Por:Farid Salazar
El plan de gobierno de Fuerza popular “Perú con orden” parte de un diagnóstico marcado por tres ejes cruciales: Inseguridad ciudadana, problemas económicos y pérdida de confianza institucional. Se busca recuperar el orden mediante un Estado que promueva la inversión privada, fortalezca su capacidad de seguridad y utilice nuevas tecnologías para una gestión de calidad. Antes de generar un debate, resulta pertinente analizar, indagar y preguntarse qué problemas se intenta resolver, qué ventajas pueden generar las medidas y que riesgos comprende su diseño. Tres propuestas nos permiten observar esta combinación: la redistribución del canon minero, la construcción de mega penales y la creación de una criptomoneda estatal.
ECONOMÍA: ¿El canon directamente a los ciudadanos?
El denominado “Canon para el pueblo” plantea redistribuir hasta el 40% del canon directamente a la población de las zonas mineras. Bajo un mecanismo de control comunitario, se intenta responder a una demanda ciudadana que ha ido escalando durante años por los grandes recursos que genera la actividad extractiva. Los cuales, no se logran apreciar en obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos o en beneficios que puedan llegar directamente a los hogares.
En ese sentido la redistribución directa de los recursos podría modificar la relación entre minería, Estado y población. Esta medida plantea interrogantes debido a que el canon minero se distribuye a los gobiernos locales y regionales siguiendo porcentajes establecidos por ley. Por ello destinar hasta el 40% directamente a la población implicaría modificar la lógica vigente y obligaría a responder qué ocurriría con los recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y proyectos de inversión.
En los Estados Unidos, Alaska Permanent Fund Dividend implementó un mecanismo similar que permite distribuir de forma anual parte de los ingresos generados por los recursos naturales entre los residentes del estado. A pesar de no ser idéntico a la propuesta planteada, ha demostrado que la redistribución directa de la renta extractiva puede institucionalizarse mediante fondos, reglas específicas y criterios previamente establecidos. No obstante a ello, evidencia que este tipo de políticas requiere mecanismos de administración y supervisión que garanticen su sostenibilidad.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Canon – Metodologia de distribucion
El principal desafío que enfrenta la propuesta está en establecer cómo se distribuyen los recursos, qué controles evitan su uso clientelista, quiénes serán sus beneficiarios y cómo se garantiza que los gobiernos subnacionales mantengan su capacidad para financiar obras y servicios públicos.
SEGURIDAD: Más cárceles pero, ¿más capacidad estatal?
Se propone construir cuatro mega penales de máxima seguridad, cuatro penales modulares y un establecimiento especializado para jóvenes infractores. La característica más llamativa de estos nuevos establecimientos es la administración temporal y exclusiva de las Fuerzas Armadas. Además se plantea bloquear las señales móviles de los penales y ampliar los programas de trabajo penitenciario.
La propuesta parte de un problema concreto. En enero de 2026 el INPE registró 103,717 internos frente a una capacidad de 41,764 plazas, una sobrepoblación promedio de 148%. Por lo tanto ampliar la infraestructura penitenciaria responde a una necesidad que difícilmente puede ignorarse.
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Informe Estadístico, enero de 2026, Anexo 07.
Una referencia internacional que nos permite establecer una comparación es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, inaugurado en 2023 y diseñado, segun el propio gobierno salvadoreño, para albergar hasta 40,000 personas. El establecimiento representa una apuesta por la construcción de una infraestructura penitenciaria de gran escala y por su modelo de máxima seguridad. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado las condiciones de detención, la falta de comunicación y las garantías procesales del sistema penitenciario salvadoreño. Por ello este caso demuestra que la capacidad física de una prisión debe evaluarse junto a la supervisión, legalidad y las condiciones de reclusión.
En el caso peruano la participación de las FF.AA. introduce una discusión institucional. Esta medida puede interpretarse como un intento de recuperar rápidamente el control de establecimientos críticos, pero también plantea interrogantes sobre la distribución de funciones entre las instituciones militares, policiales y penitenciarias. El desafío se basa en determinar si esta intervención aumenta realmente la capacidad estatal o si traslada a las Fuerzas Armadas responsabilidades que requieran de capacidades especializadas y permanentes del sistema penitenciario.
