TRABAJO LIBRE Y CAPITALISMO POPULAR: ROMPER LAS CADENAS DE LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA
Por Raúl Allain (*)
Hay una escena que se repite todos los días en el Perú y que, a veces, dice más sobre nuestra realidad que cualquier discurso parlamentario. Una persona abre temprano su pequeño negocio, levanta la puerta metálica, acomoda sus productos y empieza a trabajar. No está pensando en Marx, Hayek ni en ninguna teoría económica. Está pensando en pagar el alquiler, alimentar a sus hijos y, si el día acompaña, guardar algo para mañana.
Ese ciudadano también forma parte de la economía. Y quizá deberíamos escucharlo mucho más.
Durante décadas, buena parte de la izquierda latinoamericana ha explicado la sociedad mediante una narrativa sencilla: trabajadores contra empresarios, explotados contra explotadores, pueblo contra capital. La llamada lucha de clases se convirtió así en una especie de lente obligatorio para interpretar prácticamente cualquier conflicto social. El problema es que la realidad contemporánea es bastante más compleja.
Un trabajador puede convertirse en emprendedor. Un pequeño comerciante puede contratar a otra persona. Un obrero puede ahorrar para comprar una vivienda. Una familia puede adquirir un terreno y convertirlo, con los años, en patrimonio. El trabajador y el empresario no tienen por qué ser enemigos irreconciliables. Pueden formar parte de una misma cadena de creación de riqueza.
Desde mi perspectiva como periodista y sociólogo, ahí existe una discusión que el Perú necesita recuperar: el trabajo libre no solamente debe ser protegido; debe ser facilitado.
La Constitución peruana reconoce la libertad de trabajo y de empresa. No es un detalle menor. Significa que la persona no debería necesitar autorización permanente de una burocracia para desarrollar legítimamente sus capacidades productivas.
Sin embargo, entre el derecho escrito y la realidad existe una enorme distancia.
Los datos son contundentes. Según el INEI, durante 2025 el 70,2 % de los trabajadores peruanos tenía empleo informal. La situación es todavía más preocupante entre los jóvenes: en el periodo abril de 2025-marzo de 2026, la informalidad alcanzó el 84,8 % entre los ocupados de 14 a 24 años.
Entonces cabe hacerse una pregunta bastante incómoda: si las reglas laborales existentes fueran suficientes para incorporar a los ciudadanos a la formalidad, ¿por qué siete de cada diez trabajadores continúan fuera de ella?
No creo que la respuesta sea que los peruanos no quieren derechos. Tampoco que todos los pequeños empresarios sean explotadores. El problema es mucho más concreto: formalizar puede resultar demasiado costoso y complicado para una economía donde millones de personas tienen ingresos bajos e inestables.
El propio Banco Mundial ha advertido que el Perú presenta una de las cargas de costos no salariales más elevadas de América Latina, asociada en buena medida a rigideces de la regulación laboral. Su análisis encuentra además una relación positiva entre el costo de formalizarse y la informalidad, particularmente entre trabajadores de menores ingresos.
Aquí es donde la discusión política suele desviarse.
Cuando se propone simplificar regulaciones, reducir costos laborales no salariales o disminuir obstáculos tributarios, inmediatamente aparecen voces que denuncian una supuesta ofensiva contra los trabajadores. Pero ¿qué ocurre con el trabajador que nunca consigue un contrato formal?
Tiene menos protección, menos seguridad social, menos estabilidad y, muchas veces, menores posibilidades de acceder al crédito. La rigidez que pretende protegerlo puede terminar excluyéndolo.
No estoy planteando eliminar los derechos laborales. Sería absurdo. Un trabajador merece condiciones dignas, seguridad, remuneración justa y protección frente a abusos. Lo que cuestiono es la idea de que más regulación equivale automáticamente a más bienestar.
No siempre.
Una norma puede ser impecable sobre el papel y contraproducente en la realidad. Si una pequeña empresa no puede asumir los costos de contratar formalmente a su primer trabajador, probablemente no contratará. Y si el emprendedor percibe que cada nuevo empleado significa una carga administrativa y económica difícil de sostener, buscará mantenerse pequeño o, peor todavía, operar en la informalidad.
Eso no beneficia al trabajador.
Tampoco beneficia al Estado.
Y mucho menos beneficia al país.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanzó el 47,6 % en 2024. Casi la mitad de los trabajadores de la región se encontraba, por tanto, en empleos informales, con ingresos inestables y menor acceso a protección social.
