Por: Juan Luis Vásquez Budge
Si contáramos con un JNE independiente, PL se quedaría sin su vicepresidente Boluarte, porque la justicia haría su trabajo y la Ley se aplicaría de oficio, sin mayores trámites ni necesidad de denuncias. Pero no es así, prueba de ello es que no la respeta el partido político, no la respeta la fiscalía, y menos la respetan las autoridades electorales y al parecer, nada hará que esto cambie. Incluso recurren a la amenaza, denuncia y chantaje, de la mano de Sagasti y la fiscal de la nación y cualquier hecho o dicho reclamando justicia, respeto o transparencia, es contrarrestado inmediatamente con alguna acción judicial o con amenazas de violencia, como que dinamitaran las casas de quienes se oponen, serán procesados por sedición e incitación a la violencia o correrá sangre.
Más cínica, parcializada y prepotente, no puede ser la actitud de todas las instituciones del Estado, incluida la presidencia interina; ninguna escucha la demanda de, según ellos, el 49.9% de peruanos, cuando sabemos perfectamente que no es así. Esas cifras reflejan lo que el JNE y la ONPE han conseguido por no aceptar evaluar evidencias de irregularidades descubiertas durante el proceso en Mesa y en la propia ONPE. Prueba de ello, es que el 70% de peruanos considera que éste no ha sido limpio, y no es mayor el numero porque quienes votaron por Castillo jamás lo reconocerán.
Pero lo peor es que ante las pruebas irrefutables de irregularidades, las autoridades electorales son prusianas al momento de actuar y priorizan la “forma” en lugar del fondo, y en lugar de aplicar justicia y buscar la verdad, la aplican estrictamente desconociendo la contundencia de los reclamos, exigiendo “pruebas” que ellos mismos guardan irregularmente en sus bóvedas y no las facilitan argumentando que contienen información privada y personal, dando más importancia a la hora de recepción de la demanda que al delito descubierto, colocando todas las barreras y obstáculos delante de aquellos que quieren hacerse escuchan, para demostrar que existieron hechos dolosos que revertirían el resultado tan ajustado.
Esto lo sabemos todos, y con mayor razón los propios perpetradores, por eso la única explicación que encuentro, es que no existe voluntad alguna para esclarecer el proceso y seguirán recurriendo a todas las leguleyadas que existan y al propio caballazo si es necesario para proclamar a Castillo, porque ese es el objetivo, sin importar el costo y el daño que le están haciendo al país, ya una vez en el
Poder, no saldrán, de modo que ni siquiera tendremos la posibilidad de pedirles cuentas dentro de 5 años porque todo estará manipulado de forma tal, que permanecerán por muchos años como en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
