Luego de jurar como Presidente del Congreso de la República, el congresista Pedro Olaechea Álvarez Calderón dirigió su mensaje al Congreso y la Nación. Lo reproducimos por considerarlo de interés público
En los últimos meses, el trabajo del Congreso de la República ha estado enfocado en las reformas del
Poder Judicial y las reformas políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Logramos grandes avances tras muchas discusiones, diferencias y consensos. El resto de las reformas podrán ser analizadas y trabajadas a profundidad.
Ahora enfoquémonos en atacar los grandes problemas que enfrentamos como país. Nuestra economía está estancada. Pese a beneficiarnos del rumbo económico que marcó la Constitución de 1993, en los últimos gobiernos poco se ha hecho para acelerar la economía.
La inversión privada tiene que crecer y generar más puestos de trabajo para los 300 mil jóvenes que entran cada año al mercado laboral. Trabajemos juntos para volver al camino del progreso
económico, no merecemos el crecimiento mediocre de los últimos 7 años.
Esta es la labor principal del Ejecutivo y desde el Congreso debemos colaborar con un marco legal
eficiente y creativo para ayudar a resolver este problema. También es nuestro deber asumir un rol fiscalizador para evaluar cómo se está gastando el dinero de todos los peruanos.
Es urgente una reforma tributaria que sea equilibrada y promotora, que realmente beneficie a la población. Además, tenemos que encontrar una forma de reducir la informalidad.
Especial relevancia debería cobrar el lugar que tienen las MYPES en el tejido empresarial del Perú y poder impulsar su crecimiento, ya que constituyen el 99% de empresas formales en nuestro país.
La situación del agro también debe ser abordada con mucha seriedad.
El agro peruano está en una situación particular: solo se usa el 4.4% del área agrícola del país para las
exportaciones. Aún así, el Perú ha generado una revolución mundial con sus productos. El potencial es enorme. El resto del sector —el 95.6%— sigue sufriendo las secuelas de la reforma agraria. Viven en verdaderas trampas de pobreza abandonados a su suerte, sin tecnología, resignados a un entorno de
sufrimiento y retraso. De igual forma, el 27% de los peruanos que viven en las fronteras no puede seguir en total estado de abandono.
Por otro lado, hay mucho por hacer en cuanto a las actividades extractivas en el país, una de las principales fuentes de riqueza que tenemos. El Perú necesita aproximadamente 250 mil barriles
diarios de petróleo para funcionar, pero sólo producimos 44 mil. Solo en el 2018 gastamos más de US$3000 millones en importar lo que no producimos.
Aún así, se necesitan 46 procedimientos sólo para iniciar operaciones en el sector hidrocarburos.
Desde el Congreso aprobaremos la legislación necesaria para darle un impulso a este sector,
trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo para destrabar la inversión.
Necesitamos políticas públicas predecibles, que entiendan el funcionamiento del mercado, el respeto por
el medio ambiente y por los pueblos indígenas. Lo mismo para la minería.
Otra gran tarea pendiente es la regionalización. Hoy tenemos regiones dotadas de enormes
presupuestos. ¿Realmente está funcionando? En Puno, el Gobierno regional recibe S/ 1,130 millones
para gasto corriente (sueldos) y alrededor de S/ 140 millones para obras. Esto significa que para administrar un sol, en Puno, se gastan diez.
Esta situación es común a través de todo el aparato estatal. Debemos mejorar la calidad del gasto público, estamos cerca de que el gasto en burocracia sea el doble de la recaudación tributaria, según el MEF. Si seguimos con estos niveles de burocracia, los recursos jamás llegarán a los peruanos que más lo
necesitan, siempre se quedarán en el camino.
El Índice de Progreso Social nos advierte que se ha descuidado el desarrollo, pese al incremento en el
presupuesto de la República. El Ejecutivo debe revisar la eficacia de sus programas sociales para que el crecimiento económico tenga un impacto real en el desarrollo social del país.La excesiva burocracia le pone obstáculos y numerosas dificultades a los peruanos y ha empujado a miles por el camino de la informalidad.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Propongo una agenda de emergencia a ser trabajada
con el Poder Ejecutivo, para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestro país.
El Perú no puede detenerse. No solo debemos estar dispuestos, estamos obligados a
comenzar esa tarea. El gran problema que tenemos, y no me voy a cansar de decirlo, es un problema de gestión. En los últimos 15 años, el presupuesto de la República creció en 450%, mientras que la población sólo creció 22%. ¿Acaso tenemos 4 veces mejores servicios de educación, salud o seguridad?
