
Por: Luciano Revoredo
En los últimos meses, el Perú ha enfrentado una escalada sin precedentes en la delincuencia, marcada por eventos violentos y crueles que han sacudido la tranquilidad de nuestro país. Es por ello que, con un sentido de urgencia y responsabilidad ciudadana, exigimos la inmediata renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya gestión ha demostrado ser insuficiente para controlar la creciente ola de crímenes.
La ciudad de Trujillo, otrora atractivo turístico en el norte del país, ha sido escenario de recientes actos de violencia con bombazos que han atentado contra la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Estos actos criminales no solo han dejado un rastro de destrucción y miedo, sino que también han evidenciado la incapacidad del Ministerio del Interior para anticiparse y responder eficazmente a amenazas de esta magnitud.
Las cifras de asesinatos se han disparado, con reportes que indican un promedio de cinco personas asesinadas diariamente. La extorsión, por otro lado, se ha convertido en una práctica común que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes. Las estadísticas oficiales y las denuncias en redes sociales reflejan un incremento alarmante en estos delitos, demostrando un fracaso rotundo en la estrategia de seguridad nacional. Mientras Dina Boluarte, de quien ya no esperamos nada, más que el fin de su gobierno, cuenta historias fantásticas que nadie cree en Davos.
Como lo adelantamos hace varios meses, los estados de emergencia decretados en varias regiones del país, incluyendo Lima y Callao, no han logrado frenar la marea de criminalidad. Estas medidas, pensadas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se han revelado como paliativos ineficaces, incapaces de abordar las raíces profundas de la inseguridad ciudadana. El ministro Santiváñez, a pesar de sus promesas de renuncia en caso de no ver resultados, se mantiene en el cargo, lo cual es inaceptable ante la evidencia de su ineficacia.
Es evidente que las leyes actuales tampoco están a la altura para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad. Por ello, urge la implementación de una Ley de Terrorismo Urbano que permita a las autoridades tener herramientas más contundentes para desmantelar las estructuras criminales que operan en nuestras ciudades. Donald Trump, en 48 horas en el gobierno declaró terroristas a las bandas del crimen organizado que asolan los Estados Unidos y ya empezó las capturas. En nuestro caso Rafael López Aliaga viene insistiendo con este tema hace meses y el congreso no reacciona.
La seguridad de nuestro país no puede seguir a merced de una gestión fallida y un ministro fracasado. El gobierno debe tomar medidas drásticas, comenzando con la renuncia del ministro Santiváñez. Necesitamos líderes comprometidos con la seguridad de los peruanos, no gestores de crisis que solo acumulan fracasos. La decisión es clara: si no hay capacidad para cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos, es hora de salir de la escena y dar pase a quien sepa qué hacer en la crisis actual.
El Perú merece un cambio, y ese cambio comienza con la renuncia de aquellos que han demostrado ser incapaces de cumplir con su cometido.
¡Renuncie ministro Santiváñez, no se haga cómplice de que la sangre de los peruanos siga manchando las calles del país!