Por: Luciano Revoredo
La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar inviable la realización de elecciones complementarias no ha cerrado una controversia, la ha profundizado. Podrá alegarse que la resolución descansa en argumentos técnico-jurídicos y en la inexistencia de una figura expresa en la legislación para atender este supuesto. Pero una cosa es invocar la literalidad de la norma, y otra muy distinta usarla para clausurar un debate sobre legitimidad democrática.
Porque aquí no se discute solamente si había o no base legal para repetir la votación en mesas afectadas por fallas logísticas, retrasos y ciudadanos impedidos de sufragar. Lo que está en cuestión es si el sistema electoral respondió ante una afectación excepcional del derecho al voto, en un proceso además marcado por una crisis de confianza que el propio desarrollo del escrutinio ha agravado .
Y es allí donde la decisión del JNE luce, como complicidad con el fraude.
Hay ideas que el más elemental sentido común permite desarrollar, si hubo ciudadanos que no pudieron votar por fallas imputables al aparato electoral, el problema debe encontrar una solución que no prive a los ciudadanos del derecho constitucional a votar.
No se pedía alterar caprichosamente el calendario, sino restituir un derecho lesionado.Negarlo de plano, bajo el argumento de “inviabilidad”, transmite un mensaje peligroso: cuando el sistema falla, el ciudadano carga con las consecuencias.
Eso erosiona confianza. Más aún cuando la respuesta institucional ha sido defensiva, casi corporativa. En vez de reconocer que las incidencias extraordinarias ameritaban una solución extraordinaria, se optó por blindar el procedimiento. Y esa intención en política, suele ser explosiva.
La crítica de fondo, que hoy recorre amplios sectores ciudadanos, no es simplemente que se haya rechazado una salida propuesta por Rafael López Aliaga. Es que el sistema parece haber reaccionado como si cualquier cuestionamiento fuera una amenaza y no una interpelación democrática.
Estamos ante una crisis terminal que traerá consecuencias impredecibles porque las instituciones fuertes no se fortalecen negándose a revisar sus propias insuficiencias. Se fortalecen corrigiéndolas.
Hay además una cuestión de oportunidad histórica. En una elección donde miles de votos pueden definir destinos nacionales, el estándar no puede ser apenas estamos respetando el calendario, sino garantizamos plenamente la voluntad popular.
Los defensores de la decisión sostienen que aceptar elecciones complementarias habría abierto un precedente riesgoso. Tal vez. Pero también puede decirse que negarlas abre otro precedente más peligroso: que una alteración grave del proceso, que despoje del derecho a manifestar su voluntad a miles de peruanos puede ser absorbida y normalizada por el sistema sin remedio ni problema alguno. Eso sí es grave.Porque instala la idea de que la institucionalidad electoral se protege a sí misma antes que al sufragio.
Una democracia empieza a resentirse cuando sus árbitros privilegian la intangibilidad del procedimiento por encima de la credibilidad del resultado. Ese es el dilema que el JNE parece no haber comprendido.
Y aquí conviene ser claro, cuestionar esta decisión no equivale a dinamitar el sistema electoral. Por el contrario, es exigirle que esté a la altura de su misión.
El argumento de que la ley no contempla elecciones complementarias puede sonar sólido en un expediente. Pero en el terreno político revela un vacío mayor, la incapacidad de dar respuestas excepcionales a situaciones excepcionales.
Una institucionalidad rígida, que ante una anomalía responde que nada puede hacerse, no transmite fortaleza ni da confianza.
Un árbitro electoral no solo administra normas. Administra credibilidad. Cuando esa credibilidad entra en disputa, no basta refugiarse en tecnicismos. Hace falta autoridad moral. Hace falta grandeza institucional. Hace falta comprender que, a veces, defender la democracia exige ir más allá de la comodidad del reglamento.
Con esta decisión el JNE ha optado por la complicidad con el fraude montado por La ONPE y por traicionar al Perú. Corvetto y Burneo pasan a la historia de la infamia en el Perú.
