GUADALUPE: ¿POR QUÉ SE QUIERE IMPEDIR LA RESTAURACIÓN DE UN SANTUARIO HISTÓRICO?

Más de S/ 30 millones de inversión, una empresa privada dispuesta a financiar el proyecto y compromisos suscritos por el propio Arzobispado. Todo estaba encaminado para recuperar la iglesia y antiguo convento de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Libertad, hasta que monseñor Alfredo Vizcarra decidió cerrar el paso. Las razones invocadas deben ser examinadas, pero también debe explicarse por qué una iniciativa de esta importancia permanece paralizada mientras el patrimonio se deteriora.

No estamos ante una diferencia menor entre funcionarios ni ante una discusión burocrática sin consecuencias. Estamos ante el riesgo de perder una oportunidad extraordinaria para recuperar un patrimonio histórico y religioso del Perú, con una inversión superior a los treinta millones de soles, mediante un mecanismo de colaboración entre el Estado y la empresa privada.

El expediente que ha reunido el Comité Pro Restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe contiene una secuencia de documentos que merece ser conocida por la opinión pública. Allí aparecen los convenios suscritos, los compromisos asumidos por el Arzobispado de Trujillo, la selección de los participantes privados, la entrega formal del terreno, las comunicaciones del Gobierno Regional de La Libertad y, finalmente, la negativa de la autoridad eclesiástica a permitir que el proyecto continúe en las condiciones inicialmente acordadas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una iniciativa que contó con la participación del propio arzobispo terminó bloqueada por esa misma autoridad? ¿Qué cambió entre los compromisos asumidos y la decisión de impedir el ingreso de los profesionales encargados de desarrollar los estudios técnicos? Y, sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad si esta paralización termina frustrando definitivamente la restauración?

Un patrimonio que no puede seguir esperando

La iglesia y antiguo convento de Nuestra Señora de Guadalupe no son una propiedad cualquiera. Constituyen un conjunto de valor histórico, arquitectónico y religioso, vinculado a la memoria de una comunidad y a la tradición católica del norte del Perú.

Las fotografías incorporadas al expediente muestran un inmueble que requiere una intervención seria y oportuna. Sus espacios interiores, muros, arquerías y ambientes conventuales dan cuenta de la necesidad de recuperar y conservar un conjunto cuya importancia supera ampliamente los intereses particulares de quienes tienen responsabilidades sobre él.

Su restauración permitiría rescatar un espacio de culto y memoria histórica, fortalecer la identidad de Guadalupe y generar nuevas posibilidades para el turismo cultural, el comercio y el empleo local. También abriría la oportunidad de desarrollar servicios de interpretación cultural y espacios destinados a presentar la historia del santuario y de su entorno.

Sin embargo, ese futuro depende de que se permita ejecutar una intervención técnicamente adecuada. El deterioro de un inmueble histórico no se detiene mientras las instituciones intercambian cartas. Cada año perdido puede traducirse en mayores dificultades, costos adicionales y riesgos para la conservación de sus estructuras.

Por eso resulta tan grave que un proyecto de esta envergadura se encuentre hoy en una situación de incertidumbre.

Los documentos que contradicen la marcha atrás

La cronología es particularmente reveladora.

El 10 de abril de 2025 se suscribió el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N.º 16-2025-MC entre el Gobierno Regional de La Libertad, la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Arzobispado de Trujillo. El propósito era coordinar las actuaciones necesarias para desarrollar los estudios, elaborar el expediente técnico, ejecutar las obras y garantizar posteriormente la operación y el mantenimiento del conjunto histórico.

No se trataba, por tanto, de una iniciativa impuesta unilateralmente a la Iglesia. El Arzobispado participaba formalmente en un proceso de cooperación institucional.

El 28 de julio de 2025, monseñor Gilberto Alfredo Vizcarra Mori suscribió la constancia de libre disponibilidad del terreno para el proyecto. Dos días después, el 30 de julio, firmó el compromiso de operación y mantenimiento del inmueble histórico y de los bienes restaurados una vez culminada la intervención.

