Por Luciano Revoredo
El Perú ha ingresado en una fase de degradación institucional sin precedentes. Lo que en octubre de 2025 parecía el fin de un ciclo con la caída de Dina Boluarte, ha resultado ser solo el inicio de una espiral descendente donde cada relevo presidencial parece diseñado para superar el descrédito del anterior. La reciente asunción de José María Balcázar es la culminación de un proceso de normalización de la impunidad en la cúspide del Estado.
La caída de Dina Boluarte dejó un país fracturado y una presidencia sin autoridad, marcada por la inacción ante la crisis social y denuncias por el uso de recursos estatales para fines oscuros (como el caso del vehículo presidencial) y presuntos casos de corrupción como el recordado episodio de los Rolex. Sin embargo, su sucesor, José Jerí, no representó una transición hacia la estabilidad, sino una profundización del lodazal.
Jerí, censurado recientemente con 75 votos, terminó su breve mandato cercado por escándalos de presunto tráfico de influencias burdelescas y vínculos con empresarios favorecidos en licitaciones públicas.
Con la llegada de José María Balcázar, el estándar ético ha colapsado definitivamente. A diferencia de sus predecesores, Balcázar asume el cargo no solo con cuestionamientos políticos, sino con un historial judicial activo que incluye 13 presuntos delitos, entre ellos prevaricato, fraude, estafa y cohecho.
El caso más grave que lo persigue y por el cual ya ha sido citado a juicio oral es el de apropiación ilícita. Se le acusa de haber desviado fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque hacia sus cuentas personales durante su decanato en 2019, omitiendo la bancarización de ingresos institucionales.
A este prontuario se suma su perfil moral, marcado por declaraciones que justificaron el matrimonio infantil y las relaciones sexuales en menores de 14 años bajo el argumento pseudocientífico de que “ayudan al desarrollo psicológico”.
Lo más alarmante de esta crisis no es la ambición de un personaje como Balcázar, sino el papel deplorable de las bancadas de la derecha mercantilista. La elección de un rojo radical y con prontuario no hubiera sido posible sin la calculada votación de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.
Este matrimonio por conveniencia revela una estrategia parlamentaria perversa: prefieren a un presidente debilitado por procesos judiciales, a quien se puede presionar o chantajear, antes que a una figura con la solvencia moral necesaria para emprender una verdadera reforma del sistema. Además, está clara la estrategia de incendiar la pradera para luego culpar a Rafael López Aliaga. Es decir que por fines protervos el Parlamento ha preferido los pactos bajo la mesa, entregando el país a un personaje que representa lo más oscuro de la judicatura y la política.
El Perú no solo enfrenta una crisis de gestión; enfrenta una crisis de higiene institucional. La sucesión Boluarte-Jerí-Balcázar es el síntoma de un sistema que ya no filtra el talento ni la honradez, sino que selecciona al más cuestionado.
La política peruana ha pasado de estar estancada a estar infectada. Mientras el parlamento siga manejado por la mafia seudodemocrática, la moralización del país seguirá siendo una utopía.
Hoy, el Perú exige una desinfección total de su clase política, antes de que las ratas y parásitos terminen por consumir lo que queda de república.
