Por: Juan Carlos Suttor
Como sabemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es objeto de controversia por parte de algunos sectores políticos que nos identificamos con la ideología de derecha. Los de derecha, criticamos a la CIDH por tener una agenda política y por su supuesto un gran sesgo ideológico hacia la izquierda.
A su vez, dicen los caviares que la CIDH es una institución clave en la protección de los derechos humanos en el continente americano y que su labor es fundamental para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. ¡Nada más falso!
Lo cierto es que la CIDH, comportándose como si fuera una de las ONG financiadas por George Soros, como el IDL de Gustavo Gorriti, tiene una agenda política y sesga su labor hacia la izquierda. Si no, preguntémonos ¿cuál ha sido la participación de esta institución, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en todas las violaciones de derechos humanos que ocurren día a día en la Venezuela de Hugo Chávez y de su lacayo Nicolás Maduro o en la Nicaragua de Daniel Ortega?
¿Qué hizo la CIDH para proteger los derechos de la presa política del régimen de Evo Morales, la señora Jeanine Añez, expresidenta interina de Bolivia? Pues no hizo absolutamente nada.
Por lo anterior, si alguien pretende afirmar que la CIDH es una institución técnica y que su labor está basada en el respeto a los derechos humanos y en la protección de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pues simplemente miente y es parte de toda esa progresía que predica el Socialismo del Siglo XXI.
La CIDH, afirma que no solo se ocupa de cuestiones políticas, sino que su labor se extiende a otros ámbitos como la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, la protección de los derechos de las mujeres, la lucha contra la discriminación racial y étnica, la ideología de género o el tema ambiental, entre toda esa basura ideológica que promueven los seguidores de Gramsci.
En cuanto al informe de 113 páginas emitido por esta comisión y que se titula “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, considero que este es un mamarracho y que ha excedido de manera escandalosa el objetivo de lo que debía ser el informe. Bien decía el exministro de Educación, Óscar Becerra, al afirmar que esta comisión es un adefesio.
Es importante destacar que la CIDH tiene un mandato limitado en términos de su capacidad para intervenir en los asuntos internos de los estados miembros de la OEA y que en el caso de Perú este fue groseramente excedido.
¿Acaso el informe de la CIDH, asquerosamente sesgado y parcializado, conversó con la familia del policía José Luis Soncco, quien fue asesinado y calcinado por terroristas en Puno? ¿Acaso recogió el testimonio del jefe policial de todas las comisarías incendiadas en el sur por terroristas? ¿Interrogaron a los policías golpeados por terroristas? ¿La CIDH conversó con los trabajadores de Corpac o los pasajeros acerca de la destrucción del aeropuerto de Juliaca? ¿Acaso esta gente entrevistó a los propietarios de las fábricas incendiadas y destruidas en el sur por terroristas? ¿Conversaron tal vez con los padres de los niños que murieron en las carreteras y que no pudieron salvarles la vida a sus hijos porque estas se encontraban bloqueadas?
La respuesta a todas estas interrogantes es ¡no!, porque la CIDH simplemente defiende a terroristas. Gracias a esta comisión, muchos cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA se encuentran libres e indemnizados con el dinero de nuestros impuestos.
Y ahí está el TikTok que compartió la semana pasada la congresista Patricia Juárez, en el que ella menciona, de manera muy clara y correcta, las razones por las cuales ese mamarracho de informe ofende a la soberanía del Perú, a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Además de lo que he mencionado anteriormente, ella denuncia la intromisión de esta comisión en la política económica del Perú, calificándonos como un país extractivista, así como de sugerir al Congreso la forma de elegir al Defensor del Pueblo y de que este no legisle en materia electoral porque estaría afectando a las autoridades electorales que estos comunistas protegen (los corruptos Jorge Luis Salas Arenas y Piero Corvetto Salinas, responsables del fraude electoral del 2021).
Estos sinvergüenzas, afirma la congresista y coincido con ella, aunque el adjetivo es mío, son tan sesgados que en su informe relativizan todos los actos vandálicos cometidos por terroristas, atribuyéndole exclusiva responsabilidad de los lamentables fallecimientos a las Policía Nacional del Peru y a las Fuerzas Armadas.
El gobierno de la señora Dina Boluarte, si tuviera algo de dignidad, tendría que rechazar íntegramente el informe de la CIDH, lo cual no sucederá porque este es un gobierno de izquierda, es un gobierno comunista. No lo olvidemos por favor, ella es la vicepresidente de Pedro Castillo.
Si el Perú se ufana de ser un país soberano, hace tiempo debió haberse retirado del Pacto de San José y, por ende, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para ello, estimado lector, entre otros, se requiere de la aprobación del Congreso, no sé con cuántos votos o si en una o dos legislaturas ordinarias, cosa que es prácticamente imposible en la actualidad y que no sucederá hasta que no tengamos un Congreso con mayoría de derecha.
Tengamos anotados los nombres de los miembros de esta comisión de miserables comunistas: Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Roberta Clarke, Joel Hernández García, Julissa Mantilla Falcón (peruana, traidora a la patria), Edgar Stuardo Ralón Orellana y Carlos Bernal Pulido. Todos ellos deberían ser declarados personas non gratas al Perú, además de indeseables. Si se los cruzan en alguna parte del camino, arrójenles piedras, échenles gasolina, préndanles fuego y apaléenlos. Pueden estar tranquilos, porque si es que la CIDH es consecuente con su manera de proceder, nada les sucederá, ya que esta comisión los protegerá y seguramente los indemnizará.
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