ALERTA ROJA CON LA CONECTIVIDAD RURAL EN EL PERÚ, EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Por: Fernando O`Phelan y el equipo de Pro Justicia

En el Perú, las condiciones de pobreza siguen afectando a la población, principalmente en zonas rurales y aisladas, donde las condiciones de salud y educación, por citar algunos sectores, son paupérrimas. Pese a los esfuerzos que se puedan desplegar desde los gobiernos de turno, la pandemia por la Covid-19 ha contribuido a que las brechas sociales sean cada vez más notorias y no permitan que las políticas públicas surtan un real efecto.

Y lo serán todavía más si es que en las actuales condiciones, el actual gobierno de Pedro Castillo Terrones no prioriza cuanto antes medidas urgentes para mejorar aspectos como el de la conectividad en el país, principalmente porque en un contexto de pandemia la modalidad del teletrabajo, la educación a distancia, la telemedicina, las transferencias de efectivo digitales, entre otras, han cobrado un mayor protagonismo.

La brecha digital en el país continúa siendo preocupante. Aun cuando desde el 2018, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), intente cumplir su mejor papel, hay todavía falencias e intromisiones de carácter político que le impiden ofertar adecuados servicios de telecomunicaciones; peor aún en las zonas rurales.

Muestra de ello son los indicadores exhibidos por este programa que busca reducir la brecha digital favoreciendo a pobladores rurales y de lugares de preferente interés social, pues – a la fecha -, según el portal web de PRONATEL, solo se ha alcanzado beneficiar a 1’136,402 pobladores (31.26%), 2465 localidades (32.12%), 4540 instituciones abonadas obligatorias conectadas (34.71%) y 23,670 kilómetros de fibra óptica desplegada (82.32%).

Es pues, si bien existe el obligatorio objetivo de incrementar la cobertura del servicio en favor de instituciones educativas, centros de salud y comisarías, fatídico es pensar que el Estado pretenda, como derecho fundamental, resguardar el total acceso a internet, máxime si no existen condiciones u oportunidades iguales de acceso para todos los peruanos.

Hoy por hoy, en el país se tiene regiones en las cuales el acceso a este servicio es ínfimo. Mientras que Lima Metropolitana registra un 61,8 % de hogares con internet, las cifras en las zonas urbanas solo llegan al 35,7% y un 3.7% de las áreas rurales. Nada tan distante a las cifras registradas en América Latina y El Caribe, donde menos del 50 % de la población tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9 % cuenta con fibra de alta calidad en el hogar.

Estas barreras de problemas en la cobertura limitada, a decir de Peter Yamakawa, decano de ESAN Graduate School of Business, obedecen a la geografía de distintas zonas del país, así como también a una serie de desaciertos normativos, trabas a la inversión y medidas que van en contra de la masificación de servicios de conectividad de calidad.

Esto último guarda estrecha relación con la incertidumbre creada casi al término del régimen de Francisco Sagasti Hochhausler, pues el 13 de julio pasado los funcionarios del MTC resolvieron el contrato de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) suscrito con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., acordándose que esta operaría hasta el 14 de enero de este año.

Esto, generará que a partir de los próximos días, ante la caducidad del contrato, un deslucido y cuasi politizado PRONATEL pase a convertirse en el operador del proyecto de manera provisional, lo que ha decidido efectuar a través de terceros por un periodo no mayor de tres años, a través de la contratación del “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica – RDNFO”.

Para tener una idea de la magnitud del servicio a contratar y de la información conexa por evaluar, la RDNFO es un proyecto de una inversión de US$ 333 millones, que implica el tendido de 13,636 kilómetros en todo el país, conecta a 22 capitales de región, 180 capitales de provincia y 136 localidades.

Con los problemas tan recurrentes en el fallido y burocrático Estado Peruano y al no contar aún con un operador que tome la posta, esta maniobra resulta perjudicial, pues ha puesto en competo riesgo la operación de la red, dejando a un solo paso a millones de peruanos sin conectividad y acceso a internet en las 18 redes regionales que se conectan a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Y es que aun cuando pomposamente se anuncie desde el Programa Nacional de Telecomunicaciones que la red dorsal es uno de los componentes de los ejes de trabajo del gobierno del presidente Pedro Castillo, cierto es también que la gestión estará a cargo de un ministerio de Transportes y Comunicaciones actualmente plagado de cambios constantes de viceministros y funcionarios (incluido el PRONATEL), así como de presiones por parte de empresas extranjeras (entre bolivianas y colombianas) y presencia de lobistas plenamente identificados, como es el caso del chotano Julio César Bravo Sánchez, punto que abordaremos líneas más adelante.

