ALONSO SEGURA Y EL CONSEJO FISCAL: ¿PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LÓPEZ ALIAGA?
El escenario político y financiero vuelve a presenciar un evidente caso de doble rasero. Alonso Segura Vasi, exministro de Economía durante la gestión de Ollanta Humala y actual presidente del Consejo Fiscal, ha decidido enfocar sus baterías contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y la gestión financiera liderada por Rafael López Aliaga. Sin embargo, tras la fachada de una supuesta “neutralidad técnica”, se esconde una trayectoria pública que contradice cualquier pretensión de objetividad.
El trasfondo de esta embestida merece ser analizado con detenimiento. Resulta paradójico que un exministro bajo cuyo mandato gubernamental se impulsaron u omitieron cuestionamientos a proyectos multimillonarios como el Gasoducto Sur Peruano y la remodelación de la Refinería de Talara —obras emblemáticas de sobrecostos y controversias vinculadas al “Club de la Construcción” y consorcios como Odebrecht o Graña y Montero— pretenda hoy erigirse como el guardián de la prudencia fiscal.
Por su parte el Consejo Fiscal guardó un silencio complaciente mientras la deuda pública del país se multiplicaba en términos absolutos durante las administraciones posteriores, incluyendo programas de liquidez masiva como Reactiva Perú (que superó los 60.000 millones de soles). No obstante, la alarma institucional solo parece activarse cuando se trata del financiamiento de obras de infraestructura pública para la capital. Frente a las acusaciones de presunta insolvencia o quiebra de la MLM, la realidad del mercado financiero internacional y local dice lo contrario. La emisión de bonos municipales destinados exclusivamente a infraestructura obtuvo calificaciones de riesgo de alto nivel (AA), lo que refleja la confianza de los inversionistas institucionales. López Aliaga, con amplia trayectoria y especialización en el sector de banca e inversión, estructuró una operación financiera respetando los marcos normativos e impulsando la ejecución de obras clave como la nueva Vía Expresa Grau.
La independencia de un organismo consultivo como el Consejo Fiscal queda completamente en entredicho cuando sus posturas públicas convergen con los intereses del denominado “cartel mediático” y grupos de poder tradicionales, dedicados a construir una narrativa adversa contra la gestión municipal.
No se trata de un debate técnico imparcial, sino del uso de plataformas institucionales para el cálculo político. Intentar descalificar la capacidad técnica de la administración limeña omitiendo los antecedentes propios no es rigurosidad fiscal; es, en la práctica, una muestra más de la doble moral que instrumentaliza la fiscalización con fines subalternos.
