Por: Ricardo León Dueñas
Keiko Fujimori NO ha vulnerado ninguna independencia de poderes en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Su crítica a la judicatura nacional es absolutamente cierta y se enmarca en la libertad de expresión que tenemos en el Perú. La señora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, no tiene razón alguna para quejarse por esta crítica que la inmensa mayoría de peruanos compartimos. La justicia en el Perú es un desastre: los procesos son interminables y, en su gran mayoría, injustos. Prueba de ello es que la misma Keiko, y muchísima gente más, han sido víctimas de un sistema de justicia arbitrario que actúa vulnerando, este sí, no solo el debido proceso, sino la dignidad humana, arruinando impunemente la vida de las personas y no impartiendo la justicia de manera debida y correcta.
Ahora bien, así como defendemos los fueros del Ejecutivo, podemos exigirle al gobierno acción en materia de seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, exigirle al Congreso que le otorgue facultades legislativas, de pronto no todas las que ha solicitado, pero sí las acotadas a temas de real importancia y emergencia. Empero, en honor a la verdad, nada obsta al gobierno para iniciar determinadas acciones propias de sus funciones que no necesitan la participación del Parlamento y que, al parecer, no viene ejecutando para paliar la gravísima situación que enfrentamos contra el crimen organizado. Como ya lo hemos advertido, la paciencia de la gente tiene límites y este régimen en particular no tiene un “periodo de prueba” ni una “luna de miel”.
De otro lado, las distorsiones de la ley no son exclusivas del ámbito penal; también afectan gravemente al derecho de propiedad. Lo sucedido en España con una anciana que pretende quedarse a vivir en un departamento que no le pertenece, nos trae el vivo recuerdo de lo que ocurrió en el Perú hace muchos años. Se trata de una propiedad ubicada en una zona privilegiada de Madrid que ha venido usufructuando desde hace nada menos que setenta años pagando una renta irrisoria, fruto de una severa alteración de las regulaciones inmobiliarias. En nuestro país, una antigua y nefasta ley del inquilinato, conjuntamente con una legislación de corte sumamente proteccionista hacia el arrendatario, trajo como consecuencia una retracción de la inversión inmobiliaria por décadas y contribuyó directamente a la precarización de los inmuebles, perdida de importantes patrimonios y tugurización de las viviendas.
Lo anotado solo demuestra lo pernicioso de las corrientes progresistas y de izquierda, las cuales convierten estos casos en caballitos de batalla para enarbolar banderas equivocadas de defensa de gente que se aprovecha del sistema. Y lo peor es que esto frena y desincentiva la construcción masiva de viviendas para los millones de nuevos ciudadanos que se incorporan a la sociedad cada año.
No hay nada como el libre mercado en el sector inmobiliario; claro está, siempre cumpliendo estrictamente las normas regulatorias, las cuales deben propender al beneficio de toda la comunidad.