El Ministerio de Cultura, por su parte, había emitido el 31 de julio de 2025 una opinión técnica favorable, aunque con sugerencias y observaciones que debían ser atendidas en el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, el Gobierno Regional avanzó con el procedimiento para concretar la inversión mediante Obras por Impuestos. El 1 de junio de 2026 suscribió con Paltarumi S.A.C. el Convenio Regional N.º 017-2026-EP, que contempla una inversión total de S/ 30 313 515,89.

El 14 de julio de 2026 se firmó el acta de entrega del terreno, con participación de representantes del Gobierno Regional, la empresa privada y la entidad supervisora.

Todo indicaba que el proyecto entraba en una nueva etapa.

Pero apenas ocho días después, el 22 de julio, el arzobispo remitió la comunicación Prot. N.º 224-2026/AT-A, en la que cuestionó el procedimiento y planteó la terminación del convenio tripartito. Al día siguiente, según la documentación del Comité Pro Restauración, los profesionales que debían ingresar al santuario para realizar los estudios necesarios no pudieron acceder al inmueble.

La contradicción es difícil de ignorar. Primero se otorga la disponibilidad del terreno, se asumen compromisos de conservación y se participa en la entrega formal. Después se impide el acceso indispensable para continuar con los trabajos.

¿Qué ocurrió durante esos ocho días? ¿Surgieron nuevos hechos, aparecieron observaciones técnicas que no podían resolverse dentro del procedimiento o se produjo un cambio de criterio institucional? La opinión pública tiene derecho a conocer una explicación completa, documentada y verificable.

Obras por Impuestos: una oportunidad que no debe desperdiciarse

El proyecto se desarrolla bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, establecido por la Ley N.º 29230. Se trata de una modalidad que permite canalizar la participación de empresas privadas en la ejecución de inversiones públicas, dentro de un marco legal y con las responsabilidades y controles correspondientes.

Conviene aclarar un punto: Obras por Impuestos no significa que el Estado desaparezca ni que se entregue el patrimonio público al arbitrio de una empresa. La entidad pública conserva las responsabilidades que le corresponden, mientras que la empresa financista asume las obligaciones pactadas y participa en el proyecto bajo las reglas del mecanismo.

Precisamente por eso resulta importante defender su correcta aplicación. Cuando el Estado tiene dificultades para atender todas las necesidades de infraestructura y conservación, la colaboración con el sector privado puede hacer posible lo que, de otro modo, permanecería indefinidamente postergado.

En el caso de Guadalupe, el mecanismo ofrecía una posibilidad concreta de movilizar más de treinta millones de soles para recuperar un conjunto histórico y religioso que necesita atención. La empresa Paltarumi S.A.C. suscribió el convenio con el Gobierno Regional y, de acuerdo con el expediente, ha advertido que resolvería el acuerdo si no se formalizaba la entrega definitiva del terreno dentro del plazo correspondiente.

No se trata de una amenaza abstracta. El Oficio N.º 003233-2026-GRLL-GOB, del 15 de octubre, confirma que el Gobierno Regional mantiene su decisión de continuar con el proyecto, pero advierte que el plazo para formalizar la entrega física había vencido el 12 de octubre.

La consecuencia es evidente: la demora amenaza la continuidad de una inversión ya comprometida.

Aquí aparece una cuestión de fondo que trasciende a Guadalupe. Si una iniciativa privada, desarrollada mediante un procedimiento regulado, puede quedar expuesta a una paralización de esta naturaleza cuando ya se han suscrito los instrumentos necesarios, ¿qué seguridad tienen otras empresas dispuestas a colaborar con la recuperación del patrimonio nacional?

La confianza es indispensable para que estos mecanismos funcionen. Las empresas necesitan reglas claras, las entidades públicas deben cumplir sus obligaciones y los propietarios de los inmuebles tienen que actuar conforme a los compromisos asumidos. Cuando una de las partes decide cambiar de posición, las razones deben ser suficientemente sólidas, transparentes y susceptibles de evaluación.

No se puede invitar a la inversión privada a participar en la recuperación del patrimonio para luego dejarla atrapada en una controversia institucional sin salida.