Con el panorama de incertidumbre en frente, tocará que PRONATEL dé solución a este grave problema heredado de la administración anterior, aplicando una política estatal que busque que el acceso a internet sea un derecho y no un servicio, pero sobretodo acelere la afanada ampliación de cobertura, acceso y uso del internet por parte de los peruanos.

Aun cuando la intención sea de alcanzar un ininterrumpido servicio, el riesgo latente es que no se logre superar la valla dejada por la saliente empresa, yendo en desmedro del mantenimiento de la infraestructura existente y de los equipos en operación y, con ello, la conectividad correspondiente, viéndose afectados millones de ciudadanos.

Siendo este horizonte de preocupación, de no contar el 14 de enero con una empresa operadora sucesora, se terminarán afectando los 18 proyectos regionales que benefician a millones de peruanos mediante la prestación de servicios de internet a más 9,714 instituciones del Estado entre colegios, postas y comisarías, a 3,544 plazas wifi con internet libre de costo, a Centros de Acceso Digital e indirectamente mejorar los servicios de internet móvil que prestan los operadores que contratan con quienes tiene a su cargo los proyectos regionales. Asimismo, se afectaría los servicios que presta la RDNFO a los diversos operadores de telecomunicaciones, que usan la red para dar servicios móviles y fijos a sus usuarios al interior del país.

SIN MIEDO AL ÉXITO

Con un papa caliente en las manos, dejada por el gobierno antecesor desde el viceministerio de Comunicaciones, encabezado entonces por Rosa Nakagawa Morales, cuya gestión – se asegura – no supo negociar con Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., no se preparó a PRONATEL para la salida de esta empresa, estando ahora a menos de una semana para quedarse sin operador de la RDNFO y con aproximadamente 6 millones de personas de las regiones de sierra y selva que todavía continúan sin contar con el servicio de conectividad ni acceso a internet.

Queda entonces que el presidente Pedro Castillo se sacuda del miedo a decidir en medio de esta turbulencia que envuelve al Estado y cumpla con sus ofertas de campaña y post elección, de velar obligadamente – en su condición de maestro rural – por los más pobres y marginados, sin exclusiones, tal cual fue su anuncio durante su paso por las Naciones Unidas, en setiembre del pasado año.

Este gobierno, qué duda cabe, debe apuntar a que se materialice su anunciada Política Nacional de Transformación Digital, favoreciendo e incentivando la inversión privada, permitiendo se mejoren los indicadores de conectividad y ofrezcan mejores servicios, hoy por hoy en deuda con la población de la Amazonía, donde la cobertura apenas supera el 30% y de diversas regiones como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco.

Descuidar este proceso de ampliar el sistema de conectividad, con una pandemia a cuestas, y un nuevo año escolar que se avecina, por ejemplo, agudizaría programas como el “Aprendo en Casa”, donde – a nivel nacional – 82 de cada 100 niños y niñas entre 12 y 16 años matriculados en algún grado de educación secundaria han recibido clases a distancia, durante el segundo trimestre de este año. Mientras que, en el nivel primario, 94 de cada 100 escolares entre 6 y 11 años recibieron clases a través de internet.

Frente a ello, se requiere mucho más que palabras y buenas intenciones. La promoción de la inversión privada se hace urgente en este campo, clave para la llegada de tecnologías y una economía digital en transición, que favorezca la competitividad del país.
Dada la actual emergencia por la pandemia, y las implicancias que esta encierra frente a una tercera ola, el actual gobierno debe ya tomar una decisión y elegir a una empresa con experiencia en el mercado peruano, en condiciones de mejorar a la brevedad las expectativas, con resultados tan auspiciosos como aplicar una dosis de la vacuna contra la Covid-19.

El escenario puede pintarse peor con la anunciada tercera ola y dilatar la contratación de un operador por parte de PRONATEL solo atizaría la emergencia, causando severa afectación al servicio que hasta ahora reciben millones de peruanos a través de la red dorsal.

