Por: Luis Yunis
Da la impresión que la presidente Boluarte quiere hacer los cambios y reajustes necesarios para terminar con cierto honor personal el desastre iniciado por Pedro Castillo, y desde esta tribuna le permito sugerirle a doña Dina que debería tener bien demarcado los conceptos y diferencias entre piratas, corsarios y gobernadores regionales, aunque los tres tienen el mismo objetivo, que es el apoderarse de un botín.
Los piratas son simples ladrones, son delincuentes organizados sin ética ni control de nadie que roban para su propio beneficio, los corsarios hacen lo mismo pero auspiciados por el gobierno para que ataquen y saqueen al enemigo quedándose con parte del botín como pago de sus acciones, y los gobernadores regionales, con honrosas excepciones, son mezcla de ambos y la información es pública en diarios, revistas y medios televisivos. Para muestra un botón:
El 26 de octubre del 2021, el diario “El Comercio”, publica el siguiente titular: “Crisis en las administraciones subnacionales del país. Más de 70 autoridades regionales acusadas” y señala que entre el 2019 y el 2021, un total de 18 gobernadores regionales han sido investigados o sentenciados por delitos de colusión, peculado, cohecho e integrar una organización criminal vinculada a delitos de corrupción. De la misma forma, el Diario “Perú21”, el 13 de diciembre del 2020, publica el siguiente titular: “Los gobiernos regionales siguen siendo el botín de la corrupción”.
De igual manera, la revista “CARETAS” del 13 de noviembre del 2021, publica el siguiente titular: “Corrupción o incapacidad: ¿Cuánto de los presupuestos regionales han sido ejecutados?” precisando que el mapa elaborado por la Universidad del Pacífico revela la incapacidad de gestión para ejecutar obras que beneficiarían a la población y que sobre el nivel de gasto por gobierno regional existen S/. 25,604 millones que no han sido ejecutados por la administración pública en todo el país, demostrando con ello la incapacidad de los gobiernos regionales para poder avanzar con los proyectos.
El diario digital INFOBAE, publica el 26 de octubre del 2021, el siguiente titular: “18 gobernadores y 52 funcionarios son investigados por delitos de corrupción en el Perú”, y la Base de Datos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción precisa en su Informe Temático que la corrupción involucra a las 24 regiones del país y a la Provincia Constitucional del Callao entre los años 2002 y 2014, lo cual no sólo es alarmante, sino que es impresionante, perturbador y terrorífico, porque sus tentáculos podrían llevarnos al Parlamento, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Ministerio Público e incluso a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Iglesia.
No cabe duda, que la descentralización en su momento generó diversas posiciones políticas de esperanza respecto a su desconcentración de la centralización limeña, hubo cuestionamientos sobre sus recursos, polémica sobre sus transferencias de funciones, controversias respecto a su reordenamiento y debates en cuanto a organización social, económica y política; pero lo que lamentablemente nos muestra la realidad es que con el transcurrir de los años, los gobiernos regionales se han visto envueltos en un círculo de corrupción altamente alarmante, con el atraso que ello conlleva en perjuicio de todos, motivo por el cual se hace indispensable e indiscutible que doña Dina mire atenta y con lupa, desde una perspectiva técnico – normativa del más alto nivel la labor de los gobiernos regionales y proceda a las modificaciones, correcciones, iniciativas y disposiciones a que hubiere lugar.
Y para lograr su cometido debe empezar a contar con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que ha sido la gran ausente en el proceso de esta reforma moderna, a fin de que proceda con los cambios y avances de una verdadera descentralización ágil y dinámica que permita resolver el problema de la burocratización, lentitud y ausencia de capacidades, dando pase a una gestión donde se premie el mérito, la simplificación administrativa, la capacidad de administración de recursos, implementación de los mismos, eficiencia y efectividad en la administración moderna, y especialmente contrarrestar prioritariamente los altos índices de corrupción escandalosamente generalizada; caso contrario, seguiremos con el tormento de piratas y corsarios en detrimento de los más necesitados, y sin duda, del Perú en general.
