Por: Luciano Revoredo
La Comisión Permanente, ha aprobado las denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Francisco Sagasti que los inhabilita por 10 años de la función pública. Ahora falta que esta decisión sea ratificada por el pleno.
Como es público y conocido, el panorama político peruano de los últimos años ha sido un espectáculo lamentable de cinismo, corrupción y manipulación, con figuras como Martín Vizcarra y Francisco Sagasti desempeñando roles protagónicos en una tragicomedia que ha dejado al país al borde del abismo.
El Lagarto Martín Vizcarra, llegó al poder en 2018 como un supuesto paladín de la lucha anticorrupción tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, su mandato pronto se vio empañado por escándalos que revelaron una hipocresía monumental. El caso más emblemático es el del “Club de la Construcción”, un entramado de empresas que, según investigaciones fiscales, pagaron sobornos a cambio de licitaciones públicas amañadas.
Durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), Vizcarra habría recibido más de 2.3 millones de soles (aproximadamente 600,000 dólares) para favorecer a consorcios como ICCGSA-Incot y Obrainsa en proyectos como las Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La Fiscalía, liderada por Germán Juárez Atoche, ha solicitado 25 años de cárcel para el exmandatario por delitos como cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita.
Pero la corrupción de Vizcarra no se detuvo ahí. El escándalo de “Vacunagate” en 2021 expuso su verdadero rostro: mientras el país enfrentaba una devastadora crisis sanitaria por el COVID-19, Vizcarra, su esposa y su hermano se vacunaron en secreto con dosis de Sinopharm destinadas a ensayos clínicos, mucho antes de que la población tuviera acceso a ellas. Este acto de abuso de poder no solo traicionó la confianza de millones de peruanos, sino que también precipitó su caída política, culminando en su vacancia por el Congreso en noviembre de 2020 por “incapacidad moral permanente”. Hoy, inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, Vizcarra sigue siendo un símbolo de la podredumbre que carcome las instituciones peruanas.
Si Vizcarra fue el ejecutor descarado de la corrupción, Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia interina tras la breve gestión de Manuel Merino, representó el triste papel de los “caviares”: esa élite supuestamente progresista que, bajo una fachada de integridad, termina siendo cómplice de corruptos y extremistas. Sagasti, miembro del Partido Morado y ungido como un “salvador” tras las protestas de 2020, llegó al poder con promesas de estabilidad y transparencia. Sin embargo, su gestión fue un ejercicio de encubrimiento y tibieza al servicio de la caviarada.
Uno de los episodios más oscuros de su mandato fue su manejo del “Vacunagate”. A pesar de que el escándalo estalló bajo su administración, Sagasti optó por una postura ambigua: prometió que los responsables enfrentarían la justicia, pero no tomó medidas concretas para revelar la lista completa de los 487 vacunados privilegiados, muchos de los cuales eran parte de la élite caviar que lo respaldaba. Entre ellos estaban funcionarios de alto rango, como la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete, quienes renunciaron solo tras una presión pública insostenible. La inacción de Sagasti permitió que la mafia caviar, con su red de consultorías y favores políticos, saliera indemne mientras el pueblo peruano seguía esperando en un ambiente de muerte medidas adecuadas y vacunas.
Otro golpe a su credibilidad fue la destitución masiva de 18 generales de la Policía Nacional del Perú en diciembre de 2020, una decisión que muchos interpretaron como un ajuste de cuentas político para complacer a sectores radicales de izquierda y debilitar a las fuerzas del orden. Este acto, que el Congreso ahora investiga y que podría llevar a su inhabilitación por 10 años, dejó a la institución policial en una crisis de liderazgo en un momento en que el país necesitaba estabilidad frente a la creciente delincuencia y las protestas sociales. Sagasti, lejos de ser el estadista que prometió, se convirtió en un “tapón de desagüe” —como lo describió un usuario de X— para contener el hedor de la corrupción heredada de Vizcarra, sin nunca drenarlo del todo.
Los caviares, con su influencia en medios de comunicación, oenegés y círculos académicos, han jugado un rol clave en apuntalar a figuras como Vizcarra y Sagasti para luego protegerlas cuando las evidencias de corrupción se hicieron innegables.
El destino de Vizcarra parece sellado: su inhabilitación y los procesos judiciales en curso lo alejan del poder, aunque su cinismo podría llevarlo a intentarlo nuevamente desde las sombras. Sagasti, por su parte, enfrenta un escrutinio creciente que podría culminar en su propia inhabilitación, un castigo merecido para alguien que prefirió ser un peón de la mafia caviar en lugar de un líder para el país. Sin embargo, el problema trasciende a estas figuras: mientras los caviares sigan teniendo influencia y la ciudadanía permanezca desencantada pero pasiva, el ciclo de corrupción y mediocridad seguirá intacto.
El Perú merece algo mejor que lagartos corruptos y caviares pusilánimes. La pregunta es si algún día logrará romper las cadenas de esta tragicomedia política o si, como hasta ahora, seguirá atrapado en el fango de la desvergüenza. Por lo pronto, el Congreso, con todos sus defectos, parece ser el único dique contra estas figuras nefastas. Que siga así, porque el pueblo ya no aguanta más traiciones.
