Por: Gustavo Nakamura (*)
Estos últimos días la educación universitaria en el Perú ha vuelto a ser parte de la agenda pública. Nuevamente, se ha dicho que el Sistema Universitario Peruano está en peligro. A casi 5 años y medio de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, ¿se han desterrado todas esas prácticas de universidades lucrando inescrupulosamente ante la pasividad de las autoridades que fue el argumento central para crear la SUNEDU? O, ¿seguimos en las mismas? Dos denuncias periodísticas recientes muestran la arbitrariedad y doble vara de la SUNEDU para dar licencias a unos y cerrar a otros, creando la lógica sospecha que al lucro denunciado se le ha añadido la corrupción de funcionarios.
Hace pocos días, la Comisión de Educación del Congreso, propuso, un pre dictamen sobre la creación de un consejo nacional asuntos. Este hecho hizo que autoridades de SUNEDU, el mismo ministro de educación Martín Benavides, y diversos expertos pongan el grito al cielo sobre cómo esta ley “puede poner en peligro la reforma universitaria, donde solo se ha buscado la calidad educativa” No pocos vieron en estas declaraciones una defensa cerrada del poder estatal sobre las universidades, ya convertida en realidad con la SUNEDU. Pero la pregunta subsiste: ¿todo esto es por la mejora de la calidad educativa en las universidades? Es obvio que que todos queremos una mejor calidad educativa en el país. Solo un añadido. No se trata solo de condiciones básicas de funcionamiento, calidad va mucho más allá y lo sabemos.
Según el portal Lima Gris, menciona que la Universidad Tecnológica del Perú -UTP se licenció durante la gestión en el SUNEDU del ministro Benavides. Se le aprobó el funcionamiento desu sede en Lima pero además a 7 sedes más en provincias… que todavía estaban en construcción (y a la fecha no están terminadas), cuando la norma establece que deberían estar totalmente instaladas. Peor aún, cuando la misma SUNEDU negó el licenciamiento a otras universidades por pequeñeces.
Mucho más grave es la denuncia publicada por el mismo portal sobre el licenciamiento a la Universidad Privada Peruano Alemana – UPAL. Dicha universidad fue creada en el 2012, lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento, y sin embargo, el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, le otorgó un veloz licenciamiento el año 2019. El portal comparte algunos pantallazos del expediente de aprobación que contiene groseras irregularidades e inconsistencias. Por ejemplo, sus 3 aulas tienen una capacidad máxima de 80 personas en total, pero SUNEDU le autoriza un proceso de admisión en dos carreras con 100 vacantes cada una. En el hipotético caso que se cubriera las 200 vacantes ¿Dónde estudiarían dichos estudiantes? Otro detalle que raya en la ridiculez es que el informe de sustentación de UPAL señala que 2 de esas aulas se pueden convertir en laboratorios al retirar las laptops que las convierten en aulas. Un último dato no menos importante es que está universidad licenciada en estas condiciones por el Ministro Benavides ha cambiado de dueños 3 veces.
¿Y dónde queda todo el discurso del Ministro Benavides sobre las condiciones básicas de calidad si el mismo estando en la SUNEDU dio licencia a una universidad con sedes que ni siquiera están construidas y a otra cuyo máximo activo eran 3 aulas multiusos? ¿Podría entonces tener algún argumento para cerrar algunas universidades privadas que sí están funcionando’ ¿O definitivamente aplica una doble vara cuyo fundamento no sería nada santo?
A la vista de estas denuncias se hace muy sospechoso el Proyecto de Ley Nº 5145/2020 que el Poder Ejecutivo envió al congreso para ser aprobado. En dicha propuesta llama la atención este texto: “Establézcase la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del 2021” y Las universidades licenciadas, públicas y privadas pueden crear filiales universitarias, cuyo funcionamiento es autorizado por Sunedu”. Por lo tanto, de aprobarse se ampliaría la moratoria, es decir, no se abrirían nuevas universidades. Pero en la segunda cita referente a crear nuevas filiales si llama la atención ¿Qué universidades podrían crear nuevas filiales? Las públicas no estarían en condiciones por el nivel de inversión y gestión que implica. Las privadas sería más probable. Pero… ¿cuáles?, Porque muchas de las que ya funcionan aceptablemente tienen altos índices de morosidad.¿entonces cuál sería el sentido de esta propuesta del ejecutivo?
Esperamos que en aras de la transparencia esto sea aclarado cuanto antes. El Congreso tiene una labor fundamental de fiscalización y los ciudadanos estaremos atente a estos tipo de situaciones porque, sí señores, queremos una educación de calidad.
Ahora bien, el Decreto Supremo Nº 016-2019-Minedu, crea literalmente un “salva vidas” para las universidades públicas no licenciadas para que pasen un nuevo plan de adecuación bajo supervisión de una comisión. ¿Por qué no a las privadas denegadas? ¿Acaso la ley no es igual para todos? ¿Cuántos estudiantes están siendo afectados?
Sí, señores, como dije al principio, todos queremos una educación de calidad en el país, pero de igual condiciones para públicos y privados. Cuidado que por un lado estemos atacando muy buenas iniciativas públicas y privadas, por salvar intereses ideológicos o particulares.
(*) Director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Director del Programa Hablemos de Educación en Red de Comunicación Regional.
