FEMINISTAS BUSCAN REINSTALAR EL ENFOQUE DE GÉNERO A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS
Por Carlos Polo
Mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene la tarea de sustituir el enfoque de género en las políticas públicas por el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto por la Ley 32535, organizaciones feministas y parlamentarias vinculadas a esta agenda están presionando para que el propio ministerio respalde la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género.
La contradicción merece atención. La nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, publicada el 24 de diciembre de 2025, ordenó al MIMP sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada en 2019. También dispuso que el ministerio emita nuevos lineamientos para transversalizar el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, “en reemplazo de los lineamientos de transversalización del enfoque de género”. Todas las instituciones públicas tienen, además, un año para adecuar sus políticas, planes, programas y acciones al nuevo marco legal.
Sin embargo, mientras ese proceso de adecuación sigue en marcha, el debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados se ha convertido en uno de los espacios desde los cuales sectores que discrepan con la Ley 32535 pretenden preservar conceptos centrales de género del marco anterior.
No es necesario especular sobre ello. Las propias protagonistas lo han dicho públicamente.
“La política de cuidados tiene que ver con el enfoque de género”
El 21 de septiembre se realizó el encuentro parlamentario “Hablemos de cuidados”, organizado por la diputada Indira Huilca, Oxfam Perú y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Participaron parlamentarias peruanas y extranjeras, además de representantes de organizaciones como Manuela Ramos, Demus, ONU Mujeres y Asociación Transformar Perú.
La reunión abordó expresamente la posibilidad de desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados. Se revisaron las experiencias de México y Uruguay, la participación de gobiernos regionales y locales, el financiamiento del sistema y el reconocimiento del cuidado como un derecho. El encuentro no presentó un nuevo proyecto de ley concreto, pero sí permitió conocer con claridad el marco conceptual desde el cual varios de sus promotores entienden esta política.
Una de las intervenciones más reveladoras fue la de la senadora Susana Matute:
“Cuando te traes abajo el enfoque de género, te traes también abajo […] la política de cuidados”.
Y añadió de manera todavía más directa:
“La ley de política de cuidados tiene que ver con el enfoque de género”.
La declaración es importante porque elimina una ambigüedad presente en buena parte del debate público. El Sistema Nacional de Cuidados puede presentarse como una respuesta práctica a problemas reales de las familias —el cuidado de niños, adultos mayores o personas dependientes—, pero para algunos de sus principales impulsores constituye también una pieza de una política pública expresamente vinculada con el enfoque de género.
No se trata de una asociación inventada por sus críticos. Es la definición que una de las participantes formuló durante el propio encuentro.
Y tampoco fue una intervención aislada.
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, sostuvo que el reconocimiento del derecho al cuidado debía contribuir a que las mujeres puedan ejercer plenamente sus “derechos sexuales y reproductivos”.
Una representante de Demus habló expresamente de una “perspectiva feminista del derecho al cuidado”, mientras que una participante de la Asociación Transformar Perú propuso incorporar a las personas trans dentro del futuro sistema.
El Centro Flora Tristán tampoco oculta el marco desde el cual desarrolla esta agenda. En su propia presentación del programa Hablemos de Cuidados sostiene que la actual organización social e intrafamiliar del cuidado reproduce “mandatos de género” y plantea una mayor corresponsabilidad estatal para garantizar el denominado derecho al cuidado. Oxfam presenta el mismo programa como parte de la construcción de una agenda hacia un Sistema Nacional de Cuidados.
La presión sobre el MIMP
La viceministra de la Mujer, Erika Valdivieso López, se ha convertido en objeto de críticas por parte de sectores vinculados al feminismo radical.
El 27 de septiembre, OjoPúblico publicó un extenso artículo centrado en Valdivieso y otros integrantes de la nueva gestión del MIMP. El artículo cuestiona sus antecedentes y lamenta que se estaría “desmontando” el enfoque de género dentro del ministerio y califica a Valdivieso como “ultraconservadora”.
Presentar a una autoridad como “ultraconservadora” es un mecanismo de presión que no es nuevo en el debate público peruano: en lugar de concentrar toda la discusión en el contenido de una política, se construye también una caracterización moral o ideológica de quien debe tomar la decisión.
¿Para qué lo hacen? Para que ni Erika Valdivieso ni cualquier funcionaria del MIMP se oponga a la creación del sistema nacional de cuidados y se puede reinstalar el enfoque de género a través de él.
Los cuidados no son el problema
La realidad del cuidado es indiscutible. Las familias cuidan todos los días a niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad. Existen hogares sometidos a enormes cargas económicas y humanas, y el Estado puede legítimamente estudiar mecanismos para apoyarlos.
La discusión empieza cuando se asume ideológicamente que existe una injusta distribución de los cuidados en el hogar producto de una sociedad patriarcal que impone esa labor a las mujeres. De esa manera, el nuevo “derecho al cuidado” sería una reivindicación de género y construir un sistema nacional dirigido por el Estado sería el instrumento para modificar las relaciones dentro de las familias.
El Centro de la Mujer Flora Tristán señala que la organización actual de los cuidados reproduce mandatos de género dentro de las familias; Oxfam plantea avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados bajo una lógica de corresponsabilidad estatal; y participantes del reciente encuentro parlamentario relacionaron expresamente esa política con el enfoque de género, los derechos sexuales y reproductivos, una perspectiva feminista y la inclusión de personas trans.
Por tanto, el debate no consiste únicamente en ayudar a las personas que cuidan. Detrás de este debate existe una discusión distinta: qué concepción de familia, qué distribución de responsabilidades y qué marco ideológico utilizará el Estado para diseñar una política nacional sobre cuidados.
El Ministerio de la Mujer enfrenta ahora una decisión especialmente sensible. Por un lado, tiene un mandato legal vigente. La Ley 32535 le ordena sustituir la Política Nacional de Igualdad de Género y desarrollar una nueva Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y, por otro lado, está la presión política de las feministas radicales que buscan reinstalar el género a través del Sistema Nacional de Cuidados.
La decisión aún está pendiente. Cuando llegue, sabremos si el MIMP cumple el rumbo trazado por la Ley N.º 32535 o si el enfoque de género encuentra, bajo el nombre de “cuidados”, una nueva puerta de entrada.
