Política

RECHAZAR EL INFORME DE LA CIDH

Por: Carlos Tubino Arias Schreiber

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también llamada Pacto de San José, es un Tratado Internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Parte que conforman la OEA y que se han adherido al mismo. Ahí se establece que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son los órganos competentes para conocer asuntos relacionados a los Derechos Humanos (DDHH) de los países miembros.

La Comisión (CIDH) tiene como función promover la observancia y la defensa de los DDHH y de servir como órgano consultivo en este tema dentro de la OEA, está integrada por siete miembros, tienen su sede en Washington, tienen la facultad de denunciar ante la Corte IDH los casos de posibles violaciones a los DDHH por parte de los Estados que han ratificado la Convención.

La Corte IDH es un órgano judicial autónomo de la OEA, su sede está en San José Costa Rica, tiene jurisdicción en los países que han aceptado su competencia, recibe denuncias de la Comisión (CIDH) y de los Estados parte; la gran mayoría de los casos han sido denunciados por la primera. Sus sentencias son de obligatorio cumplimiento.

Teniendo esto claro debemos analizar el informe parcializado y fuera de contexto que el 03 del presente mes presentó la CIDH sobre lo ocurrido en nuestro país, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, llega a conclusiones con un sesgo ultra izquierdista inadmisible.

Preocupa que esta Comisión que actúa como una fiscalía, denuncie con este contenido al gobierno peruano ante la Corte IDH y se inicie ahí un proceso cuya sentencia es de obligatorio cumplimiento, por haber firmado en 1977 el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sus Conclusiones no dejan dudas sobre su contenido, no respetan nuestra Soberanía Nacional y maltratan a nuestras FFAA. con falsedades, prejuzgándolas y responsabilizándolas de todos los fallecidos sin mayores fundamentos y por motivos raciales, llegando al extremo de afirmar que hubo ejecuciones extrajudiciales; ignoran que se atacó 18 veces a 5 aeropuertos del sur de nuestro país, acciones que son consideradas como actos terroristas por la Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

No les merece mencionar los cientos de bloqueos de carreteras que son actos delictivos realizados en forma violenta y que originaron decenas de muertos en la población civil; los que no fueron realizados por pacíficos manifestantes.

Tampoco dicen una palabra sobre los delincuentes que incendiaron Comisarías y locales del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Su irrespeto llega a tal nivel que pretende darnos directivas sobre la política interna y económica de nuestro país, dándole al Congreso instrucciones de como elegir al Defensor del Pueblo, indicando que no deben legislar sobre temas electorales.

Retroceden maliciosamente en el tiempo para condenar a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, por la defensa del voto popular luego de la elección de Castillo a la Presidencia de la República.

Ante un sesgo ideológico tan evidente el gobierno debería rechazar con firmeza este informe y no actuar con tibieza.

Finalmente debemos retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH, quedando con Reservas en la CADH como los EE.UU. y Canadá.

 

 

 

 

 

 

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