Por: Ricardo Leon Dueñas
Sobre la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo al Congreso y la discusión en torno a las competencias de ambas cámaras en este nuevo sistema bicameral, conviene recordar un antecedente histórico. En 1987, la Cámara de Diputados —con mayoría aprista— aprobó de forma rápida y radical la polémica ley de estatización de la banca. Sin embargo, un entonces reflexivo y sensato Senado modificó el texto original y recortó el alcance de la expropiación antes de sancionar la versión definitiva en octubre de aquel año.
De esta manera, no se debe olvidar que uno de los argumentos más contundentes para justificar el regreso a la bicameralidad es, precisamente, la capacidad de reflexión de la denominada Cámara Alta. Esto le otorga las atribuciones suficientes para revisar y modificar los proyectos sin alterar la naturaleza de lo solicitado por la Cámara Baja, evitando actuar como una simple mesa de partes, tal como pretenden algunos sectores de la izquierda.
Ahora bien, modificar significa cambiar o transformar las características de algo sin alterar su esencia. En ese sentido, el Senado sí está facultado para incorporar, ampliar o descartar asuntos propios de lo aprobado por los diputados, como lo referente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Pretender legislar al detalle cada conducta política sería absurdo, desgastante e inútil. Por ello, debe primar el sentido común, la costumbre parlamentaria, los antecedentes y, por supuesto, los principios generales del derecho, todo en beneficio del desarrollo sostenido del país.
