Por: Luciano Revoredo
El reciente memorándum firmado por el presidente Donald J. Trump para retirar a los Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, convenciones y tratados que se considera contrarios a los intereses nacionales marca un hito en la lucha por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Se trata de una respuesta lógica a décadas de globalismo y progresismo que han promovido agendas supranacionales por encima de los intereses de los Estados y sus ciudadanos.
Durante décadas, una red de organismos internacionales, convenciones y ONGs han actuado como árbitros de políticas que afectan profundamente la vida interna de las naciones. Desde tratados ambientales y sobre derechos sociales, estas instituciones promueven una agenda globalista y progresista que, bajo el pretexto de cooperación internacional, termina imponiendo normas y valores ajenos a las prioridades de cada sociedad.
Los defensores de estas estructuras suelen argumentar que sirven para coordinar esfuerzos en temas como cambio climático, seguridad o derechos humanos. Sin embargo, la experiencia muestra que gran parte de estas organizaciones funciona con una agenda ideológica lejana a los intereses concretos de los pueblos, y muchas veces dirige financiamiento y políticas hacia objetivos que no representan las prioridades de los ciudadanos de los países miembros.
La decisión de la Casa Blanca de retirarse de entidades que considera contrarias a los intereses de los Estados Unidos, desde órganos de la ONU hasta foros globales sobre energía, migración o medio ambiente, responde precisamente a esta erosión de autoridad estatal. El memorándum presidencial ordena a las agencias federales que cesen la participación y financiamiento en aquellos organismos que no representan los intereses estadounidenses, reclamando que estos cuerpos promueven políticas que, más allá de ser ineficientes o redundantes, socavan la soberanía nacional y malgastan recursos públicos.
Para quienes creemos que la autodeterminación soberana de las naciones es un valor innegociable, esta postura constituye una guía a seguir. No se trata de aislamiento irracional, sino de proteger la libertad, la autodeterminación y la soberanía de la injerencia generalmente ideologizada de burócratas internacionales que carecen de legitimidad para imponer sus criterios y límites a las naciones libres.
El Perú, como muchos otros países de Hispanoamérica, ha suscrito numerosos tratados y participa activamente en organismos internacionales y oenegés. Si bien la cooperación internacional puede ser valiosa, también es cierto que en muchos casos estas relaciones han venido limitando la capacidad de decisión soberana del Estado sobre asuntos fundamentales.
Un caso paradigmático de cómo los tratados internacionales pueden implicar una pérdida de control soberano es el del Acuerdo de Escazú. Aunque el Perú firmó este pacto regional en 2018, el Congreso lo rechazó y archivó la ratificación en dos ocasiones, impidiendo que el país pasara de observador a Estado parte con obligaciones vinculantes en materia de derechos ambientales y acceso a mecanismos internacionales. Esta negativa no fue simplemente una decisión técnica, sino una defensa de la soberanía frente a un instrumento que iba a permitir injerencias judiciales y políticas externas sobre decisiones internas, particularmente en temas de recursos naturales y regulación ambiental que afectan directamente a la economía y al desarrollo nacional
La OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han puesto en cuestión decisiones internas del país, a veces con una lógica que parece priorizar agendas foráneas sobre las decisiones legítimas de las instituciones peruanas.
El informe del Global Center for Human Rights, liderado por Sebastián Schuff, revela cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) depende en gran medida de aportes voluntarios de gobiernos europeos, fundaciones globales y oenegés, además de sus presupuestos regulares. Estos fondos extraordinarios, provenientes de entidades como la Fundación Arcus, Trust for the Americas o incluso Estados que no son miembros de la OEA, suelen estar vinculados a proyectos específicos que reflejan agendas progresistas identificables (por ejemplo, derechos LGBTI, aborto o enfoques culturales determinados), lo que genera un sesgo en los informes y recomendaciones de la CIDH que no siempre coincide con las prioridades ni con la soberanía normativa de los países miembros.
El ejemplo estadounidense, desde el retiro del Acuerdo de París, la salida de la OMS o la reciente decisión de Trump de revaluar la membresía en numerosas agencias multilaterales, debería servir de llamada de atención para que el Perú revise sus compromisos internacionales.
Si el globalismo pretende diluir fronteras y subordinarnos a decisiones tomadas por organismos remotos, la respuesta no puede ser pasiva.
La defensa de la soberanía no es un acto de responsabilidad con quienes, legítimamente, depositan su confianza en los gobiernos de sus países y no en instituciones internacionales que muchas veces responden a deplorables lobbies ideológicos de la perversa progresía globalista.
Esos de esos organismos son los comeechados que reciben sus jugosas pagas de la plutocracia internacional que solo busca maximizar sus ganancias su una mina de oro en el Perú, puede hacer que baje el precio del oro, pues se aceita a quien haya que aceitar y se cierra la mina. Y así con todo, tenemos tanto gas natural como Qatar pero no lo podemos explotar porque hay muchos interesados que responden a los dictados de ong que a su vez responden a los dictados de los grandes plutócratas, llámese schwab, soros, fink, etc