En el 2018, el presupuesto de la República fue de S/150 mil millones. De este monto, sólo S/ 46 mil millones se destinaron a infraestructura e inversión. Los S/ 114 mil millones restantes se usaron en gastos corrientes.
¿Somos conscientes de lo que significan S/ 114 mil millones? Con S/ 6 millones se tendría un colegio de 12 aulas completamente equipadas. Por un monto similar, una comisaría con todas las facilidades que merece la Policía para atacar la inseguridad. Con S/ 8 millones se pone en marcha un centro de
salud completamente implementado. Cada vez que escuchemos de presupuestos, pensemos
en cuántas obras se pueden ejecutar.
La ciudadanía nos ve como los responsables de lo que describo. Existe mucha frustración, muchas veces justificada. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es el principal responsable de tomar acciones concretas para resolver estos problemas, el Congreso también cumple un papel clave.
El diálogo y trabajo en conjunto entre los poderes del Estado es esencial. Sin embargo, también es importante respetar la independencia que tiene cada fuero para cumplir sus competencias.
Se debe acabar la idea de que este Congreso es obstruccionista, cuando año tras año se han otorgado
facultades legislativas y se aprobaron varios cambios presupuestales pedidos por el Ejecutivo. De 213 decretos legislativos emitidos por el Gobierno, aprobamos 210. Obstrucción, ¿Dónde?
Pero, no perdamos de vista nuestras tareas pendientes: atacar la exorbitante sobre regulación en la que vivimos, mejorar dramáticamente la calidad de leyes que aprobamos y fortalecer nuestra labor fiscalizadora.
En los últimos 5 años, la emisión de normas legales creció en 25%, más que el PBI y el empleo formal.
En el Perú hay más de 30 mil leyes y 600 mil normas vigentes. En el ránking de carga de regulación gubernamental del Foro Económico Mundial del 2018, el Perú ocupa el puesto 128 de 138. Cada día se emiten —en promedio— 60 nuevos dispositivos legales.
Debemos preguntarnos cuánto le cuesta a la gente las normas que emitimos. En ese sentido, el Ejecutivo contará con nuestro apoyo para simplificarle la vida a los ciudadanos.
No nos dejemos apabullar por quienes piden el cambio de la Constitución o la disolución del Congreso para resolver estos problemas. La defensa de la democracia es fundamental, así como la defensa de nuestra Constitución.
En 1990, el 70% de la actividad económica estaba en manos del Estado y el país estaba quebrado.
Sin embargo, la Constitución de 1993, trazó un camino de desarrollo sin precedentes. Se redujo la pobreza de una manera dramática y empezamos a cerrar brechas sociales. El decir más pobre en nuestro país es el que más ha aumentado su capacidad de gasto en la última década,
según data del INEI.
Además, se estima que en el 2018, las exportaciones peruanas tenían un valor de US$50 mil millones.
Nuestro PBI está en casi US$190 mil millones. No importa qué indicadores usemos, el resultado va a
ser el mismo: hoy vivimos en un país más próspero, pero aún queda mucho por hacer. Han pasado muchos años de inacción y los más afectados han sido los más pobres.
Por otro lado, la defensa de la democracia debe ser un pilar fundamental del ejercicio de la labor parlamentaria. Debemos entender que no vivimos en un sistema perfecto y que los seres humanos tampoco somos perfectos.
En ese sentido, una de las grandes ventajas de la democracia es la rendición de cuentas. Si uno, como político, comete un error, será increpado y castigado por sus electores. Nos debemos a ellos.
Es por eso que es tan importante evitar que grupos de poder no electos gobiernen nuestro país. Ellos no rinden cuentas ante nadie, excepto a quienes los financian.
Se nos presenta la oportunidad de llegar a nuestro Bicentenario como una sociedad que supo manejar sus problemas y enmendar sus errores. Busquemos iniciar el nuevo siglo como un país de
leyes, no como un país de desconcertadas gentes, como decía Piérola.
Exijamos cambios de manera ordenada; sin prisa, pero sin pausa. Reconozcamos que somos un país de logística compleja y de muchas necesidades. Los problemas no se resuelven solo arrojándoles dinero.
Probemos nuevas ideas y pensemos primero en el ciudadano y en los servicios que recibe.
El crecimiento económico y el desarrollo social deben ir de la mano. En suma, entendamos, el Congreso está para autorizar los fondos que el Ejecutivo solicita y dar las leyes que se requieran para el desarrollo del país. El Ejecutivo es el único llamado a aplicarlas. Así pues, extiendo la mano del Congreso para trabajar juntos.
El futuro del Perú está en nuestras manos. Apostemos por el bienestar de las próximas
generaciones. Asumamos la responsabilidad. El Perú y nuestros hijos lo merecen.