Estamos hablando de cientos de millones de historias personales. No de una abstracción estadística.
Por eso me parece necesario cuestionar la vieja idea de que el Estado debe resolver todos los problemas económicos mediante leyes, controles y nuevas instituciones. El Estado tiene una función indispensable, pero no puede producir por decreto la prosperidad de una sociedad.
La riqueza se crea cuando alguien produce algo que otra persona valora.
Ese principio es elemental, pero se olvida con facilidad.
Una panadería crea riqueza cuando produce pan y genera puestos de trabajo. Un taller mecánico crea riqueza cuando ofrece un servicio que alguien necesita. Una empresa tecnológica crea riqueza cuando desarrolla una solución útil. Un agricultor crea riqueza cuando produce alimentos. Un trabajador también crea riqueza cuando utiliza sus conocimientos y capacidades para generar bienes o servicios.
El capitalismo popular empieza allí: en la posibilidad de que millones de personas participen directamente en la creación y acumulación de riqueza.
No se trata solamente de Wall Street ni de grandes multinacionales. En América Latina, el capitalismo cotidiano está en las bodegas, mercados, talleres, restaurantes, peluquerías, pequeñas industrias, comercios digitales y emprendimientos familiares.
La izquierda suele hablar de concentración de riqueza, y la preocupación puede ser legítima. Pero la solución no debería consistir en impedir que más personas acumulen patrimonio. Al contrario: deberíamos preguntarnos cómo hacer que más ciudadanos puedan ser propietarios.
Una sociedad de propietarios es una sociedad con mayor autonomía.
Quien tiene una vivienda posee una base patrimonial. Quien tiene un pequeño negocio posee una fuente potencial de ingresos. Quien ahorra e invierte puede construir un futuro menos dependiente. Quien consigue acciones, herramientas, maquinaria o tierra productiva está acumulando capital.
Eso es movilidad social.
Y aquí aparece otro asunto incómodo: los impuestos.
Pagar impuestos es necesario para financiar las funciones esenciales del Estado. Pero una estructura tributaria excesivamente compleja o costosa también puede convertirse en una barrera de entrada. Especialmente para el pequeño empresario.
Reducir impuestos, simplificar obligaciones y facilitar la formalización no significa necesariamente “regalar dinero a los ricos”. Puede significar dejar más recursos en manos de quienes producen, contratan e invierten.
Por supuesto, una reducción tributaria debe ser responsable. El Estado necesita ingresos para financiar justicia, seguridad, infraestructura, educación y salud. Pero también debemos preguntarnos cuánto crecimiento estamos sacrificando cuando convertir una actividad económica en formal resulta demasiado caro.
En ocasiones, bajar una tasa puede ampliar la base de contribuyentes. Simplificar puede aumentar el cumplimiento. Facilitar la creación de empresas puede generar nuevos empleos. No existe una fórmula automática, pero sí existe una evidencia que merece ser considerada: la formalización necesita incentivos, no solamente sanciones.
Lo mismo ocurre con la libertad de empresa.
Una economía libre no es una jungla. Necesita reglas. Necesita competencia. Necesita jueces que hagan respetar contratos y autoridades que combatan el fraude y la corrupción. Pero necesita también límites al intervencionismo.
El Estado debe garantizar el terreno de juego; no necesariamente jugar todos los partidos.
Esta distinción es fundamental.
Cuando una autoridad decide arbitrariamente quién puede ingresar a un mercado, qué actividad puede crecer o qué empresa merece sobrevivir, se reduce la competencia y aumenta el poder discrecional de la burocracia. Y allí aparece otro problema latinoamericano de larga data: la corrupción.
Cuantas más decisiones económicas dependen de permisos, autorizaciones y excepciones, mayores son los incentivos para buscar influencias políticas.
La libertad económica, bien entendida, también puede ser una herramienta anticorrupción.
Menos trámites innecesarios significan menos oportunidades para el funcionario que exige favores. Reglas claras significan menos espacio para decisiones arbitrarias. Procesos digitales y transparentes reducen la discrecionalidad.
No se trata de destruir al Estado. Se trata de hacerlo más eficiente.
También debemos hablar del sindicalismo. Los sindicatos tienen una función legítima: representar intereses laborales y defender derechos colectivos. El problema comienza cuando la representación sindical se transforma en una plataforma partidaria o cuando determinados dirigentes convierten la defensa del trabajador en una lucha permanente contra la empresa privada.