Las objeciones del arzobispo y las preguntas que siguen sin respuesta

El Arzobispado ha expuesto sus reparos. En su carta del 22 de octubre de 2026, identificada como Prot. N.º 286-2026/AT-A, monseñor Vizcarra reiteró su oposición a continuar con la empresa financista, el consorcio ejecutor y la entidad supervisora seleccionados. Invocó cuestionamientos relacionados con la integridad y la idoneidad de los participantes, solicitó iniciar un nuevo proceso de selección y reclamó una mayor intervención del Arzobispado en distintas etapas del proyecto.

También concedió quince días hábiles, contados desde la recepción de la comunicación, para obtener una respuesta favorable a sus planteamientos, bajo advertencia de separarse del convenio tripartito.

El expediente presentado por el Comité Pro Restauración sostiene que el Arzobispado no acompañó evidencias suficientes para sustentar sus cuestionamientos. Esta afirmación corresponde a la posición del Comité y debe ser contrastada con la documentación completa del procedimiento y con la respuesta de la autoridad eclesiástica.

Pero hay una pregunta que no puede eludirse: si existen indicios concretos de irregularidades, ¿por qué no identificarlos con precisión, presentarlos ante las autoridades competentes y permitir que sean evaluados? Y si las observaciones son de naturaleza técnica o procedimental, ¿por qué no establecer un mecanismo de revisión que permita corregir lo que corresponda sin empezar de nuevo todo el proceso?

La transparencia no consiste en formular sospechas generales. Consiste en exponer los hechos, identificar las responsabilidades y someter las decisiones al escrutinio correspondiente.

Tampoco parece razonable que cualquier desacuerdo sobre la ejecución de un proyecto conduzca automáticamente a la pérdida de una inversión de esta magnitud. La protección del patrimonio exige rigor, pero también sentido de proporción y voluntad de encontrar soluciones.

Existen fundadas sospechas de que solo se trate de un rechazo a la inversión privada por criterios ideológicos.

El informe de la Contraloría y los límites de lo que puede afirmarse

Uno de los argumentos presentados por el Comité Pro Restauración es que el proyecto cuenta con un informe previo de la Contraloría y que, según su interpretación, este no identificó indicios de corrupción o sobrevaloración.

Este antecedente es relevante, pero debe interpretarse con precisión. Un informe previo de la Contraloría no equivale a una certificación absoluta de que cualquier actuación posterior será irreprochable ni impide que puedan surgir nuevas observaciones debidamente sustentadas.

Lo que sí corresponde es exigir que los cuestionamientos posteriores sean específicos y verificables, y que no se utilicen como una fórmula genérica para detener indefinidamente una iniciativa de interés público.

El Gobierno Regional, según su oficio del 15 de octubre, ha reiterado su disposición a continuar con el proyecto y ha señalado que las observaciones y recomendaciones técnicas podían ser consideradas durante la elaboración del expediente técnico.

Esa alternativa merece ser examinada con seriedad. La elaboración del expediente técnico es, precisamente, una etapa en la que se desarrollan los estudios, se precisan las soluciones constructivas y se atienden las exigencias aplicables a un inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

La existencia de observaciones técnicas no implica necesariamente que el proyecto deba abandonarse. Puede significar que debe mejorarse. No debe confundirse la necesidad de perfeccionar el proyecto con la justificación automática de paralizarlo.

La pregunta razonable es si esas deficiencias pueden resolverse dentro de la etapa técnica prevista, como sostiene el Gobierno Regional, o si existe algún impedimento real que obligue a modificar sustancialmente el procedimiento. La respuesta debe surgir de un examen técnico independiente y transparente, no de una disputa entre instituciones.

Una coincidencia que exige transparencia

El expediente incorpora otro asunto que merece aclaración pública.

La arquitecta Patricia Navarro Grau presentó su propuesta para elaborar el expediente técnico el 26 de mayo de 2026. Según la documentación reunida por el Comité Pro Restauración, posteriormente participó en actuaciones relacionadas con la selección de la supervisora y, desde el 3 de septiembre, pasó a desempeñarse como asesora del arzobispo en las reuniones técnicas vinculadas al proyecto.

