Por: Juan Carlos Eguren
No se requería ser muy suspicaz ni acucioso para darse cuenta que el sistema judicial estaba contaminado, por odios, razones políticas, ideológicas o económicas, la mayoría se hicieron sistemáticamente de la vista gorda, sin importarles la institucionalidad del Ministerio Publico y el Poder Judicial y menos la destrucción del sistema de partidos (indispensable en una democracia sana) y por supuesto las honras de sus líderes y dirigentes.
Después de los últimos destapes, denuncias y declaraciones de colaboradores eficaces ya no cabe duda alguna del circo montado para criminalizar la política.
No hay nada más contrario a la búsqueda de la verdad, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad debida de un sistema de justicia, que la politización de la justicia. Llegando al extremo de acusar por delitos no tipificados en el Código Penal (aportes de campaña) a todos los partidos y peor aún calificarlos de organizaciones criminales, es decir fueron creados no para buscar el poder/gobierno si no para cometer delitos de forma continua y sistemática, incluso sin que hayan sido gobierno.
Lo señalado no quiere decir que eventualmente algunos políticos no haya cometido delitos, por lo que deberían ser investigados, pero de ahí inferir que los partidos (prácticamente todos de centro derecha) son organizaciones criminales, solo evidencia la manipulación orquestada, sin el mayor miramiento del principio de inocencia.
Lo más probable es que la inmensa mayoría de políticos y partidos encausados sean declarados inocentes, pero después de pasarlos por el calvario de diez años de investigación y juzgamiento con prisiones preventivas o no, lo cual ya constituye una condena injusta adelantada. Mientras tanto ya se logró el objetivo de sacarlos de carrera y permitir la elección de personajes como Pedro Castillo y por que no Antauro Humala.
Por el bien del país espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio, que la verdad se abra paso y que la justicia limpia termine triunfando.
A la JNJ no le queda otra alternativa que aplicar el viejo y sabio principio jurídico de “a igual razón, igual derecho” es decir si los dichos de Villanueva fueron suficientes para suspender de inmediato a la Fiscal Benavides, debería procederse de igual forma para suspender a los otros fiscales denunciados.
