Política

COVID-19: EMERGENCIA SANITARIA Y CONVULSIÓN SOCIAL

Por: Yorry Warthon

Sucede que, si un vecino del distrito de San Isidro resultó ser beneficiario del bono de S/ 380.00, ello ya constituye prueba fehaciente de que el mecanismo implementado para la entrega de bonos está mal estructurado.

A diario vemos gente en la periferia de Lima -y en provincias- protestar por la falta de asignación de recursos elementales para sobrevivir esta crisis. Cada caso es más escandaloso que otro. Familias enteras sin acceso a agua resultan no ser acreedoras. Las pruebas sobran.

¿Cuál es el error? ¿Dónde inicia la falla? ¿Quién es el responsable? Son cuestionamientos inevitables. A estas alturas, no es complejo sospechar que las estadísticas son erradas. Especialistas indican que el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) hace una medición inexacta y poco verosímil, pues los censos no tocan las puertas de muchos AA.HH en el país.

Si el INEI le entrega esta información al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la cadena de distorsión informativa está garantizada. El MIDIS, por tracto sucesivo, proporciona tal información a los bancos. Esto, inexorablemente perjudica a la población vulnerable. La consecuencia es absurda y risible a la vez. En suma, desesperanzadora.

Entonces ya no sorprende ver escenas -que tranquilamente superen cualquier ficción desarrollada por Netflix- en las que “fantasmas” o peruanos que a la fecha yacen fallecidos sean tenedores de bonos. Un título valor que, para muchos, contiene el sello de la injusticia social.

Esta es una perla de la problemática social que naturalmente se está desarrollando hasta ahora. Titulares en los principales medios de comunicación nos muestran señales de insurgencia que actualmente ocurren en el país. Va desde intentos fallidos de motines en cárceles de Lima y provincias, hasta la bomba “Molotov” arrojada a una iglesia en el distrito de Miraflores.

Es evidente que corresponde implementar un mecanismo de control y contención para una inminente convulsión social. Convulsión que recién ha iniciado su estado más primigenio de ebullición. ¿Tarea de todos los peruanos? NO. El gobierno tiene el deber de corregir y/o maniobrar sabiamente para librar este problema que apeligra a todos. Esto, lógicamente, tiene una conexión fibrosa con la ampliación de la cuarentena. El hacinamiento eleva tensiones y nos hace proclives a la toma de decisiones emotivas. Irracionales.

Por otro lado, vemos que el esquema desarrollado para atender la emergencia sanitaria nacional genera dudas en un gran sector de la población.

Víctor Zamora, actual Ministro de Salud, hace intentos por manejar con éxito la crisis. Estos intentos -en mi opinión displicentes y fallidos- han generado sendos cuestionamientos. La adquisición de un arsenal de “pruebas rápidas” -1,4 millones- para contrarrestar el COVID-19 es un paso en falso del titular de la cartera de salud: Ha quedado demostrado que dichas pruebas no detectan el virus, y solo son complementarias.

Zamora indica que estas “pruebas rápidas” solo sirven para detectar por donde se propaga el contagio de coronavirus en el Perú. ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos acaso frente a un lobby de alta escala por lo inoportuno de la compra de las pruebas? Si fuese este el caso, no habría dudas de que un retorcido genocida ha entrado al gobierno de turno. Pero esto no es así. Al menos quiero pensar que no. Solo se trataría de una profunda falta de gestión.

Entonces Martín Vizcarra le pone hielo al asunto y merma la tensión aclarando que las pruebas rápidas NO reemplazarán las evaluaciones moleculares que se han ido utilizando hasta la fecha, sino que serán complementarias.

Sirve precisar que inicialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a todos los Estados a practicar test basados en el denominado “Protocolo de Berlín”. Los países que han optado por la aplicación de este test tienen mejores resultados en el manejo de la Pandemia. El Perú no forma parte de este selecto grupo, aún.

Hasta aquí, la solución holística a la crisis es una fórmula que el gobierno no ve. Pero echémosle algunos consejos al Estado de cómo afrontar las dificultades en los próximos días: I) Reestructurar la metodología de medición de la extrema pobreza para tener mayor precisión en la entrega de bonos: el INEI podría consultar la lista de quiénes se atienden en postas médicas (o colegios) de los lugares menos privilegiados; II) Evaluar el aumento del bono al equivalente de una RMV; III) Definitivamente aumentar el número de beneficiarios teniendo en cuenta la nueva medición del INEI; IV) Liberar la atención de los bancos para sábados y domingos a fin de que trabajen 12 horas. Con esto evitamos congestión y colapso; V) Concentrar esfuerzos económicos en adquirir pruebas moleculares a la brevedad.

Queda mucho por hacer.

 

 

 

 

 

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