Política

CRONICA DE UN GOLPE ANUNCIADO Y LO QUE SE VIENE

Por: Alfredo Gildemeister

Para los que aún no se percatan de lo que viene sucediendo en el Perú en los últimos años, vivimos la imposición de una maquiavélica estrategia para destruir desde sus cimientos el sistema democrático y el Estado de Derecho con el objetivo de establecer una dictadura con disfraz de democracia. Es lo que se denominaría una “dictadura democrática” aunque suene a una gran contradicción.

 Esta estrategia lleva el nombre en inglés de “Lawfare”. ¿Qué significa esta maquiavélica estrategia? Consiste en la utilización abusiva de la Ley y del sistema jurídico para el logro de un objetivo político determinado de destrucción. Formalmente es la manipulación o uso indebido de leyes e instituciones jurídicas para fines de control de los Poderes del Estado y su independencia, control de las instituciones democráticas autónomas, así como para la persecución política e inhabilitación de adversarios incómodos defensores del Estado de Derecho, la destrucción de su imagen pública, etc.

 Combina pues acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa y medios televisivos para presionar al acusado y políticos de oposición y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que el opositor pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. ¿Les suena conocido? Y si además del propósito de control político le agregamos el encubrimiento de una poderosa mafia internacional de corrupción y sus implicados, tendremos el cuadro completo, tal como lamentablemente viene sucediendo actualmente en el Perú” (‘Dictadura Democrática o ‘Lawfare’).

Las líneas que acaba de leer usted, pertenecen a mi artículo sobre el denominado “Lawfare”, publicado en “La Abeja” en la primera quincena del mes de enero del presente año. ¡Quién diría que se haría realidad ocho meses más tarde! Así mismo, señalamos las principales características de esta estrategia: 1) Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Para ello se debe tener de alguna manera “licita” el control de los principales medios de comunicación a fin de contar con su apoyo para manipular a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de turno, desinformar e inclusive no informar. En el Perú, la manera “lícita” de control es a través del pago de millones de soles por concepto de “publicidad estatal; 2) Designación de jueces y fiscales vinculados a los intereses del gobierno y de la mafia dominante a fin de “proteger”, “blindar”, “archivar investigaciones”, etc. así como dirigir selectivamente sus “investigaciones” hacía líderes y partidos de oposición; 3) Uso de testigos y “colaboradores eficaces” poco o nada confiables sin corroboración de sus declaraciones; 4) Determinación y adelanto de “condenas” disfrazadas bajo la denominación de “detención preventiva” por plazos excesivos y nada razonables, sin sentencia judicial condenatoria y lo que es peor, sin acusación fiscal; 5) Se buscan abogados “expertos” cuyo objetivo es tergiversar y manipular las leyes e instituciones jurídicas a fin de deslegitimar y perseguir a los adversarios políticos populares opuestos a los intereses que se quieren privilegiar. 6) En cuanto al Poder Judicial, debe lograrse su sumisión e inacción con el objetivo que los adversarios al régimen pierdan apoyo y capacidad de reacción; y finalmente, 7) Un proceso de amenaza, desacreditación y ataques críticos de carácter permanente contra el Parlamento o Congreso, dividiendo a los principales partidos de oposición y anulando a sus líderes. ¿Les suena conocido? Indicamos en ese momento que la estrategia del “Lawfare” se viene utilizando hoy estupendamente por los grupos de extrema izquierda que ven una oportunidad de oro de conseguir sus nefastos objetivos, tomando primero el control de la situación para luego destruir el Estado de Derecho.

El reciente golpe de Estado perpetuado por el suspendido presidente Vizcarra no hace otra cosa que confirmar el éxito de su estrategia de aplicar el Lawfare en el Perú. Efectivamente, una vez controlada la Fiscalía –incluyendo a los dos cuestionados fiscales asignados al caso LavaJato-, así como la Contraloría, la Procuraduría, el Poder Judicial y con la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional, solo un obstáculo faltaba: el Congreso de la República. Para ello el presidente plantea otra cuestión de confianza declarando inconstitucionalmente en menos de 24 horas disuelto el Congreso interpretando que este Poder le había negado la cuestión de confianza bajo la extraña figura de “negación fáctica” y paradójicamente cuando el Congreso ya le había otorgado por votación – como debe ser- la confianza solicitada. Adicionalmente, convoca a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

¿Qué viene ahora? Ya con todo el poder en sus manos, el siguiente objetivo de Vizcarra será controlar obviamente el nuevo Congreso. Para ello el proceso electoral debe ser controlado con lo cual se convoca a elecciones en un brevísimo plazo de tiempo como para no dejar que los partidos políticos y posibles candidatos organicen nada. Con ello y con el apoyo de la izquierda comunista y el fraude a través del voto electrónico (al igual que en Venezuela y Bolivia), Vizcarra lograría una mayoría comunista en el nuevo Congreso que convocaría a una asamblea constituyente, para elaborar una nueva Constitución, mas “al gusto” del suspendido presidente, de los comunistas y, por qué no decirlo, de Odebrecht que tras es telón maneja los hilos de toda esta tragedia y se beneficia de ella. El objetivo principal de la nueva Constitución sería, especialmente, eliminar el capítulo económico, desapareciendo el rol subsidiario del Estado y la economía social de mercado, además de permitir la reelección de Vizcarra para el 2021. Con todo ello, la mesa está servida para que Vizcarra se entornille en el poder cinco años más, gozando de su inmunidad presidencial que tanto le gusta y defiende- para que la justicia ni los fiscales se le acerquen (46 denuncias penales, Chinchero, etc.), con lo cual lograría blindarse por un buen tiempo. En el lejano e hipotético caso que el nuevo Congreso fuese opositor a Vizcarra, ¿Qué le impediría al ya dictador en el poder volver a disolver el nuevo Congreso? Si lo hizo una vez, nada impide una segunda vez, pues experiencia tiene, con lo cual seguiríamos en las mismas.

En conclusión: más pobreza, pobreza y pobreza. Las inversiones se retiran del Perú, el cual sería declarado paria internacional. Todo ello generaría desempleo, reducciones de personal, alza de los combustibles y del costo de vida, mas inseguridad ciudadana, etc. Esta historia en el Perú ya la conocemos pues la hemos vivido. Esta es la triste realidad de hoy, con lo que vamos camino a una paradójica y contradictoria “dictadura democrática” al mejor estilo de Venezuela. Una dictadura con disfraz de democracia que seguirá salvaguardando los intereses de una poderosa mafia internacional que controla gobiernos y presidentes.

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