Por Luciano Revoredo
Por sentido común y decencia hay algo que deberíamos evitar cuando ocurre una tragedia como la reciente agresión protagonizada por estudiantes del Liceo Naval: convertirla inmediatamente en un arma política.
El hecho es suficientemente grave por sí mismo. No necesita que lo utilicemos para atacar a un candidato, a un partido o a una determinada posición política. Sin embargo, eso es precisamente lo que algunos como Cecilia Valenzuela están intentando hacer irresponsablemente. Relacionar esta agresión con unas declaraciones desafortunadas que un líder político hizo meses atrás, durante la campaña electoral.
Concretamente un editorial para culpar a Rafael lópez Aliaga por expresiones desafortunadas en la campaña presidencial pasada de ser el origen de la agresión escolar revela mala leche de la autora, una ruindad absoluta o cuando menos una superficialidad que linda con la miseria moral.
Conviene poner las cosas en su sitio. Las expresiones destempladas o violentas no tienen justificación, menos aún cuando provienen de quienes aspiran a ejercer cargos públicos. Un político tiene una responsabilidad especial sobre lo que dice y sobre la manera en que se dirige a los ciudadanos. Ciertamente Rafael López Aliaga en su indignación por lo que consideraba una injusticia cometió un exceso en aquel discurso.
Pero una cosa es condenar esas expresiones y otra muy distinta afirmar que existe una relación directa entre aquellas palabras y la brutal agresión cometida por unos adolescentes dentro de un colegio. Ahí se está dando un salto que no resiste un análisis serio.
¿De verdad podemos sostener que unos muchachos agredieron sexualmente a un compañero porque meses antes escucharon una frase en un mitin? La explicación parece demasiado fácil para un problema que es, en realidad, mucho más profundo.
La violencia entre adolescentes no aparece de la nada. Detrás de ella suelen existir muchas cosas: abandono familiar, falta de límites, presión del grupo, necesidad de demostrar superioridad, ausencia de valores y una preocupante banalización de la violencia. Buscar al culpable en un discurso político puede resultar “ingenioso”, pero también puede hacernos perder de vista a quienes realmente tienen que preguntarse qué está pasando.
La familia sigue siendo el primer lugar donde un niño aprende qué está bien y qué está mal. Allí debería aprender que humillar al otro no es una broma, que golpear a alguien no es un juego y que la fuerza nunca puede convertirse en una forma de imponer respeto.
Lo que no corresponde y es ruín es utilizar una tragedia de esta naturaleza para alimentar la pelea política de todos los días. En este caso, el problema real es la violencia entre jóvenes, la pérdida de límites, la falta de autoridad y una educación que, en algunos casos, parece haber olvidado algo tan elemental como enseñar a respetar al prójimo, reconocer que cada persona es portadora de una dignidad intrínseca.
El Perú necesita una discusión mucho más seria sobre esto. Necesita colegios que no toleren la violencia, padres que no justifiquen lo injustificable y jóvenes que comprendan que sus actos tienen consecuencias. Y necesita también periodistas serios y capaces de entender que una tragedia no puede ni debe convertirse en munición electoral.
La violencia escolar no se combate buscando frases de campaña ni enemigos políticos a los cuales echarles la culpa a través de un malabarismo argumental abyecto. Se combate educando, poniendo límites, exigiendo responsabilidades y recuperando algo que nunca debimos considerar pasado de moda: el respeto por la dignidad y la integridad del otro.
