Por: Ricardo Ramírez del Villar
Para quienes venimos observando desde hace años el actuar del “centro político” alias poder caviar —ese que se autodenomina democrático, moderado y defensor del Estado de Derecho— ya no queda duda: no se trata de una opción entre el estatismo y el capitalismo o entre las doctrinas productoras de pobres y los generadores de prosperidad, sino de una maquinaria que, sin ganar una sola elección, se ha apropiado de instituciones públicas para ejecutar su agenda política. Al más puro estilo bolivariano-castrista, han convertido al Estado de Derecho en una quimera, que solo respetan y reclaman cuando les es funcional.
¿Pueden ver el paralelismo entre lo que ocurrió con el presidente Merino y lo que ahora sucede con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la funcional usurpadora Delia Espinoza? Merino fue nombrado presidente respetando el procedimiento constitucional tras la vacancia del corrupto genocida Vizcarra. Sin embargo, fue víctima de una feroz campaña mediática y política, (con el saldo de dos vidas en las revueltas que organizaron, patrocinaron y promovieron) mientras que ese mismo Congreso —con la misma Constitución— colocó sin resistencia al afrancesado Sagasti en Palacio. Muestra inescrutable de su ¿doble rasero político? No, peor aún, ”Doble estándar institucionalizado”.
Lo mismo ocurre hoy pero, directamente, sin caretas, sin actuar en la sombra ni escondidos tras pseudo periodistas, “líderes de opinión”. Benavides fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia JNJ —una entidad creada por ellos mismos— y ahora, la misma JNJ libre de la perniciosa influencia del poder caviar, que la defenestró, ordena su reposición. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la legalidad válida? Obviamente, la que les favorece.
Este sector, al que yo llamo la costra caviar, ha tomado por asalto el Ministerio Público, su último bastión. No lo usan para “defender la legalidad,” sino, cual policía política marxista-leninista para perseguir a sus adversarios políticos. Mientras tanto, bandas como el tren de aragua campean impunes, extorsionan y asesinan.
¿Y los “defensores de la legalidad”? Ellos son los primeros en desacatar órdenes constitucionales, al decir del Dr. Abanto en una ridícula pijamada; en clara y abierta resistencia a la autoridad, desacatando órdenes de un órgano constitucional autónomo, quebrantando la jerarquía legal y violando la Constitución que juraron defender.
Hoy el poder de iniciar una acción penal está en manos de una organización que actúa con criterios persecutorios y políticos, no jurídicos. Si ese es el “defensor de la legalidad”, que nos espera… que Dios nos libre de caer en sus garras.