Esta secuencia, por sí sola, no demuestra que exista un conflicto de intereses ni acredita una conducta irregular. La participación profesional en distintas etapas de un proyecto puede tener explicaciones legítimas. Sin embargo, cuando una persona que presentó una propuesta para prestar servicios termina asesorando a una de las partes en una controversia sobre ese mismo proyecto, resulta razonable pedir que se esclarezcan las circunstancias.

¿En qué consistió exactamente su participación en la selección de la supervisora? ¿Qué información conoció durante ese proceso? ¿Qué funciones desempeña como asesora del Arzobispado? ¿Se adoptaron medidas para garantizar que no existieran incompatibilidades ni ventajas indebidas?

Son preguntas legítimas que deben responderse con documentos y hechos, sin insinuaciones personales ni condenas anticipadas.

La transparencia debe aplicarse a todos los involucrados. Si el Arzobispado exige garantías de integridad a los participantes privados, también debe estar dispuesto a explicar de manera abierta las circunstancias que rodean sus propias decisiones y asesorías.

La confianza institucional no se construye reclamando explicaciones a los demás mientras se evita responder las preguntas que surgen de la propia actuación.

El silencio frente a la comunidad

Hay otro aspecto que no puede pasar inadvertido: la relación con la población de Guadalupe.

El Comité Pro Restauración afirma que lleva más de tres años realizando gestiones para sacar adelante la recuperación del santuario. Señala que ha presentado solicitudes ante ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo, además de promover movilizaciones pacíficas en Trujillo.

El mismo Comité sostiene que no ha conseguido una reunión directa con el arzobispo para exponer sus preocupaciones y que una de sus últimas gestiones estuvo acompañada por presencia policial.

Estas afirmaciones deben entenderse como el testimonio de los promotores de la restauración. Corresponde a las autoridades involucradas precisar su versión sobre las reuniones solicitadas y las respuestas ofrecidas.

Pero el fondo del asunto permanece: una comunidad que ve deteriorarse uno de sus principales bienes históricos tiene derecho a conocer qué se está haciendo para recuperarlo y por qué se ha detenido el proyecto que podía hacerlo posible.

La Iglesia no es únicamente una institución con responsabilidades administrativas sobre determinados bienes. Es también una institución cuya misión tiene una dimensión espiritual, cultural y comunitaria. En una situación como esta, el diálogo no es un gesto accesorio. Es parte de la responsabilidad que exige la defensa de un patrimonio vinculado a la historia de los fieles y de la población.

Un arzobispo puede y debe exigir que los bienes eclesiásticos sean tratados con respeto, que las intervenciones sean técnicamente correctas y que se protejan los intereses de la Iglesia. Pero precisamente por la trascendencia de esa responsabilidad, sus decisiones deben ser explicadas con claridad cuando comprometen una oportunidad de restauración de semejante importancia.

No basta con invocar la confianza institucional como razón para apartarse de un acuerdo. Hay que explicar qué hechos concretos la habrían quebrado, qué pruebas los respaldan y por qué no existe una alternativa que permita continuar la obra con las garantías necesarias.

¿Hay intereses políticos detrás de la paralización?

La sucesión de decisiones y la falta de una solución satisfactoria alimentan interrogantes que las instituciones involucradas deben despejar. En particular, cabe preguntarse si la controversia responde exclusivamente a discrepancias técnicas y de procedimiento o si existen otros factores que están dificultando la continuidad del proyecto.

También es legítimo examinar si detrás de esta controversia existe una resistencia más amplia al mecanismo de Obras por Impuestos, una modalidad que permite aprovechar recursos y capacidades privadas para atender necesidades que el Estado no consigue resolver oportunamente. Lo que sí está documentado es una diferencia institucional, un proyecto paralizado y una inversión expuesta al riesgo de perderse. Eso basta para exigir explicaciones.

La defensa de la colaboración entre el Estado y la empresa privada no necesita apoyarse en conjeturas. Se sostiene en un principio sencillo: si una inversión se ha tramitado conforme a las reglas aplicables y existen mecanismos para corregir observaciones, las instituciones deben procurar que los desacuerdos se resuelvan sin destruir innecesariamente el resultado que la comunidad espera.

