Por: Luciano Revoredo
Nadie es ajeno al hecho que las últimas elecciones generales estuvieron manchadas por diversas irregularidades en las que incurrieron los entes electorales e incluso el Ministerio Público.
Durante semanas se cuestionaron los resultados y pese a los esfuerzos del gobierno de Sagasti, la gran prensa y las organizaciones caviares, siempre quedó el sinsabor del posible fraude o cuando menos de las anomalías en el proceso.
La candidatura de Pedro Castillo fue nula de origen. Había mentido en su declaración de hoja de vida y por otra parte se le permitió postular con una plancha incompleta, cuando el Art. 111° de la Constitución dispone que “Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.” Al ser excluido Cerrón por su condición de condenado por corrupción, Perú Libre debió completar esa plancha en un plazo de tres días, cosa que no hizo y el jurado lo permitió.
Una vez concluido el proceso y ante tantas irregularidades y protestas la ONPE, se negó a presentar los planillones que la ciudadanía organizada exigía. Todo quedó así sellado.
Como era lógico en el Congreso de la República recién electo se creo una comisión para investigar estas irregularidades. Esta comisión fue presidida por el congresista Jorge Montoya, quien siempre fue claro en señalar que la labor de la comisión no estaba orientada a anular las elecciones, cosa que ya no le correspondía, sino a señalar aquellas situaciones que se debían perfeccionar y proponer al Congreso de la República las modificaciones a la legislación electoral destinadas a determinar los vacíos legales y el posible aprovechamiento de estos vacíos, “que habrían sido usados para cometer las presuntas irregularidades”.
Pese a todo esto finalmente el pleno del congreso archivó el informe de la comisión. Tanto el que se había elaborado en mayoría como el que había sido evacuado en minoría.
De esta forma el Congreso de la República renunció al deber de fiscalizar que le corresponde.
El congresista Jorge Montoya en su condición de presidente de la comisión investigadora, expuso los alcances del informe en mayoría señalando que el país ha ingresado a un proceso de desmoramiento moral y de desgobierno, y remarcó que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones actuaron de forma ilegal en los últimos comicios generales, violando el artículo 181 de la Constitución Política, para luego enfatizar que «Hay un aspirante a colaborador que ha declarado la entrega de más de 3 millones de soles (a un magistrado del JNE).Estamos esperando que lo confirme el Ministerio Público». Sin embargo nada de esto valió para lograr la mayoría de los votos.
Era previsible que comunistas, caviares, niños y morados votaran en contra, para lograr el archivamiento del informe. Su compromiso con el gobierno narcosenderista los obliga a eso.
Lo que resulta repelente es la cobardía de aquellos que juegan a demócratas, hacen discursos grandilocuentes y a la hora de la verdad se abstienen, se inhiben, callan. Es el silencio de la vergüenza y la felonía. No se puede ser neutral cuando la patria está en peligro. Es mejor el enemigo frontal. La abstención es traición.
Se abstuvieron: de la fauna acuñista: Segundo Acuña, María Acuña, Lady Camones, Freddy Diaz, Idelso García, Heidy Juárez, Elva Julón, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana, Rosío Torres, Cheryl Trigozo, de lo que fue Somos Perú: Alfredo Azurín y los intermitentes no agrupados Carlos Anderson, José Luis Elías y Enrique Wong.
