Por: Hugo Guerra Arteaga
El domingo tendremos que elegir gobernadores, alcaldes y funcionarios, en su enorme mayoría totalmente desconocidos, en un país de 34 millones 600 mil habitantes que está pésimamente organizado territorialmente.
El JNE registra más de 86,516 candidatos compitiendo a nivel nacional. De entre ellos elegiremos las autoridades de 26 circunscripciones regionales administradas por gobiernos regionales (los 24 departamentos, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Provincias). Lima Metropolitana, con 14 millones de habitantes, tiene un régimen especial autónomo y no depende de ningún gobierno regional. Entre tanto, contamos con 1,892 municipios (196 provinciales y 1,696 distritales). Además, hay 3,382 municipalidades de centros poblados. El gobierno central no tiene capacidad alguna para supervisar y atender ese volumen de reparticiones.
Somos una república unitaria, pero no funcionamos como tal. La regionalización, iniciada en el 2002, es un modelo trunco debido a que nunca se formaron las macroregiones geoeconómicas sostenibles. Cada departamento votó por convertirse en su propia “región”, atomizando el país. El centralismo fiscal continúa, obligando a las regiones a depender casi exclusivamente de transferencias del gobierno nacional; miles de millones de soles del presupuesto de inversión pública se quedan sin gastar o se devuelven al erario público por falta de capacidad técnica e institucional; existe exceso de burocracia y sistemas complejos: el diseño de proyectos públicos en el Perú requiere perfiles estrictos y aprobaciones que los municipios rurales o de menores recursos no logran completar con éxito; y prima el temor a la fiscalización.
Pese al auge del canon minero y las transferencias directas, el abandono persiste por una profunda asimetría estructural: burocracia frente a servicios: la mayor parte del presupuesto que sí logran ejecutar los gobiernos subnacionales se destina a “gasto corriente” en lugar de inversión en infraestructura de servicios. Y la dispersión territorial supone que la enorme cantidad de distritos pequeños (más de la mitad atiende a menos de 5,000 habitantes) eleva sustancialmente el costo por habitante para llevar servicios esenciales como agua, desagüe, conectividad o electricidad.
Al final gobiernan movimientos y frentes regionales y locales creados con fines estrictamente electorales. Al no responder a una ideología nacional estructurada o a una bancada en el Congreso, operan como “islas” políticas autónomas. Y cogobiernan las economías ilegales e informales que los financian.
Esto les permite colocar autoridades aliadas que bloquean la fiscalización. Salvo en Lima, donde el voto es mucho más político, ¿sabe usted realmente por quién va a votar este domingo?
