Por: Luciano Revoredo
En una democracia saludable, la transparencia no es una concesión del poder, sino un derecho inalienable del ciudadano. Por ello, resulta alarmante que el Poder Ejecutivo pretenda introducir una reforma que apunta directamente al corazón del periodismo de investigación: la creación de un delito por revelación de información reservada en procesos penales.
Sin embargo, defender la libertad de información exige también denunciar su perversión. No podemos avalar el uso direccionado y mafioso de información seleccionada por oenegés ideologizadas. Estas organizaciones, financiadas por intereses ajenos al país, se han especializado en el sicariato mediático: filtran datos a conveniencia para difamar y perseguir a quienes se atreven a cuestionar la “verdad oficial” o lo políticamente correcto impuesto por la mafia caviar.
El escenario actual es de una doble tenaza contra la verdad. Por un lado, una ley que busca el silencio estatal; por el otro, un sistema de filtraciones selectivas que busca la muerte civil de los opositores al pensamiento único. Mientras el ciudadano común permanece desprotegido, ciertas oenegés privilegiadas actúan con una impunidad que les permite decidir quién es culpable antes de cualquier juicio, utilizando la reserva de los procesos como un arma de destrucción política.
Desde la dirección de La Abeja, medio que durante una década ha defendido la libertad como valor supremo, observamos con preocupación que se intente maquillar esta “Ley Mordaza” con promesas de respeto al secreto profesional. Pero la realidad es matemática: si se penaliza la fuente, se asfixia la noticia. Pero también es cierto que si se permite que la información sea capturada por agendas particulares, se corrompe el propósito mismo del periodismo.
La libertad de expresión debe ser irrestricta, pero también debe ser honesta. No hay libertad cuando el Estado oculta información, ni cuando mafias de intereses ideológicos la manipulan para perseguir a quienes resultan incomodos. El Estado debe entender que la reserva de una investigación no puede estar por encima del derecho de la sociedad a defenderse de la corrupción, pero tampoco puede ser el juguete de agentes interesados en silenciar la disidencia.
Es momento de que la sociedad se mantenga vigilante frente a estos dos frentes. La luz del escrutinio público es la mejor desinfección para las instituciones, siempre que esa luz ilumine a todos por igual y no sea dirigida únicamente hacia donde la agenda caviar decide. Apagar la luz es abrirle la puerta a la impunidad; manipularla es abrirle la puerta a la tiranía ideológica.
