¿EL CONGRESO DEBE O NO OTORGAR FACULTADES LEGISLATIVAS AL GOBIERNO?
Depende de la predictibilidad.

Por:Juan Carlos Eguren.
Entendiendo la “predictibilidad” como: Parte esencial de la seguridad jurídica que aspira a que las reglas jurídicas y su aplicación creen y mantengan el orden social de un modo tal que sea posible para los miembros de la sociedad planear sus actividades por adelantado, tanto individual como colectivamente. Asi las cosas, corresponde hacernos la pregunta, el congreso debe o no otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo como lo han solicitado ?
Antes de responder ello, debemos entender que en principio es el Congreso el llamado constitucional
mente a dictar leyes y solo por excepción el Poder Ejecutivo emite normas con rango de ley como los Decretos Legislativos cuando el Congreso lo autoriza o los Decretos de Urgencia en materia económica y financiera ante circunstancias de emergencia como desastres naturales.
A modo de ejemplo, si el gobierno fuese de un partido como el PPC, el delegar funciones legislativas sería previsible el resultado, por su historial democrático y sus convicciones en relación al estado de derecho y la economía social de mercado, integrado por perfiles tecnocráticos de raigambre meritocratico. Pero cuando lo solicita un gobierno como el de Dina Boluarte, del cual no tenemos certezas y a lo zumo intuiciones y presunciones sobre su visión programática, hay que tener mucho cuidado.
En los próximos días el Congreso aprobará el proyecto de ley de delegación de facultades, lo hará con ciertos candados y acotando algunas materias, pero finalmente el gobierno podrá emitir cerca de medio centenar de normas en el plazo de noventa días en materias económicas, administrativas y penales.
Ante la escasa predictibilidad, se requiere de mucha prudencia, se debería exigir por transparencia y control de calidad la prepublicación de las normas y posteriormente un riguroso control de constitucionalidad y calidad regulatoria.
Ante la escasa predictibilidad muchos agentes económicos retrasarán sus decisiones e inversiones en espera del nuevo marco legal, lo que terminará enfriando aún más la alicaída economía, pero ni modo, esperemos que después de los noventa días y terminado el tsunami de normas estas sirvan no solo para recuperar el tiempo perdido si no para relanzar la economía y combatir eficazmente la desbordada delincuencia.
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