Política

EL VIRUS NO SABE DE GÉNERO

Alberto de Belaunde y Daniel Olivares. Foto: Facebook.

Por: Yorry Warthon

En la reciente campaña electoral para el Congreso de la República 2020, se presentaron centenares de candidatos para obtener la confianza del electorado y anotarse en un escaño a fin de servir a la patria.

Ya instalados, los nuevos miembros del congreso -complementario- tenían una agenda pendiente. Temas como la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), legislación sobre economía, seguridad, salud y educación, reforma constitucional, etc. Una agenda que a la fecha no sido ejecutada del todo. Sobre la función y facultad de fiscalización que ostenta cada congresista, poco o nada podemos decir. El ejecutivo tiene un nulo e inexistente contrapeso político.

La pandemia actual agudiza el panorama político y lo ha variado, indefectiblemente. La agenda país cambió dramáticamente. Entonces, desde que inició la crisis en el Perú, todos los poderes del Estado debiesen estar alineados para enfrentar la emergencia sanitaria nacional. Esto es lo que nos dicta el sentido común frente a una crisis que amenaza sin distinción.

Por eso resulta, por decirlo menos, desconcertante que dos congresistas del Partido Morado, los congresistas De Belaunde y Olivares, -en pleno Estado de Emergencia nacional y en la etapa más crítica de la pandemia- intenten llevar al debate congresal la posibilidad de que un niño o adolescente, esto es, un menor de edad, pueda otorgar consentimiento para modificar la identidad de su sexo en el DNI.

Claro, el Proyecto de Ley es más elegante e indica lo siguiente “…niños, menores de edad pueden dar consentimiento para la rectificación de sus documentos de identidad en relación con su expresión de género o identidad”. En términos más sencillos, al menor se le estaría facultando legalmente a consentir el cambio/modificación de su sexo en el Documento Nacional de Identidad.

Pero el problema no se reduce a esto. El Proyecto de Ley va más allá. Menciona que la “rectificación” del cambio del sexo en el DNI puede gestionarse por uno de los representantes legales del menor de edad. Esto permite interpretar que se vislumbra la posibilidad de que tanto el padre, como la madre, o el tutor (de ser el caso), todos juntos o separados, puedan iniciar el procedimiento del cambio. Hasta aquí, parece ser que el Proyecto de Ley ha ponderado la formula y ha camuflado con maestría lo engañoso que es esto para la familia peruana.

Bien, aquí viene el desenlace. El Proyecto de Ley indica que en el caso que no sea posible que ningún representante legal del menor de edad brinde su asentimiento para gestionar el cambio de sexo, se recurrirá al proceso sumarísimo en vía no contenciosa para que se decida en sede judicial, conforme los principios de interés superior y capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes.

En buen romance, el Proyecto de Ley garantiza -mediante una vía legal veloz- la posibilidad de rectificar la identidad del menor por un juez. Incluso, en caso los padres se opongan. Al final, los padres perderían cualquier tipo de autoridad siendo desplazados por una decisión judicial. Total, si el menor consiente el cambio, el Poder Judicial tiene la última palabra. ¿Notan la jugada?

La potestad de la formación y guía del menor hasta que alcance la suficiente edad en la que pueda definir su orientación sexual es la de los padres. Esto es lo que deseen colocar en riesgo.

Si esta ley prospera, sumada a la fuerte introducción de la ideología de género en la educación escolar, será una combinación que traerá con mayor agresión la hipersexualización de los menores, quienes de alguna manera se verán inducidos hacia determinadas tendencias, en una etapa formativa en la que son vulnerables emocionalmente.

En el corto plazo, no nos sorprenderá ver sendas demandas de cambio de sexo de menores en los juzgados, impulsadas por ONGs y Colectivos ya conocidos. Peor aún, y hay que decirlo con firmeza, podríamos enfrentar un escenario en el que el Poder Judicial deba atender denuncias por relaciones sexuales entre adultos y menores, en una zona gris en donde será difícil determinar el alcance del “consentimiento del menor” que otorga esta ley.

Más allá del análisis del fondo de la ideología de género en el Perú, es repudiable conocer de estas propuestas legislativas justo en el epicentro más crítico de la pandemia en nuestro país. Atender y llevar al debate estos temas en medio de una emergencia sanitaria que cobra vidas a cada instante, es un golpe bajo para la opinión pública que concentra todas sus energías en mantener el control, la calma, y cumplir las disposiciones del gobierno central.

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