Por: Luciano Revoredo
El sacerdote catalán Jordi Bertomeu, conocido como el “Agente 007 del Vaticano” por su rol en investigaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, ha quedado expuesto como un operador eclesial prepotente, cuyas asociaciones con personajes de dudosa reputación y prácticas cuestionables han generado una tormenta de críticas.
Informaciones recientes publicadas por el diario El Español, el portal Infovaticana y otros medios, revelan un patrón de conflictos de interés, abuso de poder y maniobras opacas que comprometen la credibilidad de Bertomeu y cuestionan la legitimidad de sus acciones en el Perú, particularmente en la disolución de movimientos católicos como el Sodalicio de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios y la persecución en curso de Pro Ecclesia Sancta.
Este artículo se centra en la figura de Bertomeu, exponiendo cómo su arrogancia y alianzas con figuras controvertidas han dañado a la Iglesia y traicionado la confianza de los fieles.
El epicentro del escándalo es la estrecha relación de Bertomeu con Manel Riera Cunill, un exasesor de Convergència i Unió (CiU) investigado por corrupción urbanística y malversación de más de 4,6 millones de euros en Moià, Barcelona. Según El Español, Riera, nombrado por el Arzobispo de Lima Carlos Castillo, como interventor de Pro Ecclesia Sancta y liquidador de las Siervas del Plan de Dios, carece de experiencia en protección de menores o gestión eclesial. Su única credencial es la “Company for the Protection of Minors”, una empresa británica con empleados ficticios generados por inteligencia artificial, incluido un supuesto CEO llamado Tim Smith.
Tras las revelaciones de El Español, la web de esta empresa eliminó toda evidencia de estos “trabajadores fantasmas”, y la plataforma “We Are Free”, otra iniciativa opaca de Riera para recaudar fondos, fue desconectada.
Riera no solo opera con un historial manchado, sino que ejerce un poder desmedido en el Perú. Documentos internos obtenidos por El Español revelan que, en una reunión del 22 de agosto de 2024, Riera controlaba los temas financieros de las Siervas del Plan de Dios, prohibía comunicaciones externas, exigía confidencialidad absoluta y amenazaba con retirar cualquier ayuda si no se seguían sus directrices.
Su tono prepotente se repitió en un correo a Pro Ecclesia Sancta, donde advirtió: “O cambiáis el discurso que utilizáis, tanto hacia nosotros como hacia el exterior, o no hará falta que continuemos”. Estas acciones, respaldadas por Bertomeu, reflejan una actitud autoritaria que contrasta con la supuesta misión de justicia y transparencia que el sacerdote debería representar.
Lo más grave es que Riera tenía información confidencial sobre la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana cinco meses antes de su anuncio oficial en enero de 2025, un dato que solo pudo haber obtenido de Bertomeu, quien lideraba la investigación. Esta complicidad entre ambos catalanes proyecta una sombra de ilegalidad sobre los procesos de disolución, sugiriendo que Bertomeu utiliza a Riera como un operador sin controles para ejecutar sus agendas personales.
En anterior artículo titulado “La red de amistades peligrosas de Jordi Bertomeu” expusimos cómo el sacerdote se rodea de figuras que comprometen su imparcialidad. Una fotografía publicada por El Español muestra a Bertomeu en un evento privado en Roma, celebrando con vino junto a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, ambos críticos feroces del Sodalicio, y los reporteros católicos Elise Ann Allen y John L. Allen de Crux. Este encuentro ocurrió un día después de la expulsión de varios miembros del Sodalicio, evidenciando una relación de complicidad con quienes abogan por la disolución del movimiento. Como advertimos en esa nota en La Abeja, “la cercanía de Bertomeu con las voces más críticas del Sodalicio, en su rol de investigador imparcial, equivale a un juez confraternizando con los fiscales en un caso penal”. Esta falta de neutralidad socava la legitimidad de las investigaciones vaticanas en el Perú.
Salinas, condenado en 2019 por difamación agravada contra el arzobispo de Piura, y Ugaz, colaboradora de La República, han liderado una campaña mediática contra el Sodalicio, con 69 artículos publicados entre marzo de 2024 y febrero de 2025, muchos de los cuales citan a ambos como fuentes principales. La relación de Bertomeu con estos periodistas, documentada en la fotografía, sugiere que compartió información privilegiada para alimentar su narrativa, comprometiendo el debido proceso. Infovaticana reportó que la disolución del Sodalicio fue filtrada a este medio por dos de sus miembros antes del anuncio oficial, lo que obligó al movimiento a confirmar la decisión prematuramente. Esta filtración, muy posiblemente orquestada por Bertomeu o su círculo, refuerza las acusaciones de manipulación.
