La columna del Director

DELITOS Y MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA EN EL MINEDU: INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Por: Luciano Revoredo

Hace unos meses un escándalo remeció el escenario político. Se trataba de un tema que venía de años atrás, pero que llegó a su culmen cuando se denunció contenidos inadecuados en  los textos escolares. Se puso en evidencia que estos contenidos respondían a planteamientos de la llamada ideología de género, tergiversaban nuestra historia y estaban sesgados ideológicamente.

Es decir, deliberadamente se corrompía a los niños peruanos. Los textos tenían información sexual absolutamente inadecuada, desde incitaciones a la masturbación, hasta la desnaturalización de los más elementales conceptos de sexualidad, manuales de lubricación anal y la normalización de las más aberrantes conductas.

Por otro lado se mostraba la historia con anteojeras marxistas, se injuriaba a las fuerzas armadas, y se les culpaba de todo tipo de excesos, incluyendo información calumniosa contra los héroes de la operación Chavín de Huántar. Obviamente no se habla de terrorismo, ni se dice la realidad de lo que fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Se habla de conflicto armado interno, poniendo al mismo nivel a las fuerzas del orden con las organizaciones terroristas.

Es ante esta aciaga realidad que el Congreso de la República otorga facultades investigadoras a la Comisión de Educación que preside la Congresista Milagros Salazar, para que investigue este asunto. El encargo se ha cumplido con acuciosidad y seriedad.  El informe final fue aprobado por mayoría y ha encontrado irregularidades en los textos escolares desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas, hasta la del ex ministro Daniel Alfaro, más recordado por su vergonzosa incursión en el cancionero infantil bastardeando el clásico Arroz con leche que por su desastrosa gestión.

Algo muy serio es que el informe de la Comisión da cuenta de serias evidencias que estos deplorables contenidos estarían claramente relacionados con el perfil y posiciones personales de algunos funcionarios del más alto nivel dentro del MINEDU, que al permitir contenidos inapropiados en los textos escolares, han incurrido en graves vulneraciones a los derechos constitucionales de padres, madres y estudiantes en general. Más aún al impartir una educación sexual que inculca a los menores que vivan su sexualidad libremente, de forma prematura sin considerar su desarrollo natural, planteándoles la “solución” de los anticonceptivos y el aborto, pasando por alto el derecho de sus padres a educarlos conforme a sus convicciones y creencias.

La Comisión también ha concluido que  el Currículo Nacional de Educación Básica del 2016 establece un equivocado “Enfoque de igualdad de género”, que busca homogeneizar a los sexos bajo un enfoque ideológico buscando imponer un pensamiento único, que es inconstitucional, ya que vulnera la libertad (expresión, conciencia y religión) de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.

Todo esto en el aspecto sexual, pero se ha establecido también que el actual Currículo Nacional  omite definir la violencia terrorista, sus líderes y cómo estos atentaron y atentan contra los derechos de las personas y la seguridad ciudadana. Tampoco se plantea una posición a favor del respeto de la institucionalidad democrática frente a la violencia terrorista. El tratamiento del terrorismo en el país, desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas hasta la fecha, es lamentable y deliberadamente sesgado, desconociendo el derecho de los niños y jóvenes a conocer la verdad.

Se busca desprestigiar el sistema político instaurado en los años 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su conjunto, y someter a los estudiantes a un lavado de cerebro de carácter ideológico imponiendo una visión izquierdista de la vida y la sociedad.

A todo esto se suman diversas y muy serias  irregularidades en las adquisiciones y distribución de los materiales educativos. Errores graves en libros de matemáticas, errores ortográficos y verdaderos desastres en los textos de inglés, entre otros.

Otro aspecto a tener en consideración es la presencia de oenegés que actúan al margen del Estado y usufructúan recursos, a través de consultorías muchas veces como se ha visto con claridad incluso contra el interés de los estudiantes y sus padres. El financiamiento de estas oenegés proviene de entidades cooperantes, generalmente en función a sus propios intereses y no a los del país, para alentar políticas, como el nuevo orden mundial, los postulados de género e imponer el pensamiento único.

Como consecuencia de todo esto la Comisión ha encontrado diversos grados de responsabilidad. Responsabilidad política en el caso de los exministros Patricia Salas O´Brien, Jaime Saavedra Chanduvi, Marilú Doris Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y la actual ministro Flor Pablo Medina. Así como responsabilidad política y administrativa en el caso de los ex viceministros José Martín Vegas Torres, Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, Liliana Miranda Molina, Guillermo Manuel Molinari Palomino, Susana Carola Helfer Llerena, y la actual viceministro Patricia Andrade Pacora.

Se ha encontrado también evidencia de la vulneración de diversos derechos, tales como los derechos de los padres en la educación de sus hijos y también diversas normas constitucionales. También se ha detectado la vulneración de la Ley General de Educación y  la Política Educativa y los contenidos curriculares desarrollados en el Proyecto Educativo Nacional. Y tal vez lo más grave: la vulneración la libertad de enseñanza en la aplicación del errado concepto de género y al derecho a una información adecuada en el caso del terrorismo en el Perú.

La Comisión ha encontrado también evidencias de delitos contra la administración pública y violación de las normas de contrataciones del estado.

Son muchos más aspectos dignos de mención, sin embargo un informe de más de mil quinientas páginas sin duda no puede ser condensado en el breve espacio que permite un artículo periodístico como este. Sin embargo cabe destacar que el  trabajo de la Comisión de Educación es merecedor de encomio y reconocimiento. La congresista Milagros Salazar ha cerrado brillantemente su gestión, asumiendo la defensa de los educandos, la educación libre y democrática y los derechos de los padres. Estaremos atentos a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión y a su próxima aprobación en el pleno del Congreso de la República.

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