Redacción de La Abeja.-
Puede el Congreso de la República promover un programa destinado a formar a los futuros líderes del país y, al mismo tiempo, permitir que entre sus participantes haya personas cuyas expresiones públicas plantean serios cuestionamientos sobre el respeto, la tolerancia y la integridad.
El caso de Santiago Luis Zapata Solano, conocido como «Yackov», militante del desaparecido partido Morado, obliga a formular esa pregunta.
El Parlamento Joven debería ser un espacio de formación cívica, de aprendizaje democrático y de preparación para el ejercicio responsable de la vida pública. No se trata de fabricar dirigentes dóciles ni de exigir que todos piensen igual. Se trata de enseñar que la discrepancia es legítima, que la crítica es necesaria y que ninguna diferencia política justifica la violencia o la humillación personal.
Sin embargo, un video de Yackov que hemos conocido contiene una expresión que no puede pasar inadvertida. Al referirse a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, dice: «Alguien le puede meter una bomba, por favor, a Milagros Jáuregui, de verdad?».
No estamos ante una metáfora inocente ni ante una crítica parlamentaria particularmente áspera. Es una referencia explícita a un atentado contra una persona identificada por su nombre. Que después continúe cuestionando sus iniciativas legislativas no cambia la naturaleza de esa frase. Se puede discrepar de una congresista, combatir sus proyectos y denunciar lo que se considere equivocado. Lo que no se puede normalizar es que la violencia aparezca como parte del debate público, menos aún de un joven.
También se ha señalado la realización de una fiesta denominada «Keiko Kachera», atribuida a su entorno. Estamos ante otro episodio que merece ser examinado. La sátira política tiene un lugar en una sociedad libre, pero la dignidad de una mujer no depende de que nos guste su partido, su ideología o su trayectoria. El respeto no puede ser selectivo. No se puede invocar la defensa de las mujeres para unas y celebrar la humillación de otras.
El problema, por tanto, no consiste en que un joven tenga ideas políticas distintas o participe en movilizaciones. La juventud tiene todo el derecho de cuestionar al poder, reclamar seguridad, denunciar la corrupción y exigir cambios. El problema aparece cuando cuando la provocación desplaza a la responsabilidad.
El Congreso tiene aquí una obligación que no puede eludir. Las propias bases del Parlamento Joven 2026 establecen que sus participantes deben observar reglas de buena conducta, respeto mutuo, tolerancia e integridad, y contemplan sanciones cuando estas disposiciones se incumplen. No son adornos escritos para completar un documento administrativo. Son las condiciones mínimas de un programa que pretende formar ciudadanos comprometidos con la democracia.
Por eso, la Oficina de Participación Ciudadana debe explicar qué verificaciones realizó, si conocía estas expresiones y qué medidas piensa adoptar. También debe esclarecer las denuncias sobre una presunta alteración de documentos de selección que el mismo personaje habría perpetrado, contrastando las pruebas con sus registros originales.
La pregunta es sencilla: ¿qué entiende el Congreso por liderazgo juvenil? ¿Basta con tener la edad requerida, aprobar unas evaluaciones y conseguir una posición dentro de un programa institucional? ¿O se espera también un mínimo de responsabilidad, respeto por los demás y capacidad para convivir con quienes piensan diferente?
La juventud peruana no puede ser reducida a los personajes más estridentes de las redes sociales ni a quienes consiguen notoriedad mediante la provocación. Hay miles de jóvenes que estudian, trabajan, emprenden, sirven a sus comunidades, defienden sus convicciones y se esfuerzan por construir un país mejor.
El Parlamento Joven debe ser una escuela de democracia, no una plataforma de impunidad verbal ni un escenario para convertir la agresión en espectáculo. El Congreso tiene que demostrar que sus reglas valen para todos, sin importar la notoriedad, las amistades o las simpatías políticas de cada participante.
Porque formar a los futuros representantes del país exige algo más que enseñarles a levantar la mano, presentar proyectos o pronunciar discursos. Exige enseñarles a respetar la dignidad humana, incluso la de sus adversarios.