Bertomeu no solo se asocia con figuras cuestionables, sino que actúa con una prepotencia que raya en el abuso de poder. Infovaticana y El Español destacan que el sacerdote, apodado “007” por su rol en investigaciones de alto perfil, ha sido acusado de violar el debido proceso en el caso del Sodalicio. El periodista peruano Alejandro Bermúdez, expulsado del movimiento por orden del Papa, calificó la investigación de Bertomeu como “profundamente defectuosa, marcada por una violación flagrante del debido proceso, desprecio por la verdad y un sesgo ideológico”.
Un ejemplo claro de esta prepotencia es la amenaza de excomunión contra dos laicos peruanos, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, quienes denunciaron a Bertomeu por filtrar información reservada. Ambos recibieron una notificación en septiembre de 2024 acusándolos de “incitar odio contra la Santa Sede” y “obstaculizar el libre ejercicio del poder eclesiástico”. Aunque el Papa anuló la amenaza tras reunirse con ellos, el incidente revela el carácter intimidatorio de Bertomeu, quien parece dispuesto a silenciar a sus críticos con medidas draconianas.
Además, El Español informa que Bertomeu y Riera han presionado a órdenes religiosas como Pro Ecclesia Sancta y las Siervas del Plan de Dios con tácticas coercitivas. Riera, amparándose en la autoridad de Bertomeu, exigió a estas comunidades “rehacer” sus respuestas para que el sacerdote pudiera presentar un “informe creíble” al Papa, una clara manipulación de los procesos canónicos. Estas acciones no solo reflejan un desprecio por la autonomía de las instituciones religiosas, sino también un intento de imponer una agenda ideológica que favorece a sectores progresistas, como la Compañía de Jesús, en detrimento de movimientos conservadores. Al parecer la ola de extorsionadores que afecta al Perú también ha llegado a la Iglesia.
El trasfondo de las acciones de Bertomeu en el Perú apunta a una reconfiguración de la Iglesia Católica en América Latina, con la Compañía de Jesús consolidando su hegemonía.
El Español señala que los jesuitas han fortalecido su influencia a través de instituciones educativas como la Pontificia Universidad Católica del Perú y el nombramiento de figuras como Gilberto Vizcarra como arzobispo de Trujillo. La disolución del Sodalicio, las Siervas del Plan de Dios y la intervención de Pro Ecclesia Sancta, todos movimientos de espiritualidad conservadora, parecen responder a un esfuerzo deliberado por debilitar a estos sectores y favorecer una narrativa progresista.
Bertomeu actúa como un “operador eclesial” que, lejos de buscar justicia para las víctimas de abusos, utiliza su autoridad para avanzar una agenda ideológica. Su alianza con Riera, un personaje con un historial de corrupción, y su cercanía con periodistas como Salinas y Ugaz, conocidos por su activismo contra la iglesia, refuerzan esta percepción.
Jordi Bertomeu, presentado como el paladín de la justicia contra los abusos en la Iglesia, ha quedado desenmascarado como un operador prepotente que se asocia con personajes de dudosa reputación y manipula procesos eclesiales para servir intereses ideológicos. Su alianza con Manel Riera, un exasesor corrupto con empresas fantasma, y su confraternización con periodistas y activistas enemigos de la iglesia como Pedro Salinas y Paola Ugaz comprometen la imparcialidad de las investigaciones vaticanas en el Perú. Las amenazas, filtraciones y tácticas coercitivas de Bertomeu han dañado a la Iglesia, traicionando la confianza de los fieles y ensuciando la misión de sanar las heridas de las víctimas de abusos.
En un momento en que la Iglesia Católica enfrenta una crisis de credibilidad, figuras como Bertomeu representan lo peor de la institución: arrogancia, opacidad y abuso de poder. Es hora de que el Vaticano reevalúe el rol de este “Agente 007” y garantice procesos transparentes que respeten la verdad y la justicia. Los fieles peruanos, y la memoria de quienes han defendido la fe en el país, merecen algo mejor que un sacerdote que opera en las sombras con amistades peligrosas.
