Política

CAPRICHO Y REVANCHA

FOTO: Expreso
Por: Ántero Flores-Aráoz
En los últimos días, todo el país hemos sido testigos de un nuevo enfrentamiento entre el Presidente Martin Vizcarra y el actual Congreso.

Si el Presidente creyó que después de la irregular disolución del anterior Congreso, le sería fácil lidiar con el nuevo, la verdad es diferente, por lo menos en el anterior Congreso, que había amplia mayoría de una sola agrupación política, sería  más fácil llegar a conciliaciones, pero el Presidente prefirió “pecharlo”, pese a la rama de olivo mostrada por su en aquel entonces titular Pedro Olaechea. En el nuevo Congreso, tan fragmentado, es más difícil llegar a entendimientos.

En el afán presidencial de eliminar la inmunidad parlamentaria, que es garantía para el ejercicio de la actividad congresal, insistió en el tema, prácticamente con berrinche, cuando era preferible mantener la inmunidad (no impunidad) como en gran parte de los demás países.

La fórmula apropiada, a nuestro parecer, era ponerle un candado, para que el Congreso no abusara de su prerrogativa enviando a las calendas griegas los pedidos de la Corte Suprema de levantamiento de la inmunidad para habilitar juzgamiento, en temas penales, a los parlamentarios denunciados. El candado era instalar en la Constitución el silencio positivo, es decir, si el Congreso no resolvía en un término preciso el pedido del levantamiento, se consideraría automáticamente otorgado.

Al votarse la propuesta, obtuvo mayoría de los votos, pero no los suficientes (más de 87 votos) para evitar ir a referéndum. La pataleta presidencial no demoró y amenazó convocar a referéndum, aunque no está claro si era el referéndum para confirmar lo acordado en el Congreso o uno diferente, según sus términos, esto último no viable constitucionalmente.

Como el capricho presidencial no había tenido éxito inicial, ante su  pechada, el Congreso se apresuró a sesionar nuevamente y, reconsiderando la votación, se obtuvo la mayoría calificada, pero en el texto aprobado le introdujeron otras disposiciones, como eliminar el antejuicio político a los ministros de Estado, al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Otra de las modificaciones constitucionales que el Congreso aprobó, fue autorizar a que el Presidente de la República, durante su mandato, pueda ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su ejercicio o con anterioridad. Obviamente, ésa disposición tiene sabor a revancha, aunque todavía no se conoce la reacción presidencial.

Si lo pretendido por el Presidente Vizcarra era malo, lo aprobado por el Congreso es peor.  Se termina con la garantía para ejercer altos cargos en el Estado, lo que no significa ni perdón ni olvido, en caso de perpetración de delito, sino la existencia de un trámite parlamentario previo al procesamiento judicial, para evitar en lo posible denuncias que puedan ser tendenciosas o con ánimo de entorpecimiento de sus labores,

Será difícil que en el futuro, personas de altas calificaciones profesionales y morales quieran postular a los altos cargos mencionados. Además, torpemente los parlamentarios se han hecho harakiri, pues cualquiera podrá trabar sus funciones, con simples querellas judiciales.

¿Qué pasará? Misterio de barrio chino, pero mientras tanto seguimos con la impericia gubernamental para enfrentar la pandemia y la recesión que nos agobia.

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