Por: Uri Landman
Desde muchos años, un grupo cada vez mayor de peruanos, sostenemos que nuestro país debe recobrar su soberanía en términos jurisdiccionales con respecto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos organismos, parte del “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, han sido tomados por los caviares y lejos de velar por los derechos humanos de todos nosotros, se dedican a defender los “derechos humanos” de terroristas y delincuentes, obteniendo jugosas indemnizaciones, de la mano de las ONG que los defienden, en detrimento de estados soberanos como el Perú.
El informe emitido la semana pasada por la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, es un claro ejemplo de por qué debemos salirnos de la competencia de la CIDH lo antes posible. Los caviares dirán que salirnos de la CIDH nos aislará como país, sin embargo, soy de la opinión que ello es falso. Los dos países más importantes y desarrollados de nuestro continente, Estados Unidos y Canadá, no son parte de la CIDH y hasta donde tengo entendido, los demás países no han roto relaciones diplomáticas ni impuesto sanciones.
En dicho informe, se hacen aseveraciones falsas, se omiten hechos reales, se instituye una narrativa distorsionada de la realidad y basada en ella, se llegan a conclusiones y recomendaciones que son ofensivas a nuestra soberanía como país. Analicemos brevemente este vergonzoso informe:
En uno de los primeros puntos se dice que “tuvieron lugar numerosas y masivas manifestaciones pacíficas en el país”. Nosotros, que hemos sido testigos presenciales de los hechos, sabemos perfectamente que las manifestaciones no fueron pacíficas. Por más que nos quieran hacer creer que es “normal” tirar piedras a la policía, quemar edificios públicos como comisarías, sedes de la fiscalía, del poder judicial y tomar aeropuertos; sabemos perfectamente que todos estos, son actos terroristas.
El informe minimiza la violencia y llama “vandalismo” a estos actos terroristas. Las personas que cometen estos actos son terroristas. Nada tiene que ver el origen étnico o racial de los manifestantes. Si una persona le tira una piedra a un policía, lanza una bomba molotov a una comisaría o toma un aeropuerto, esa persona es un terrorista, ya sea blanco, negro, amarillo, rojo o azul; no importa si sus raíces son de Ayacucho, Puno, Lima o París, sigue siendo un terrorista.
Es inaceptable el cuento que nos quiere vender la CIDH que las protestas de diciembre y enero, tienen sus raíces en la discriminación de la clase política de Lima en contra de las poblaciones campesinas del Perú profundo. Hasta donde tengo entendido, Dina Boluarte nació en Apurímac y no en Lima.
En su análisis mencionan, que en los enfrentamientos entre los terroristas que tomaron el aeropuerto de Ayacucho y la policía, se debería tomar en cuenta el aspecto étnico-racial. ¿Acaso los policías peruanos que defendieron el aeropuerto eran parte de los “marines norteamericanos” y todos ellos eran altos, rubios y de ojos azules y que usaron fuerza excesiva contra los manifestantes porque ellos eran gringos y los manifestantes “cholos”? Absurdo por donde se le mira.
Más absurdo todavía es la conclusión a la que llegan: que al ser los policías y soldados miembros del estado peruano, “la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Pero allí no terminan. En el colmo de la parcialización afirman “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Desde esta columna queremos ilustrar a los “insignes comisionados”: una masacre es cuando el gobierno Hutu de Ruanda asesina a 500,000 pobladores de la etnia Tutsi. Una masacre no es cuando las fuerzas armadas de un país defienden a sus ciudadanos en contra de grupos de subversivos que quieren tomar infraestructura estratégica y sembrar el caos.
El informe de la Comisión dedica 9 líneas de sus 110 páginas al asesinato del suboficial de la PNP José Luis Soncco Quispe quien fue quemado vivo por una turba de sediciosos en Puno. Lejos de condenar el hecho de una manera contundente, lo relativizan al incluirlo como una más de las “víctimas” de la violencia.
Por supuesto que no se mencionan a los cientos de policías y soldados que resultaron heridos, muchos ellos de gravedad, durante las protestas. Tampoco se menciona a los seis soldados que murieron al tratar de cruzar el río Ilave para escapar de la turba que los atacaba. Para la Comisión, los soldados y policías no tienen derechos ni son dignos de mención. Una afrenta que no podemos aceptar.
Si todavía quedaba alguna duda sobre el sesgo ideológico de los comisionados, basta leer el punto 32 del informe, en el cual afirman que la economía del Perú, está basada en un modelo extractivista y que las regalías no han contribuido a reducir la pobreza y desigualdad en nuestro país. Para refutar de manera contundente esta mentira, voy a utilizar las cifras del INEI de reducción de la pobreza en el Perú. Desde el año 2004 al año 2019 la pobreza se redujo desde el 58.7% al 20.2% de la población, siendo el área rural donde la disminución fue mayor.
Como dice Nayib Bukele, presidente del El Salvador: “la prioridad de los derechos humanos debe ser enfocada en la población honrada, no en los delincuentes”.
Eso es, Dina es miraflorina a no dudarlo, y si no lo es, ser parte del gobierno la convierte de facto en ello para todos los efectos, se ha producido el famoso salto genético profetizado por el evolucionismo darwiniano y en gran forma y brillante estilo.