Política

LA DENUNCIA A LA FISCAL BENAVIDES, TIENE POCO DE JURÍDICO Y MUCHO DE POLÍTICO.

Por: Juan Carlos Eguren

El aparente despelote que se asemeja a una orgia de pulpos por lo enredado de la trama (Ministerio Público, Congreso, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia) amerita hacer un esfuerzo para esclarecer la compleja situación.

Antes de analizar el detalle de la crisis actual se requiere poner en contexto las verdaderas motivaciones de una guerra sin cuartel por el “poder”. Hace décadas la izquierda internacional se fijo como objetivo fundamental el control de la educación, la prensa y el sistema judicial, para imponer su narrativa y controlar a los rivales políticos, en el Perú lo lograron, pero en los dos últimos años, perdieron el control del Congreso, la Sunedu, El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de la Nación y están en grave riesgo de perder el control de la Junta Nacional de Justicia. Ante ello se arman casos con apariencia de jurídicos pero en el fondo son políticos y el móvil no es la sed de justicia ni la lucha contra la corrupción, el móvil es recuperar espacios perdidos y cuotas de poder.

Si hubiese delito de la Fiscal de la Nación por lo que hicieron o no sus asesores lo determinará un largo proceso de investigación seguido del juzgamiento respectivo, es decir después de un debido proceso; pretender la destitución mediante un juicio mediático no debería prosperar en un estado constitucional de derecho, similar análisis le es aplicable a Boluarte y Otárola inmersos en acusaciones Constitucionales.

El país debe descartar de una vez por todas los linchamientos mediáticos originados en la nefasta politización de la justicia y su instrumentalización para favorecer intereses subalternos. Si ello no se arranca de raíz se continuará con la sistemática destrucción de la institucionalidad, un país que no garantiza un sistema de justicia neutro, objetivo e independiente no tiene viabilidad.

Esperemos que rápidamente las aguas se calmen y fluyan por el sendero de la madurez y responsabilidad, para ello el Congreso tiene la última palabra ya que con su rol de fiscalización puede evitar que la JNJ se exceda en sus atribuciones en contra de la presunción de inocencia y el debido proceso que le corresponde a la Fiscal.

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