Por: Luciano Revoredo
Durante más de dos décadas, la figura de Monseñor Pedro Barreto dominó la escena pública y política en la región Junín. Presentado ante la opinión pública y la prensa internacional como un referente intachable de la “defensa de la ecología”, el exarzobispo de Huancayo construyó su reputación sobre las ruinas de La Oroya. Sin embargo, cuando se examina su trayectoria con rigor y sin concesiones, la narrativa del pastor imparcial se desmorona para dar paso a una realidad incómoda: la evidente aplicación de un doble rasero donde el celo ambientalista dependía exclusivamente del origen del capital y de la bandera del inversionista.
La firmeza de Barreto contra la norteamericana Doe Run Perú no conoció matices ni treguas. Ante los problemas de contaminación en La Oroya, el prelado desplegó un activismo feroz que trascendió las homilías dominicales. Llevó las denuncias a tribunales internacionales, presionó sin descanso a las autoridades gubernamentales y lideró marchas pacíficas hasta lograr que los organismos de fiscalización ahogaran a la empresa a base de sanciones y multas. Aquella cruzada culminó con el colapso financiero de la minera estadounidense, un desenlace que Barreto celebró como un triunfo de la vida, proyectando la imagen de un eclesiástico implacable frente a los excesos corporativos.
Sin embargo, esa intransigencia ambiental desapareció de forma sospechosa cuando la gigante estatal china Chinalco irrumpió en la misma provincia con el megaproyecto Toromocho. Ante el desplazamiento forzado y el reasentamiento de toda la población de Morococha, las tensiones sociales y las explícitas sanciones impuestas a la minera china por el vertimiento de efluentes contaminantes en las lagunas de la zona, el arzobispo no organizó marchas, no convocó a la prensa internacional ni clamó por la salud de los comuneros. Frente a la potencia asiática prefirió una conveniente diplomacia del silencio y un tono de prudencia que jamás le concedió a los inversionistas occidentales.
Esta pasividad ante Chinalco resulta aún más grave a la luz de las denuncias judiciales que pesan sobre el proyecto Toromocho, donde confesiones e investigaciones ante la Fiscalía confirmaron el pago de sobornos para viabilizar las operaciones de la gigante china en la región. Lejos de ser un observador neutral, la red de relaciones de Barreto en Junín revela coincidencias políticas y personales difíciles de soslayar, como su conocida cercanía y sintonía con Vladimir Cerrón. Un vínculo que no solo se evidencia en su proximidad ideológica respecto al capital extranjero, sino también en el hecho explícito de haber compartido al mismo abogado, Raúl Noblecilla conocido activista comunista, como defensor legal común.
Resulta imposible sostener la tesis de una mera coincidencia metodológica o prudencia eclesial. La disparidad en la conducta de Barreto, sumada a las sombras de corrupción que envuelven a la minera china y a su intrincada red de alianzas locales, insinúa la presencia de intereses, ventajas y afinidades que irían mucho más allá de la defensa de la naturaleza. Perseguir con ensañamiento a la minería norteamericana mientras se guardaba una complicidad silenciosa y cordial con los capitales estatales chinos revela una agenda política y una clara conveniencia institucional. Para la ciudadanía de Junín, el legado de Barreto no deja la lección de un liderazgo ambiental equitativo, sino la amarga evidencia de una fiscalización sesgada que utilizó la causa ecológica como un instrumento al servicio de sus propios intereses.
