Iglesia y sociedad

CATÓLICOS, POLÍTICA Y LEGÍTIMA LAICIDAD

Por: Erika Valdivieso L. (1)

Más de una vez hemos escuchado a políticos católicos decir – palabras más, palabras menos – “soy católico, pero represento a todos” o “mi fe no tiene nada que ver con mi papel político”, entre otras afirmaciones que pretenden separar dos ámbitos importantes de la vida.  Por lo demás, en una sociedad como la actual, ciertamente son recibidas con agrado (y por eso las dicen, claro está), porque se piensa, o que la fe y la religión son algo que se practica de las puertas de la casa o del templo hacia adentro; o que se puede separar el hecho de ser católico, del ser político o ser profesional. En otras palabras, pareciera que el consenso es: para que un católico participe en la política, debe olvidarse que es católico.

Pero, ¿esto es así? ¿Se puede vivir de manera coherente, si se deja de lado la fe, la religión o la moral, cuando se participa en política? ¿Los católicos, pueden participar en política?

Un documento que aclara estas y otras dudas es el elaborado por la Congregación para la doctrina de la fe, el año 2002 (2), que se añade a la larga lista de contenido doctrinal que ha emitido la Iglesia católica sobre este tema. En función a estos documentos, intentaremos brevemente responder a estas preguntas.

Para empezar, “Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común” (3), esto debido a que nuestra tradición nos compromete gravemente con la promoción y defensa de los principios básicos que garantizan la convivencia social y la vida de las personas que, por corresponderse con la naturaleza propia del hombre, son universales.

Sin embargo, ¿es posible defender valores universales en un ambiente de relativismo y pluralismo ético? Queda claro que en la actualidad no se cree en la existencia de una moral objetiva, sino en la construcción de la moral en función de las libertades (mal entendidas) del sujeto. Cada quien se constituye en la medida de su propia moral, por tanto, cada vez es más difícil decir qué valor o principio resultaría irrenunciable si de lograr la convivencia pacífica se trata.

Por ello, la participación de los católicos en la política, para la defensa de los valores humanos fundamentales es tanto un deber como un derecho. Estamos llamados a hacerlo, desde los diferentes espacios que nos ofrece la vida democrática. Sea desde un voto responsable en cada elección, sea con su participación activa en instituciones y partidos políticos, sea en la función pública  o legislativa, siempre teniendo en cuenta que “los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio” (4).

Estos valores, a los que como católicos, no debemos renunciar, sino más bien promover, reivindicar y defender, tienen que ver con la promoción de la vida desde la concepción (y la protección del estatuto jurídico del embrión humano), hasta la muerte natural. Esto significa una férrea oposición a cualquier ley que intente promover el aborto o la eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima). Tienen que ver con la promoción de la familia, como el espacio insustituible, para desarrollo integral del individuo. Una familia fundada en el matrimonio, institución natural que se sustenta en la diferencia entre los sexos, al que no pueden equipararse otras formas de convivencia que, de acuerdo a su naturaleza particular, tendrá un régimen jurídico también particular. Tienen que ver con la libertad de los padres en la educación de sus hijos y con la defensa del interés superior del niño. Tienen que ver con la defensa de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (drogas, explotación sexual, vientre de alquiler). Y por supuesto que tienen que ver con la defensa de la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad. Tienen que ver, en definitiva, con la promoción de la paz (5).

Podemos observar diariamente que cuando un católico pretende defender estos aspectos de la vida, inmediatamente se dice “somos un Estado laico” o “esto es imposición religiosa” y se descalifican sus intervenciones. En realidad, se trata de una descalificación injusta porque no se trata solo de una defensa desde la fe, sino que, al tener como fundamento la naturaleza humana, tienen la racionalidad que se requiere, precisamente, para ser discutidos en el espacio político. Por eso, “aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia individual, pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante” (6)

Quienes promueven un discurso de intolerancia frente a la participación de los católicos en la política, consideran erróneamente que dicha participación tiene que ver con la identificación de  la ley religiosa con la civil. Claramente esto no es así. Todos los fieles católicos son (y deben ser) conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del Estado. Y en una adecuada comprensión de la laicidad, “el Estado no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público” (7).

La laicidad bien entendida, se enmarca en la relación individuo – Estado, porque es el individuo el llamado a participar en la vida política. La Iglesia en cambio, “por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política”(8),  lo que no impide que sea “signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana” y que respete y promueva “la libertad y la responsabilidad política de sus ciudadanos”(9) y finalmente, que se pronuncie en defensa de la persona cuando los actos del Estado atentan gravemente contra su dignidad.

Bajo estas premisas, solo queda que cada católico asuma con coherencia y convicción su papel en la consecución del bien común, confiando en que, en una sociedad democrática como la nuestra, puede ejercer sus derechos y deberes, sin ningún tipo de intolerancia.

 

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[1] Abogada. Docente adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
[2] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, NOTA DOCTRINAL, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_sp.html
[3] Idem §2
[4] Catecismo de la Iglesia Católica, §2235
[5] Cfr. Congregación para la doctrina de la fe…. Op. Cit. §4.
[6] Cfr. Congregación para la doctrina de la fe…. Op. Cit. §6.
[7] Cfr. Congregación para la doctrina de la fe…. Op. Cit. §7
[8] Catecismo de la Iglesia Católica, §912
[9] Ídem

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