¿CUÁLES SON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA SER MINISTRO DE CULTURA?
Por: Luciano Revoredo
Durante décadas, la discusión sobre el Ministerio de Cultura ha estado distorsionada por dos visiones antagónicas pero igualmente ineficaces: por un lado, una postura que percibe al sector como un apéndice presupuestal secundario o prescindible; por el otro, una visión estatista e ideologizada que concibe al sector público como un aparato redistribuidor de rentas simbólicas, un regulador punitivo del patrimonio y una tribuna para la difusión de agendas políticas progresistas.
Frente a ello, es indispensable replantear estructuralmente la existencia y los fines de este ministerio. Ante la captura ideológica de la cultura y la paralización administrativa, se hace urgente una alternativa institucional fundada en los principios del libre mercado, la meritocracia y la neutralidad del Estado. El patrimonio histórico no pertenece a ningún colectivo político, ni la creatividad de una nación requiere la tutela dogmática de la burocracia.
Un principio obligatorio es que la cultura no debe ser dirigida, inventada ni canalizada por el Estado. Las expresiones artísticas y las identidades culturales nacen de la sociedad civil de manera espontánea, orgánica y diversa. Por ello, el rol del ministerio debiera limitarse estrictamente a tres fines sustantivos. En primer lugar, la custodia y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, protegiendo, catalogando y conservando el legado histórico, arqueológico, monumental e inmaterial de la Nación, el cual constituye la reserva moral e identitaria del país y cuya defensa frente a la destrucción o el abandono es una responsabilidad indelegable de la soberanía estatal. En segundo lugar, la facilitación de la libertad creativa e industrias culturales, garantizando las condiciones institucionales, de competencia y de mercado para que los artistas, la industria editorial, el cine, el teatro y las expresiones populares puedan desarrollarse con libertad, sin censuras, pero también sin dependencia del subsidio político. Y, en tercer lugar, la integración cívica e historia compartida, promoviendo una narrativa de cohesión nacional orientada a consolidar el orgullo cívico, respetando la diversidad regional sin instrumentalizarla como herramienta de división o agravio social. Y es que el Estado no debe dictar qué es arte ni utilizar el presupuesto público para financiar agendas ideológicas; su rol debe ser el de un custodio riguroso del patrimonio del país y un garante de las condiciones de libertad para que la sociedad cree sin ataduras.
Para dimensionar la magnitud del cambio de rumbo que requiere el sector, basta contrastar las características del modelo imperante frente al modelo técnico que proponemos. Mientras el paradigma estatista concibe el rol del Estado como un ente interventor, distribuidor discrecional de subsidios y moldeador de relatos ideológicos, el modelo republicano propone un Estado custodio neutral del patrimonio, garante de normas claras y facilitador del mecenazgo.
Frente a un financiamiento basado en la dependencia de fondos estatales directos repartidos bajo criterios subjetivos, se contrapone un esquema fundado en leyes de mecenazgo, incentivos fiscales, alianzas público-privadas e inversión privada. Asimismo, ante una gestión del patrimonio caracterizada por la traba burocrática punitiva que frena inversiones e infraestructura bajo arbitrariedad, la visión técnica plantea una protección ágil con tecnología moderna, integrada al desarrollo sostenible y al turismo. Por último, frente a una identidad nacional fragmentada en identidades de agravio, revisionismo histórico y conflictividad, la propuesta republicana aboga por la unidad en la diversidad, la revalorización de la historia integrada y la cohesión cívica.
Bajo este enfoque, el titular de la cartera de Cultura no puede ser un activista político ni tampoco un frío burócrata desarticulado del ámbito cultural. El ministro debe ser un gestor técnico de altísimo nivel que conjugue capacidad ejecutiva con un auténtico conocimiento, vocación y compromiso con la defensa incondicional del patrimonio histórico y el impulso de las industrias culturales.
En primer lugar, requiere un profundo conocimiento del valor del patrimonio y una mística de defensa firme ante el tráfico ilícito, la invasión de sitios arqueológicos y la degradación del patrimonio inmaterial, defendiendo el legado nacional con autoridad técnica y solvencia histórica. En segundo lugar, debe poseer un dominio especializado de la gestión cultural y la dinámica de las industrias creativas, entendiendo al sector editorial, audiovisual, artesanal, visual y escénico no como mendigos del Estado, sino como verdaderos motores de innovación, empleo y proyección internacional ágiles y competitivos. En tercer lugar, debe contar con competencias sólidas en gestión pública, orientando su capacidad administrativa a la simplificación radical de trámites —como los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)— que hoy paralizan obras de infraestructura por mera ineficiencia. En cuarto lugar, necesita una visión económica para liderar una verdadera Ley de Mecenazgo Cultural que atraiga la inversión privada mediante deducciones fiscales, articulando el sector con Economía, Turismo y Relaciones Exteriores. Finalmente, debe mantener una absoluta neutralidad ideológica y la entereza de despolitizar los organismos dependientes, asegurando que los recursos y reconocimientos públicos respondan únicamente a la excelencia artística, la sostenibilidad y el mérito técnico evaluado por jurados independientes.
Esta reforma institucional resulta inviable si no se transforma simultáneamente el cuerpo de funcionarios que opera la maquinaria administrativa, requiriéndose una burocracia profesionalizada, alejada de la militancia y guiada por estándares de eficiencia. Ello exige un rigor meritocrático absoluto, erradicando el clientelismo, las consultorías infladas y la contratación por afinidad política para cubrir los cargos directivos y técnicos. Asimismo, exige una profunda especialización tecnológica, donde arqueólogos, conservadores y evaluadores dominen herramientas modernas. Todo ello respaldado por un criterio técnico y una clara orientación al ciudadano, abandonando la mentalidad de traba burocrática y comprendiendo que el patrimonio no se protege bloqueando el desarrollo, sino poniéndolo en valor mediante diagnósticos científicos ágiles.
En conclusión, la refundación del Ministerio de Cultura sobre bases técnicas y republicanas no implica el abandono de las artes ni la desprotección del legado histórico. Por el contrario, implica rescatar la cultura de las redes del clientelismo estatal para devolverla a su verdadero soberano: la sociedad civil en su riqueza creativa y libre mercado. Solamente con un ministerio ágil, neutral, eficiente y promotor del mecenazgo, el país podrá preservar su glorioso pasado y garantizar el florecimiento de su futuro artístico.
