Por: Luis Yunis
El Congreso ya recibió la denuncia constitucional por los presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión contra Pedro Castillo, e incluye a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y también a los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; además, se les implica de ser presuntos autores del delito contra la administración pública, en sus modalidades de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública tipificados en el Código Penal.
Al respecto, se debe proceder con todo el peso de la ley, y sobre el particular el Parlamento ya aprobó el levantamiento del antejuicio político contra Castillo con 67 votos a favor, 45 en contra y 0 abstenciones, lo que significa, que el exmandatario puede ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el pasado miércoles. Recordemos que el antejuicio es un procedimiento de carácter político-jurídico a través del cual se levanta la inmunidad o prerrogativa funcional a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, ello con el propósito de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los acusados, y a todas luces, la comisión de los delitos de función es absolutamente evidente.
Pero, Pedro Castillo con su llegada al poder ha despertado a muchos Pedros que quieren llegar a ocupar el sillón de Pizarro o despachos congresales sin importar preparación ni conocimiento de la cosa pública, sólo están seguros que pueden llegar a aquellos lugares siguiendo la ruta de la violencia, muertos, paralizaciones, caos y desorden; poco o nada les importa que la asonada efectuada y frustrada haya conducido al expresidente a la cárcel donde estará por buen tiempo, porque los tantos Pedros hoy medianamente despiertos por grupos radicales los incentivan a pretender el poder sin frenos ni límites; motivo por el cual, Dina debería tener claro en su laberinto inicial que debe trabajar con los aún poco pensantes del Parlamento a fin de poner las reglas claras para que el anhelado anuncio del adelanto de elecciones venga con las precisiones de que aquellos que quieran acceder a ocupar los altos cargos en la función pública deben cumplir ciertos requisitos mínimo –profesionales que el máximo nivel exige, y de esta manera poner coto a la improvisación y a la ignorancia vista en la mayoría del actual Congreso de la Republica, y por ende del actual detenido.
Asimismo, acertada la decisión del Ejecutivo de cesar de inmediato a los prefectos y subprefectos a nivel nacional, no solamente porque no sirven para edificar, construir o desarrollar absolutamente nada; y al contrario, debe desaparecerse la Dirección General de Gobierno Interior dependiente del Ministerio del Interior porque con todo ello se despilfarra una parte del erario público que de inmediato debería ser destinado para la construcción, mejoramiento e implementación de comisarias a nivel nacional.
Por último, escucho reiteradamente, y no dudo que siguiendo órdenes de Dina, al flamante Ministro del Interior dirigirse a la ciudadanía exhortando al mantenimiento de la paz y mantener la calma; y en calma y paz está la verdadera ciudadanía que quiere orden y tranquilidad; pero también quiere respuestas firmes, contundentes, profesionales y absolutamente decididas para acabar con todos aquellos que nos quieren poner contra la pared, y si esos vándalos no obedecen su “exhortación”, está en su legítimo derecho como autoridad de disponer que se aplique la ley en su estricto sentido de la palabra con toda contundencia y firmeza porque el país está primero y sin temor al costo social, para ello, debe trabajarse de la mano de inmediato con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para detener a esos revoltosos e ir por los dirigentes y falsos líderes de esas organizaciones antipatriotas. No hacerlo es debilidad y ello sí nos costará carísimo en el corto plazo.