Un sindicalismo responsable puede contribuir al diálogo social. Un sindicalismo politizado puede terminar bloqueándolo.
El empresario no debería ser visto automáticamente como enemigo del trabajador. Una empresa cerrada no genera puestos de trabajo. Una inversión que nunca llega tampoco crea salarios. Una fábrica que deja de operar porque los costos son insostenibles no protege a sus trabajadores: los deja sin empleo.
Esto debería ser sentido común.
La izquierda regional ha utilizado durante décadas la palabra “derechos” como si su defensa fuera incompatible con la libertad económica. No lo es. El derecho al trabajo también debería significar el derecho a trabajar sin obstáculos innecesarios, el derecho a emprender, el derecho a contratar, el derecho a asociarse y el derecho a progresar.
El trabajador necesita protección frente al abuso, pero también necesita oportunidades.
Y una oportunidad laboral no nace de una pancarta.
Nace de una empresa que invierte.
Nace de un emprendedor que se arriesga.
Nace de un consumidor que demanda.
Nace de un mercado donde alguien encuentra rentable producir algo que otros necesitan.
Por eso considero equivocado presentar la desregulación como una especie de ataque al ciudadano. Una desregulación inteligente puede significar quitar obstáculos inútiles y permitir que la actividad productiva respire.
La OIT, desde una perspectiva distinta a la que aquí planteo, reconoce precisamente que la informalidad latinoamericana es un problema estructural y persistente y que afecta especialmente a jóvenes, trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas. Su estrategia regional de formalización 2024-2030 plantea la necesidad de abordar este fenómeno mediante políticas que faciliten la transición hacia la economía formal.
El desafío, entonces, no consiste en elegir entre trabajador y empresario.
Consiste en conseguir que haya más empresas capaces de contratar trabajadores formalmente.
Ese debería ser uno de los grandes objetivos nacionales.
Cuando observo el debate peruano, a veces tengo la impresión de que discutimos demasiado sobre cómo repartir una torta pequeña y demasiado poco sobre cómo hacerla crecer. Nos hemos acostumbrado a pensar en términos de reparto antes que de creación.
Pero no se puede redistribuir indefinidamente una riqueza que no se produce.
El Perú tiene una extraordinaria capacidad emprendedora. Lo vemos en Lima y en las regiones, en los mercados, en los talleres, en las pequeñas industrias y en los nuevos negocios digitales. Esa energía social existe. Lo que muchas veces falta es un marco institucional que permita convertirla en empresas sostenibles, empleos formales y patrimonio familiar.
América Latina tampoco necesita una nueva guerra de clases.
Necesita movilidad social.
Necesita trabajadores que puedan convertirse en propietarios. Necesita emprendedores que puedan convertirse en empresarios. Necesita pequeñas empresas que puedan convertirse en medianas y medianas que puedan competir internacionalmente.
Necesita, en definitiva, una sociedad donde crecer no sea una excepción.
Mi convicción es que una agenda de derecha democrática debe recuperar precisamente esa promesa: libertad para trabajar, libertad para emprender, impuestos razonables, regulación inteligente, propiedad privada y seguridad jurídica.
No significa abandonar a los más vulnerables. Significa dejar de considerarlos incapaces de construir su propio futuro.
La asistencia estatal puede aliviar una necesidad. Pero una empresa puede ofrecer un empleo. Un empleo puede generar ingresos. Los ingresos pueden permitir ahorrar. El ahorro puede convertirse en propiedad. La propiedad puede generar seguridad. Y esa seguridad puede abrir oportunidades para la siguiente generación.
Ahí está la verdadera cadena de ascenso social.
El gran desafío del Perú y de América Latina no es encontrar una nueva forma de enfrentar al trabajador con el empresario. Es conseguir que cada vez más trabajadores tengan la posibilidad de convertirse en propietarios y que cada vez más propietarios puedan convertirse en generadores de empleo.
No necesitamos una sociedad dividida permanentemente entre “los de arriba” y “los de abajo”.
Necesitamos una sociedad donde subir sea posible.
Y para eso hacen falta menos obstáculos, reglas más simples, impuestos razonables, instituciones fuertes y, sobre todo, confianza en la libertad de las personas para trabajar y crear.
Porque cuando un ciudadano puede vivir de su propio esfuerzo, construir un patrimonio y ofrecer oportunidades a otros, no solamente está mejorando su vida.
Está ayudando a construir un país más libre.
