Por: Luciano Revoredo
La democracia peruana se encuentra hoy en un punto de no retorno. El reciente anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre una supuesta “auditoría” al proceso electoral no es, bajo ninguna lectura seria, una garantía de justicia; es, más bien, un calmante de efecto retardado diseñado para que el país acepte con resignación una supuesta voluntad popular que hoy está bajo sospecha.
Una auditoría que no detiene el cronograma de la ONPE no es una auditoría sino una autopsia. ¿De qué sirve encontrar el vicio en el sistema si para cuando se emita el informe ya habrá un presidente proclamado o una segunda vuelta en marcha? El JNE, en un acto inaceptable, pretende que los peruanos miremos hacia otro lado mientras el tiempo avanza. Pero la ciudadanía no es ingenua. No se puede hablar de “respeto al voto” si al mismo tiempo se acelera la proclamación de resultados ignorando las graves advertencias sobre las vulnerabilidades del sistema STAE, las irregularidades logísticas, las dudas sobre miles de actas, etc. De qué sirve que cínicamente Burneo declare en una entrevista a El Comercio que Corvetto nos mintió si a la vez no hace nada para enmendar el rumbo.
El mayor pecado de este anuncio es la falta de un tercero independiente. No puede ser el propio sistema electoral, el mismo que hoy es cuestionado por inconsistencias logísticas en la ONPE el que se fiscalice a sí mismo. La legitimidad se gana o se recupera con transparencia.
Es imprescindible que se detenga la proclamación de resultados de inmediato. Continuar el proceso sin despejar las dudas es validar una sombra que perseguirá al próximo gobierno desde el primer día y pondrá al Perú y su democracia en una situación crítica. La auditoría para tener credibilidad debe ser entregada a una entidad extranjera, técnica e imparcial, libre de las ataduras y presiones de la política local y el reconteo debe ser total y bajo la mirada vigilante de los técnicos de todos los partidos políticos. El secretismo solo alimenta la certeza de que hay algo que ocultar.
Cuando líderes políticos de peso advierten que no juramentarían bajo estas condiciones de oscuridad y dudas, no estamos ante un “berrinche” electoral como algunos observadores cómplices de la corrupción y el fraude insinuan, sino ante una defensa desesperada y de fondo de la institucionalidad. La improvisación y el desorden detectados son señales de alerta roja que nadie puede ignorar. Hemos llegado al punto de quiebre, los líderes políticos que convaliden esta situación se hacen cómplices del fraude y serán las víctimas de los resultados amañados.
Si el pleno del JNE persiste en este simulacro de auditoría, sin plazos claros, sin suspensión de resultados y sin el aval de una firma internacional, estará firmando el acta de defunción de su propia credibilidad. La voluntad popular no es una sugerencia que se pueda moldear en una oficina; es un mandato sagrado que hoy, más que nunca, exige que se detenga la maquinaria hasta que la última duda sea disipada. Basta de subestimar al ciudadano: o hay transparencia total, o no hay democracia.
