Por: Uri Landman
En las últimas semanas, hemos visto la desesperada defensa de los caviares a uno de sus últimos reductos de poder e influencia en el sistema de justicia del país: “la Junta Nacional de Justicia”. Con el lema “Marcha por la Democracia”, salió a marchar por las calles de Lima, el último sábado, un reducido grupo de “defensores de los derechos humanos” que incluía a organizaciones tan disímiles como la ONG defensora de terroristas “La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos“ y la CGTP.
Según ellos, la investigación que ha abierto el Congreso de la República en uso de sus atribuciones de fiscalización, es una “amenaza contra la democracia” que buscaría finalmente la destitución de los siete miembros de la JNJ.
También hemos sido testigos de la injerencia de organismos internacionales en nuestra política interna. El alto comisionado de las Nacional Unidas en derechos humanos, Volker Turk, expresó su preocupación sobre la independencia de poderes en nuestro país, a raíz de la investigación abierta en el Congreso de la República a los miembros de la JNJ.
Ello demuestra un amplio desconocimiento de la legislación peruana. La JNJ no es un poder independiente del estado, sino es un organismo autónomo que puede ser fiscalizado por el Congreso. Más aun, según el artículo 157 de la constitución política del Perú: “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de dos tercios del número legal de miembros”.
Vale la pena preguntar: ¿Por qué el congreso ha decidido investigar a los miembros de la JNJ y en qué nos afecta a nosotros como ciudadanos?
Recordemos brevemente que la Junta Nacional de Justicia fue creada a raíz de la disolución por parte del Congreso en el año 2018 del Consejo Nacional de la Magistratura.
En los primeros meses del año 2018, había estallado el escándalo de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Mediante la revelación de interceptaciones telefónicas legales, se conoció la existencia y operación de una mafia en el Poder Judicial del Callao, que involucraba al presidente de la corte Walter Ríos, al vocal supremo César Hinostroza, a los consejeros del CNM, Guido Aguila, Sergio Iván Noguera, a los empresarios Antonio Camacho, Mario Mendoza, Edwin Oviedo, entre muchos otros personajes más.
Según pudimos escuchar de primera fuente, “los hermanísimos”, vendían todo tipo de sentencias judiciales, puestos en el sistema judicial, nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales a cambio de favores y dádivas.
Utilizando astutamente el escándalo que originaron estos audios, el presidente Vizcarra convenció al congreso, de mayoría fujimorista, para que destituyan al CNM en pleno. En julio de ese mismo año, el Congreso aprobó la remoción de todos los miembros del CNM por falta grave conforme al artículo 157 de la Constitución. Pregunto ¿por qué no se quejaron los defensores de los derechos humanos de la destitución de los miembros del CNM por parte del Congreso? La repuesta es sencilla: su intención era tomar por asalto el nuevo organismo a formarse. Y así pasó.
A los pocos meses se creó la Junta Nacional de Justicia, que era básicamente lo mismo que el CNM, pero con miembros alineados a la tendencia ideológica de los caviares. Uno de sus mejores exponentes es la consejera Inés Tello. Según el artículo 156 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la JNJ (Ley 30916), según su artículo 10 “Requisitos para ser miembro de la JNJ”, inciso c ,“Ser mayor de 45 años y menor de 75 años”.
En este caso, la consejera Inés Tello tiene 78 años. Sin embargo gracias a una interpretación auténtica de la Constitución por parte de la misma JNJ, ellos han llegado a la conclusión que el rango de edad mencionado en su propia ley, solamente se aplica al momento de ser elegido. Como Inés Tello fue elegida cuando tenía 74 años, entonces puede ejercer hasta los 79 años contraviniendo la propia ley. Inés Tello, estaría presuntamente alineada a sus intereses.
Un tema más grave todavía, es la acusación contra la consejera Tello por presuntamente haber filtrado al IDL un informe en contra de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para tratar de presionar a los demás miembros de la JNJ, para que voten a favor de dicho informe disciplinario.
Si lo anterior no fuera suficiente para abrir una investigación a los miembros de la JNJ, tenemos que agregar la presunta injerencia de la JNJ al haber emitido un pronunciamiento en defensa de la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando en el congreso había en trámite una acusación constitucional y proceso de inhabilitación en su contra, por haberse negado a investigar al corrupto Castillo.
Regresando a la pregunta: ¿en qué nos afecta como ciudadanos este embrollo?
Si queremos salir del subdesarrollo, necesitamos un sistema de justicia eficiente y confiable. Para ello es necesario jueces y fiscales probos. Precisamente es la JNJ la encargada de nombrar a estos jueces y fiscales. Si los caviares controlan la JNJ, entonces también controlan la Fiscalía y el Poder Judicial y así pueden utilizar estos poderes a su antojo.
Recordemos el dicho “Algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda”.
