
Por: Luciano Revoredo
En un acto de justicia que debe ser aplaudido por todos los peruanos comprometidos con la democracia y el estado de derecho, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el informe final recomendando la inhabilitación de la función pública para Martín Vizcarra y Salvador Del Solar, junto con Vicente Zeballos. Esta decisión se basa en la clara evidencia de que estos individuos dieron un golpe de Estado al cerrar el Congreso de manera inconstitucional en 2019.
Martín Vizcarra, bajo el pretexto de una supuesta “denegación fáctica”, disolvió el Congreso peruano, un acto que no solo fue ilegal, sino que también reveló su intención de evitar ser investigado por los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre él desde su tiempo como Gobernador de Moquegua. Esta medida extrema fue una maniobra para instaurar una “dictadura caviar”.
Salvador Del Solar, como entonces Presidente del Consejo de Ministros, y Vicente Zeballos, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, fueron cómplices en este acto antidemocrático. Su apoyo al cierre del Congreso fue un claro intento de consolidar el poder de Vizcarra y su círculo, evitando así cualquier escrutinio legal sobre sus actuaciones pasadas y las de ese momento. La colaboración de estos exfuncionarios en lo que se considera un golpe de Estado no puede ser pasada por alto; su inhabilitación es un paso esencial hacia la restauración de la confianza en nuestras instituciones.
La “dictadura caviar- vizcarrista” con apoyo mediático y político, intentó manipular la narrativa pública para justificar acciones que socavan el orden constitucional. El cierre del Congreso no solo fue un asalto directo a la democracia, sino también un esfuerzo por silenciar las voces de aquellos que exigían transparencia y justicia. Vizcarra y sus aliados, en un intento desesperado por mantenerse en el poder, crearon un precedente peligroso para la estabilidad política del país.
La aprobación de su inhabilitación no es solo un acto de justicia, sino también un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley en Perú. Es fundamental que se establezca un precedente donde actos de esta naturaleza no queden impunes. La democracia peruana merece líderes que respeten la Constitución y no utilicen sus posiciones para protegerse de investigaciones legítimas sobre sus acciones.
La inhabilitación del Lagarto Vizcarra, Salvador Del Solar y Vicente Zeballos es un paso importantísimo en la defensa de nuestra democracia. Debemos recordar que la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere de valentía y compromiso con la verdad. Este acto de la Subcomisión es una clara señal de avance avanzando hacia una sociedad donde la justicia y la democracia se fortalecen, incluso frente a los intentos de quienes quisieron instaurar una dictadura bajo el disfraz de lucha contra la corrupción y reformas del estado.
La prensa corrupta y vendida al servicio de la “dictadura caviar” ha intentado torcer la verdad, presentando la inhabilitación de Vizcarra y sus cómplices como una venganza política. Sin embargo, no hay venganza alguna en hacer justicia; lo que hay es una clara defensa de la democracia peruana. El Tribunal Constitucional decretó, con todas las letras, que hubo un golpe de Estado, un acto de traición a la patria orquestado por quienes juraron protegerla. Estos medios, beneficiados por la corrupción de Vizcarra o cegados por su ideología, deberían avergonzarse de intentar manipular la opinión pública para proteger a aquellos que pisaron la Constitución con tal de mantenerse en el poder y evitar rendir cuentas por sus crímenes.