¿INTERFERENCIA LOBBISTA?

Continuar con el proceso no será fácil, menos aún no ceder a presiones que solo buscan saciar intereses y no de la caótica situación del país y su población. Frente a la urgencia nacional, poco saludable resultará imponer empresas extranjeras o nacionales que desconozcan el mercado, menos todavía cuestionadas o con acciones dilatorias para posponer o anular el proceso de Operación y Mantenimiento de la RDNFO, a sabiendas del negativo impacto que ello implicaría.

No obstante ello, en los últimos días, a solo horas para la salida de la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., diversas empresas extranjeras, entre bolivianas y colombianas intentarían descalificar el proceso argumentando discriminación, sin tomar en cuenta el acápite que el concurso permite que empresas foráneas que carecieran de alguno de los requisitos establecidos pudiera buscar un socio u operador local, de capital nacional o extranjero, para completar los mismos y ser sujeta de aprobación para participar en el concurso.

Una de ellas sería Entel Bolivia SAC, empresa estatal del país altiplánico que desde setiembre del 2019, en Perú, durante el régimen de Martín Vizcarra arrancó sus operaciones con servicios de telefonía móvil e internet. Su presencia era resultado del V Gabinete Binacional Perú – Bolivia, tras la firma de acuerdos con el gobierno de Evo Morales; no descartándose que en la actualidad – dados los fuertes nexos políticos – alcance una real ventaja en este gobierno de Pedro Castillo para operar y brindar mantenimiento a infraestructura donde el Estado ha invertido cerca de 450 millones de dólares.

Ello, muy a pesar que su socia fundadora, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), cuando Evo Morales era presidente del país altiplánico – entre los años 2006 y 2019 – se viera envuelta en presuntos actos de corrupción, al sufrir pérdidas de alrededor de 1700 millones bolivianos (250 millones de dólares).

Las auditorías reflejaron que por esos años, el exmandatario boliviano – declarado persona no grata en nuestro país por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso – empleaba a la empresa estatal Entel como la “caja chica” de su partido político Movimiento al Socialismo, evidenciado luego ello con la masiva fuga de exministros y funcionarios de su régimen al quedar investigados por delitos de uso indebido, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conductas antieconómicas.

Ya en el 2021, fiscales bolivianos descubrieron que la estatal Entel realizó un pago sospechoso de US$390.000 a una empresa fantasma en Perú por trabajos de fibra. El proyecto, de 66 millones de dólares, se enmarcaba en el antiguo objetivo boliviano de conectarse a redes submarinas internacionales en el océano Pacífico.

En escena también aparece un paisano del presidente Pedro Castillo, el chotano Julio César Bravo Sánchez, un controvertido exmiembro del Ejército Peruano, condenado por el delito de narcotráfico, quien –según fuentes confiables – desde hace unos meses intentaría proponer un consorcio integrado por empresas de Bolivia y Colombia que, advierten, no contarían con experiencia de prestación de servicios en el Perú, pero que buscaría frenar la pronta contratación para buscar satisfacer apetitos comerciales.

Fuentes oficiales han confiado que los dos ingresos de Julio César Bravo a Palacio de Gobierno, en agosto pasado, para reunirse con el mandatario Pedro Castillo, muy al estilo de la investigada Karelim López, buscarían favorecer a sus allegados. Reuniones de coordinación que entre los meses de setiembre y noviembre último se trasladarían luego a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los despachos del asesor del ministro Juan Francisco Silva Villegas, Renán Bedriñana Córdova, y del viceministro Carlos Alberto Sotelo López.

Las movidas del chotano, también promoción del encarcelado Antauro Humala, han sido advertidas en el propio MTC y alertadas por algunos congresistas como Eduardo Castillo Rivas, quien no ha dudado en solicitarles al ministro Silva y al secretario general de Palacio de Gobierno los pormenores de estas citas. ¿Acaso para sacar provecho de la emergencia que atraviesa el PRONATEL?

Ante ello, no está demás precisar que el ministro Silva Villegas debe centrar su atención en el Programa Nacional de Telecomunicaciones y no permitir que se ceda a presiones que afectarían a millones de peruanos y al propio Gobierno. Más ahora cuando se ha culminado con la indagación de mercado y se evalúan las cotizaciones enviadas por tres empresas postoras con presencia a nivel nacional.