacía. Era el ejemplo del “vivo que “mecía” y en castizo, cojudeaba.
