Por: Yorry Warthon
En septiembre de 2019 un gran sector de la población -una importante pese a las encuestadoras amigas y la prensa colaborativa- se vio sorprendida por el presidente Martin Vizcarra y su decisión de disolver el Congreso mediante una interpretación fáctica. Esto, tomando en consideración el comportamiento visto hasta la fecha, lo ha convertido en el gobierno que hoy muchos lo reconocen como uno autocrático en todos sus extremos.
Y es que el copamiento de poderes aniquila cualquier modalidad posible para el ejercicio del gobierno en un estado de derecho. Ergo, no es para nada complejo entender que el actual jefe de estado jamás tuvo la mínima intención de irse el 28 de julio de 2021.
Todos hemos presenciado la improvisada elección del nuevo parlamento. Las insólitas y selectivas reuniones del ejecutivo con cada bancada ya instalada en el congreso. Ni qué decir del bochornoso espectáculo al cual tuvimos que asistir -cual protocolo nupcial- en el desfile y el largo besa manos al presidente en la entrega de las credenciales desde el hemiciclo.
Seamos claros. Desde el inicio se ha evidenciado un sometimiento tácito del nuevo parlamento ante el autoritario mandatario. El natural contrapeso político que debiese existir en los poderes del Estado es literalmente NULO. Pero aún más, tal parece que se juntaron el hambre y la necesidad. El hambre de los noveles congresistas por no quedarse tan solo un año y medio en el cargo, y la necesidad del presidente por prolongar su mandato. Tan necesario para él y para el sector de la política que lo rodea, arropa y orienta.
Entonces, las señales comenzaron a presentarse. Con fecha 17 de marzo, en la primera ley que aprueba el Congreso de la República, se autoriza otorgar un plazo de seis (06) meses para introducir modificaciones al sistema electoral a fin de que sean aplicables a las elecciones generales del año 2021.
Lo que hace levantar la ceja a quienes ya tenemos fundados temores es el tenor del último párrafo de la tercera disposición complementaria transitoria. Este dispone lo siguiente: “se suspende la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021, incluyendo el proceso de elecciones primarias hasta que se agote el plazo de seis (06) meses dados en la presente disposición. La presente suspensión es de obligatorio cumplimiento para los órganos electorales y demás poderes del Estado”.
Como es lógico, tal noticia pasó casi desapercibida para la gran mayoría de peruanos que está altamente preocupada por sobrevivir en salud y económicamente a la pandemia generada por el Covid-19.
Enseguida, con fecha 24 de marzo El Comercio en su portada sentencia lo siguiente: “Coronavirus afecta el cronograma para comicios del 2021”. Por su parte -cual juego de pared coordinado en algún club capitalino- el día 09 de abril el diario La República, en la parte inferior de su portada, anuncia: “Epidemia hará postergar elecciones del 2021”. La maquinaria del oligopolio periodístico se echó a andar.
Sendas señales apuntan a que las piezas en el tablero del cálculo político empezaron a moverse. Es incuestionable la existencia de un excesivo ánimo por poner en marcha el plan para prolongar el mandato presidencial, y por consiguiente el periodo congresal. Un juego de ganar-ganar entre ambos poderes del Estado y los satélites (encuestadoras y prensa condescendiente) que giran y se beneficiarían – de hecho, ya mismo se benefician- en ese panorama oscuro para la democracia del país.
Aunque los congresistas persistan en asegurar que la norma es para subsanar errores y completar la reforma electoral, los hechos recientes nos muestran que actualmente las leyes son lo suficientemente elásticas y moldeables a los intereses de quienes tienen la sartén por el mango.
No neguemos que esta pandemia -por más retorcido y despiadado que suene- sirve como coartada para que algunas agrupaciones políticas pongan en agenda planes egoístas que nada debe importarle al país en estos tiempos.
Sin ir lejos, veamos cómo se promueve la aprobación de una ley que otorga facultades a menores de edad para que puedan consentir el cambio de su sexo en el DNI. Proyecto empujado impetuosamente por los señores De Belaunde y Olivares, ambos, congresistas por el Partido Morado.
Al parecer el coronavirus ha mutado y no solo está afectando la salud, también afecta a la verdadera democracia del Perú. Las señales están, y la experiencia nos alerta.
Una vez más, estamos advertidos.
