NO NOS CALLARÁN

Por Carlos Beltramo* 

Tras 7 años y medio de litigio, fracasó el plan de la ONG abortista PROMSEX para que Carlos Polo, director de la Oficina del PRI para Iberoamérica, se retractara de sus opiniones en un artículo difundido por la Agencia Católica de Noticias – Aciprensa. El Tribunal Constitucional (TC) peruano consideró que la libertad de expresión y el derecho a la información se deben proteger y respetar en todo asunto de relevancia e interés para la sociedad, incluyendo los que tienen que ver con la defensa de la vida. Esta sentencia es un premio a la valentía de Carlos que enfrentó y derrotó al lobby abortista internacional. Pero más que nada es un llamado para que todo activista redoble esfuerzos por anunciar la cultura de la vida y denunciar las maniobras de los operadores de la cultura de la muerte. Ahora hay menos lugar para el miedo.

Las características de este litigio develan que el objetivo era sentar un precedente para censurar y silenciar a todo el movimiento pro-vida internacional. Carlos Polo es uno de los voceros más respetados en Iberoamérica, con una trayectoria de más de 30 años potenciando iniciativas en América y Europa. La oficina de Iberoamérica y las denuncias del PRI en todo el mundo han logrado que las organizaciones abortistas dejen de percibir cientos de millones de dólares de fondos del dinero de los contribuyentes de USA. PROMSEX invirtió casi 8 años en el proceso judicial, contratando a los más costosos e influyentes abogados locales. El último, quien presentó sus alegatos en el Tribunal Constitucional, fue Samuel Abad, constitucionalista involucrado en diversas iniciativas de gobiernos y organizaciones de izquierda, asesor de PROMSEX en el tema de aborto, y esposo de una conocida feminista pro aborto del Perú y que llegó a ser presidenta del Consejo de Ministros de un gobierno transitorio con escándalos de índole ética entre 2020 y 2021.

Para entender el caso y su trascendencia hay que recordar que todo comenzó el 23 de julio de 2015 cuando ACIPRENSA publicó una nota con el título: «Planned Parenthood invirtió 3 millones de dólares para promover aborto en Perú». La información principal se centraba en que Planned Parenthood of America y su matriz internacional, la IPPF, habían enviado importantes sumas de dinero a tres ONGs peruanas para que hicieran lobby en el Perú buscando la legalización del aborto: INPPARES (sucursal de IPPF en Perú), Católicas por el Derecho a Decidir – CDD y PROMSEX. La nota de ACIPRENSA explicitaba que la fuente de esa información es la web oficial de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad pública que controla y supervisa el flujo de dinero que viene del exterior para ONGs locales.

En la nota mencionada, Carlos Polo expresó distintas opiniones sobre el tema tratado, siempre basándose en los datos proporcionados por las fuentes oficiales, es decir, sobre hechos comprobables. Lo primero es que esa información confirma que una parte de las campañas abortistas en Perú se origina en Estados Unidos. Segundo, que las autoridades pertinentes deberían controlar el uso del dinero recibido del exterior porque las actividades de PROMSEX a favor de la legalización del aborto no tienen nada que ver con la ayuda humanitaria, fin de la cooperación internacional. Tercero, que “los voceros del aborto, como PROMSEX, son empleados a sueldo que corrompen autoridades locales para disfrutar de esos cuantiosos fondos”. Como mencionamos, estas opiniones se basan en una información sólida y fácilmente comprobable que pocos se han atrevido a expresar en esos términos en el debate público.   

Ante la evidencia irrefutable, el lobby del aborto no podía permitir que esta denuncia avanzara. Debía callar a este líder pro vida. Por eso tomaron la decisión de actuar judicialmente. De hecho, este es su modo de operar: amedrentar. Pero como bien muestra el desenlace de esta historia, no hay que tenerles miedo.

Once días después de publicada la nota, PROMSEX envió cartas notariales tanto a Polo como a ACIPRENSA exigiendo una rectificación pública “en aras de la verdad y defensa del honor” de la propia PROMSEX. Su único argumento –a pesar de toda la evidencia e indicios de irregularidades—, era el uso de la palabra “corromper”. Para poder sustentar que Carlos había cometido una ofensa contra su honorabilidad, PROMSEX eligió arbitrariamente una de las 7 acepciones de dicha palabra que se definen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Precisamente aquella que lo define como sinónimo del delito de soborno. Siguiendo esta lógica, Carlos al decir “corromper” estaría denunciando un soborno y debía presentar pruebas documentarias de entrega y recepción de dinero.

Llamativamente, el juicio no utilizó la vía penal sino la del Tribunal Constitucional.  La apuesta del lobby abortista era fundamentalmente provocar miedo. Inmediatamente desataron una furiosa campaña en medios y redes sociales contra Polo.

La sentencia del TC es contundente en afirmar que, basados en el contexto de la nota y una aclaración posterior de Polo, la frase se refería a una corrupción de tipo ético y no a la comisión de un delito penal. Fue una opinión expresada en un contexto moral, a un medio de comunicación y a una audiencia cuyos valores con relación al aborto son conocidos. Decirlo en esos términos está dentro de su legítimo derecho a la libertad de expresión.

La sentencia crea un precedente que trasciende fronteras. El TC peruano ha dejado claro que la libertad de expresión es un valor fundamental en las sociedades democráticas.

“De acuerdo con el artículo 6 de la precitada Ley 26775, la rectificación «en ningún caso puede comprender juicios de valor u opiniones». Así, en la medida que la demandante pide el demandando Carlos Enrique Polo Samaniego la rectificación de una opinión, no se acredita el agravio al derecho de rectificación, por lo que la demanda debe ser desestimada.”

A todo ciudadano que defiende el derecho a la vida desde la concepción, el TC le dice que puede llamar “abortista” a todo aquel que promueve… precisamente el aborto.

A todo medio de comunicación, el TC le dice que puede reproducir las declaraciones y opiniones de alguien debidamente identificado en cualquier tema de relevancia cultural, como es el aborto en este caso. Más aún, señala que dejar los eufemismos y hablar con claridad sobre los procedimientos abortivos, y señalar a quienes los defienden, los promueven, los financian y los realizan es un derecho fundamental de libre expresión.

A cada uno de los ciudadanos, el TC le dice que garantiza su derecho a la libre expresión. No solamente afirma que es deseable el respeto a las opiniones, sino que, tratándose de temas de relevancia e interés público, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas que expresen sus ideas y opiniones.

Y fundamentalmente, a la ciudadanía en general, el TC le garantiza el derecho a la información plural. PROMSEX no tiene derecho a presionar judicialmente a Polo para que no comparta información que a PROMSEX no le gusta o no le conviene. Si PROMSEX recibe una millonaria financiación de la principal transnacional de la industria del aborto (cuyas clínicas de aborto son más numerosas que los restaurantes de McDonalds), la población tiene derecho a saberlo.

Esta sentencia del TC peruano sirve, sin duda, para que nadie más tenga ningún temor a romper con lo políticamente correcto y denunciar a una industria que lucra con la muerte de inocentes.

*Director de Population Research Institute – Europa