TECNOLOGÍA: ¿criptomoneda o dinero digital estatal?
La tercera propuesta resulta probablemente la más innovadora de todas. Se contempla iniciar la transición hacia una “criptomoneda estatal para transacciones públicas” con el objetivo de asegurar la trazabilidad de los pagos gubernamentales. Esta medida forma parte de un paquete amplio y concreto sobre digitalización. Incluye publicar licitaciones y contratos en tiempo real y además utilizar la inteligencia artificial para poder detectar sobre costos y riesgos de colusión. Esta idea incluye un posible beneficio, al aumentar la trazabilidad podría facilitar la fiscalización de las operaciones públicas y generar información para detectar irregularidades. Existe una precisión fundamental, el BCRP distingue entre una criptomoneda y una moneda digital de banco central (CBDC): una CBDC es dinero digital emitido por el banco central, mientras que una criptomoneda no está estrictamente ligada a un entidad estatal y esto es vital porque el Perú ya posee experiencia en esa materia.
El BCRP viene desarrollando un piloto de CBDC orientado a promover el acceso a pagos digitales entre la población con baja bancarización y limitada conectividad. El proyecto utiliza un modelo híbrido: el Banco Central mantiene la emisión y la gobernanza del dinero digital, mientras que una empresa privada participa en su distribución y en la relación con los usuarios finales.
El Sand Dollar de Bahamas, es una moneda digital emitida por su banco central y lanzada a nivel nacional en octubre de 2020. Su implementación busco modernizar el sistema de pagos, ampliar la inclusión financiera y facilitar las transiciones en comunidades alejadas. El caso también muestra la necesidad de establecer salvaguardas relacionadas con la ciberseguridad, supervisión y la estabilidad financiera.
La propuesta de Fuerza Popular debe considerar quién emitirá ese dinero, qué información podría conocer el Estado, cómo se protegen los datos de los usuarios y qué mecanismos evitaran usos indebidos. La experiencia peruana e internacional muestran que las monedas digitales estatales son técnicamente posibles, pero su viabilidad depende de un diseño institucional claro que equilibre trazabilidad, eficiencia y seguridad.
Las tres medidas contienen un patrón común: muestran hacia dónde se orienta el papel del Estado. En economía, se plantea modificar la forma en que se distribuyen los recursos provenientes de la minería; en seguridad, fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen; y en tecnología, utilizar herramientas digitales para mejorar el seguimiento y gestión de las transacciones públicas. Se debe apostar por un Estado con mayores capacidades para intervenir en áreas que se consideren estratégicas, incluyendo una economía social de mercado, mayor participación privada y desregulación, esto significa tener un Estado con una mayor presencia en materia de seguridad, control y gestión de los recursos. El problema se encuentra en determinar si el plan ofrece mecanismos suficientemente claros para evitar que una mayor capacidad de intervención termine ampliando el poder del Estado sin fortalecer, al mismo tiempo, los controles sobre ese poder.
Redistribuir parte del canon podría acercar los beneficios de la minería a la población, pero también afectar a la inversión pública si no existen mecanismos adecuados de distribución y control. Por otro lado construir nuevas cárceles puede responder al hacinamiento, pero no resolverá los problemas de gestión, reincidencia y reinserción. Del mismo modo, digitalizar las transacciones públicas puede mejorar la trazabilidad, pero plantea riesgos relacionados con la privacidad, seguridad y la concentración de información. “Perú con orden” plantea una asunto que va más allá de estas tres propuestas: ¿cómo aumentar la capacidad del Estado sin concentrar más poder del que se pueda controlar? La solidez del plan dependerá de que estas políticas cuenten con diseños claros, mecanismos de fiscalización y resultados evaluables. El reto está en que actúe con eficiencia y dentro de los límites del Estado de derecho.
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