Por Carlos Polo
Durante años, INPPARES ha procurado presentarse ante la opinión pública peruana como una organización dedicada fundamentalmente a la salud sexual y reproductiva. Su pertenencia a la International Planned Parenthood Federation —IPPF— nunca fue un secreto, pero sí existió una cuidadosa separación entre su imagen institucional y aquello que podía interpretarse como promoción directa del aborto fuera de los supuestos permitidos por la legislación peruana.
Esa separación hoy está bajo un serio cuestionamiento.
La Fiscalía ha abierto una investigación a partir de una denuncia formulada por el diputado Frank Krklec, de Renovación Popular, contra INPPARES y la plataforma digital DecidoYo.org por la difusión de información relacionada con el uso de misoprostol para practicarse abortos en casa. La investigación deberá determinar si existen responsabilidades penales y cuál es exactamente la relación jurídica y operativa entre ambas organizaciones.
Por primera vez, una autoridad fiscal tendrá que examinar de manera formal aquello que durante años permaneció en una zona gris entre activismo, información sanitaria y promoción de prácticas que pueden encontrarse fuera del marco legal peruano.
Krklec presentó evidencia de cómo la propia página DecidoYo.org ofrecía información detallada sobre aborto con medicamentos. En su sección de preguntas frecuentes afirma que los métodos efectivos para abortar incluyen la aspiración uterina y las “pastillas abortivas”, entre ellas el misoprostol disponible en el Perú. También remitía a las usuarias que buscaban orientación sobre un embarazo no deseado a recibir consejería en INPPARES.
Por tanto, la pregunta ya no es simplemente si INPPARES mantiene una posición favorable a la liberalización del aborto. Existen suficientes declaraciones públicas para concluir que la organización ha defendido históricamente un mayor acceso al aborto. La cuestión jurídica que ahora deberá resolver la Fiscalía es distinta: si la información difundida a través de DecidoYo.org cruzó la línea entre defender una posición política y facilitar concretamente la realización de abortos al margen de los supuestos no penalizados por la ley.
Una petición ciudadana puso el tema sobre la mesa
El episodio comenzó a adquirir dimensión política a inicios de septiembre de 2026.
La plataforma Padres Peruanos lanzó la petición “INPPARES: detengan la promoción del aborto con pastillas en el Perú”. El documento cuestionaba que DecidoYo.org pusiera a disposición del público instrucciones sobre el uso misoprostol para realizar abortos y pedía a los directivos de INPPARES retirar esos contenidos y concentrar sus esfuerzos en brindar acompañamiento médico, psicológico y social a mujeres que enfrentan embarazos difíciles.
La campaña reunió cientos de adhesiones, pero su verdadero impacto se produjo cuando la información llegó al despacho del diputado Frank Krklec.
Krklec presentó posteriormente una denuncia ante el Ministerio Público. Según información publicada esta semana, la Fiscalía decidió iniciar una investigación por posibles delitos relacionados con la vida, el cuerpo, la salud y la salud pública. INPPARES, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha descrito la actuación como parte de una ofensiva política contra sus actividades.
Tres preguntas inevitables
La investigación gira, en términos prácticos, alrededor de tres preguntas.
La primera es si DecidoYo.org promueve efectivamente el aborto, pese a que es un delito penalizado en nuestro país, y no solo ofrece información general de salud.
La evidencia pública disponible muestra que la página presenta el aborto con medicamentos como una opción frente a un embarazo no deseado y ofrece información específica sobre misoprostol, aborto quirúrgico, riesgos y atención posterior.
La segunda pregunta es cuál es el vínculo entre DecidoYo.org e INPPARES en esta actividad.
Existen antecedentes públicos que muestran una relación estrecha: la plataforma remite a consejería en INPPARES y ha difundido actividades organizadas directamente por esa institución.
La tercera —y jurídicamente más delicada— es si las instrucciones proporcionadas pueden constituir facilitación o promoción de abortos fuera de los supuestos no penalizados en el Perú.
La ley peruana mantiene penalizado el aborto, con la excepción prevista en el artículo 119 del Código Penal cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un mal grave y permanente en su salud. Ese procedimiento está regulado por una guía técnica nacional del Ministerio de Salud, modificada en 2025.
Pero lo que viene haciendo DecidoYo.org —y, según la relación que se investiga, INPPARES a través de esta plataforma— de ninguna manera es legal: promover por internet el uso de misoprostol para que una mujer inicie un aborto en su propia casa, sin supervisión médica y fuera de los procedimientos regulados por el sistema de salud.
INPPARES bajo la lupa de la fiscalía
El caso INPPARES ya no se limita a una controversia entre organizaciones provida y organizaciones favorables al aborto. Ha ingresado formalmente al terreno institucional y penal.
Mediante el Oficio N.° 6385-2026-MP-FN-SEGFIN, la fiscal de la Nación, Ana María Velarde Roa, informó al diputado Frank Krklec que la Fiscalía Superior y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito consideraron que existe información con relevancia penal suficiente para justificar el inicio de una investigación.
La investigación deberá determinar la posible responsabilidad de INPPARES, de los responsables de la página web DecidoYo.org y esclarecer la relación existente entre ambas estructuras.
A partir de ahora, corresponderá al Ministerio Público establecer si DecidoYo.org se limitó a brindar información o si promovió activamente una conducta penalizada, así como determinar qué grado de responsabilidad corresponde a INPPARES.
Internet ha cambiado radicalmente la manera en que circula la información sobre aborto. Hoy una mujer puede recibir desde su teléfono instrucciones, recomendaciones farmacológicas y orientación para realizar en casa un procedimiento que antes requería contacto presencial con una clínica o un médico.
La legislación y las autoridades sanitarias tendrán que responder a una pregunta cada vez más urgente: ¿dónde termina la información y dónde comienza la facilitación de una práctica ilegal?
La investigación recién empieza. INPPARES tiene derecho a defenderse y a que no se le atribuyan delitos antes de que estos sean probados. Pero también corresponde investigar con rigor cuando una plataforma vinculada a una organización de larga trayectoria ofrece instrucciones concretas sobre una práctica cuya legalidad depende de circunstancias estrictamente reguladas.
Durante años, INPPARES sostuvo que su posición sobre el aborto pertenecía principalmente al terreno de la defensa de derechos y de las políticas públicas.
El caso DecidoYo.org ha cambiado el eje de la discusión.
La pregunta ya no es solamente qué piensa INPPARES sobre el aborto, sino qué hizo concretamente para facilitarlo y si esas acciones se ajustaron a la legislación peruana.
A la luz de la evidencia disponible en la propia web de DecidoYo.org —incluidos los contenidos que fueron publicados y posteriormente retirados—, el panorama que deberá enfrentar INPPARES ante la Fiscalía resulta especialmente complicado.
