FIGO EN PÁNICO: ELIMINA SU WEBSITE TRAS INFORME DE POPULATION RESEARCH INSTITUTE
Por: Carlos Polo
A inicios de abril, Population Research Institute (PRI) publicó el informe titulado “FIGO: Financiación de USAID y la promoción del aborto en Iberoamérica, Europa y Asia”. En él se revela lo que por años ha estado encubierto bajo una fachada científica: que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), lejos de poner el énfasis en la investigación médica o a la mejora de la salud materna, opera como una herramienta de control poblacional con énfasis en la promoción global del aborto.
El informe recopila evidencia tomada directamente del sitio web de FIGO y de otras fuentes públicas, exponiendo con claridad su agenda política: despenalizar el aborto en todos los países y garantizar su acceso irrestricto. No se trata de una interpretación ideológica: son sus propias publicaciones, declaraciones y acciones las que la delatan. FIGO actúa como una plataforma de incidencia al servicio de la industria abortista internacional.
Ante la publicación del informe, la reacción de FIGO fue reveladora: en lugar de responder con argumentos o desmentidos, optaron por eliminar por completo su sitio web. Esta decisión demuestra cuán incómodas fueron las pruebas expuestas. El informe no hizo más que compilar información ya publicada por la propia organización, lo que evidencia que FIGO se sintió vulnerable por primera vez en mucho tiempo. La maniobra no solo confirma la veracidad de lo denunciado, sino que expone una estrategia de ocultamiento ante una verdad que ahora les resulta imposible de refutar.
Este tipo de reacción no es un hecho aislado. En marzo de este año, tras el cierre de USAID, empleados de la agencia recibieron instrucciones de destruir documentos clasificados y archivos sensibles en su sede de Washington D.C., según correos enviados por su secretaria ejecutiva interina, Erica Carr. Ambas situaciones reflejan un mismo patrón: ocultar huellas ante investigaciones que desenmascaran agendas ideológicas financiadas con fondos públicos.
Hoy, FIGO —una de las principales promotoras del aborto en el mundo— está en pánico. Nuestro informe los incomodó, los expuso, los obligó a retroceder. Los activistas proaborto, acostumbrados a operar con impunidad y a contar con el apoyo de grandes recursos y aliados internacionales, ahora se enfrentan a una verdad que no pueden negar. Se esconden, y eso no es casual: es fruto de una investigación rigurosa, de un trabajo serio y valiente.
Este es un momento crucial. No podemos dejarlo pasar. Es hora de redoblar esfuerzos para que este informe circule por todos los medios, redes, instituciones y espacios de incidencia. Cuanto más se conozca, más difícil será que continúen con su estrategia de manipulación y silencio. Cada persona informada es un muro más que se levanta contra la mentira disfrazada de ciencia. Estamos ante una oportunidad histórica. FIGO está contra las cuerdas. Sigamos golpeando con la fuerza de la verdad. Cuando la verdad se difunde, salva vidas.
A simple vista, FIGO aparenta ser una federación médica legítima, conformada por sociedades de ginecología y obstetricia de más de 130 países. Su nombre —“Federación Internacional”— y su lenguaje técnico le otorgan una apariencia de autoridad, incluso similar a la de un organismo multilateral, lo que facilita su influencia en países con escasa fiscalización pública. Sin embargo, su contenido revela una agenda clara: promoción del aborto como eje de su acción internacional.
Lejos de centrar su atención en problemas urgentes como el cáncer de cuello uterino o las infecciones ginecológicas, FIGO dedica su estructura y recursos a organizar foros, publicar guías, formar profesionales y financiar campañas de legalización del aborto. El informe de PRI muestra cómo esta organización trabaja directamente con gobiernos y sociedades médicas nacionales para influir en la elaboración de políticas públicas que favorezcan el aborto, incluso en países donde este está restringido legalmente, como Perú, Colombia o Brasil.
En estos países, FIGO despliega estrategias de advocacy, capacita personal médico y promueve la distribución de misoprostol y mifepristona, fármacos usados para abortos. Uno de los elementos más graves del informe es que la organización no solo impulsa el aborto legal, sino que protege a quienes lo practican ilegalmente. Ha emitido directrices para que los médicos no denuncien abortos fuera del marco legal, ha promovido el aborto autogestionado sin supervisión médica y ha presionado por eliminar la objeción de conciencia profesional.
Incluso ha llegado a defender el aborto en embarazos avanzados, avalando métodos como la inducción de asistolia fetal —una inyección al corazón del feto para provocarle la muerte—. En Brasil, por ejemplo, FIGO criticó al Consejo Federal de Medicina por prohibir este procedimiento, alegando que cualquier restricción al aborto constituye una violación de los derechos humanos.
La evidencia es contundente: FIGO no es una organización científica ni médica en sentido estricto. Es una entidad ideológica cuya prioridad es la despenalización global del aborto. No promueve el debate, ni respeta la diversidad de criterios médicos o éticos sobre la vida prenatal. Su misión es imponer un modelo único, sin objeciones ni disidencias.
Pánico también en el Perú
La plataforma ciudadana Padres Peruanos ha denunciado la práctica sistemática de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), así como la aprobación de una guía institucional que amplía irregularmente las causales del aborto en el país. A través de una petición ciudadana, miles de peruanos han exigido al ministro de Salud, César Vásquez, la derogación inmediata de esa guía.
Según fuentes de medios afines al aborto legal, los responsables del INMP podrían ser removidos de sus cargos y la guía, anulada. Pero más allá de estos movimientos internos, lo relevante es que ha quedado al descubierto un plan impulsado y financiado desde el extranjero para modificar la legislación peruana.
En 2018, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (SPOG) recibió una encomienda directa de FIGO para instalar en el Perú el llamado Comité de Aborto Seguro. Su objetivo era claro: infiltrar el sistema de salud para promover la legalización del aborto desde dentro. Como parte del plan, FIGO organizó un taller en Londres, del 28 al 29 de mayo, donde se definieron estrategias para diez países. Por el Perú asistió el ginecólogo Miguel Gutiérrez, quien luego lideró la implementación de este programa en el país.
La meta era vaciar de contenido el protocolo de Aborto Terapéutico vigente, ampliando tanto sus causales que cualquier aborto pudiera ser considerado “terapéutico”. Después de cinco años de trabajo silencioso, el plan dio resultado: el INMP aprobó una guía institucional que incluía como causales la violación y las malformaciones congénitas, ambas consideradas delito según el artículo 120 del Código Penal peruano.
El ministro de Salud, César Vásquez, tiene la responsabilidad de frenar la injerencia de ONGs extranjeras como FIGO en las decisiones nacionales. No puede quedar duda de su compromiso con la ley: debe derogar la norma aprobada por el INMP y promover las sanciones correspondientes contra los médicos que hayan practicado abortos ilegales en la institución.
Puedes leer el informe completo de Population Research Institute aquí:
https://www.pop.org/informe-figo-financiacion-de-usaid-y-promocion-del-aborto-en-iberoamerica-africa-y-europa/