Una responsabilidad que no puede diluirse

El Gobierno Regional de La Libertad ha reiterado oficialmente su decisión de continuar con el proyecto. En el Oficio N.º 003233-2026-GRLL-GOB, fechado el 15 de octubre, recordó que el plazo para formalizar la entrega física del terreno había vencido el 12 de octubre y advirtió sobre la posibilidad de que Paltarumi resolviera el convenio.

La situación es urgente. Cada demora reduce el margen para encontrar una salida consensuada y aumenta el riesgo de que se pierda el financiamiento comprometido.

Por eso es indispensable que el Gobierno Regional, el Arzobispado, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la empresa financista se sienten a resolver las diferencias sobre la base de documentos, informes técnicos y obligaciones contractuales. Si corresponde realizar verificaciones independientes, deben hacerse. Si hay observaciones que subsanar, deben identificarse y asignarse responsabilidades. Si existe alguna incompatibilidad, debe acreditarse y tratarse conforme a la normativa aplicable.

Lo que no resulta aceptable es que la comunidad quede atrapada en una controversia cuya consecuencia práctica sea mantener el monumento sin la intervención que necesita.

También corresponde a las autoridades nacionales competentes, dentro de sus atribuciones, examinar la situación y contribuir a una solución que proteja el patrimonio, la legalidad del procedimiento y los recursos comprometidos. La Contraloría, el Ministerio de Cultura y los organismos responsables del mecanismo de Obras por Impuestos deben actuar con arreglo a sus competencias y aportar claridad allí donde resulte necesario.

El objetivo no debe ser imponer la voluntad de una institución sobre otra. Debe ser conseguir que el proyecto se ejecute correctamente y que el patrimonio se recupere.

Restaurar Guadalupe es una obligación con el Perú

La iglesia y antiguo convento de Nuestra Señora de Guadalupe no pueden convertirse en rehenes de una disputa administrativa. Su valor histórico y religioso exige que las decisiones se tomen pensando en su conservación y en el beneficio de la comunidad.

Más de treinta millones de soles representan una oportunidad que no aparece todos los días. La participación de una empresa privada, la intervención del Gobierno Regional y los compromisos asumidos por el Arzobispado habían permitido avanzar hacia una solución concreta. Ahora esa posibilidad está amenazada por una controversia que debe resolverse antes de que sea demasiado tarde.

Monseñor Alfredo Vizcarra tiene derecho a plantear sus objeciones y exigir garantías. Lo que la ciudadanía tiene derecho a exigirle, a su vez, es una explicación completa de por qué se ha llegado a esta situación, cuáles son las pruebas que sustentan sus cuestionamientos y qué condiciones permitirían levantar el impedimento que pesa sobre el proyecto.

La misma exigencia alcanza al Gobierno Regional y a los responsables del procedimiento. Deben demostrar que la selección se realizó conforme a las reglas, que las observaciones técnicas serán atendidas y que la restauración se ejecutará con la calidad que merece un inmueble de esta naturaleza.

No se trata de elegir entre la Iglesia y la empresa privada, ni entre el Estado y la inversión. Se trata de impedir que una oportunidad de recuperar el patrimonio nacional se pierda por la incapacidad de resolver una controversia institucional.

El Perú necesita instituciones que cumplan sus compromisos, autoridades que expliquen sus decisiones y mecanismos de colaboración que funcionen con transparencia. Necesita, sobre todo, que el patrimonio histórico deje de ser una promesa que se repite mientras los edificios se deterioran.

Guadalupe no necesita más cartas que se cruzan ni más plazos que vencen. Necesita una solución.

Que se esclarezcan todas las dudas, que se corrija lo que deba corregirse y que se permita continuar con la restauración bajo las garantías legales y técnicas correspondientes. Lo que no puede aceptarse es que, después de años de gestiones y con una inversión de esta magnitud comprometida, el resultado termine siendo el mismo abandono que todos decían querer superar.

La historia juzgará a quienes hicieron posible la recuperación de este santuario, pero también a quienes, teniendo la oportunidad de contribuir a ella, permitieron que se frustrara. El patrimonio del Perú merece algo mejor.