MUJER QUE ALERTÓ SOBRE PELIGRO DE CARTELES EN BAÑOS DEL AEROPUERTO DE LIMA PODRÍA SER ACUSADA PENALMENTE

_Por Carlos Polo

Seguro recordarán a esa mujer valiente que denunció los carteles en los baños del aeropuerto. Sí, esa mujer es Olga Izquierdo y fue denunciada penalmente por el “Colectivo de Mujeres Trans del Perú” en agosto pasado. La acusan del delito de discriminación a las “mujeres trans” e impedir el ejercicio de sus “derechos”. Sin duda estamos ante la creación de uno de esos “casos emblemáticos” para amedrentar a cualquiera que quiera oponerse a las agendas de estos colectivos. Pero Olga no parece ser una persona que anteponga el miedo a sus principios.

Cada día más gente está consciente que este caso nada tiene que ver con negarle un baño a alguien que lo necesita, sino con la pretensión de crear nuevos derechos. La denuncia pretende ganar espacio para una agenda ideológica con normativas menores para que al fin sea de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos.

La Fiscalía pudo usar el sentido común y el marco jurídico peruano para no dar trámite a esta denuncia. Pero no lo hizo. El lobby parece haber pesado más.

Por el lado del sentido común, la lógica es simple. Es imposible que exista discriminación contra las “mujeres trans” cuando Olga no utiliza ese término ni menciona a la denunciante Leyla Huertas ni del “Colectivo de Mujeres Trans del Perú”.

La denuncia presenta como evidencia de discriminación el video que Olga compartió en sus redes y el video de la entrevista que se le hizo en el programa “Mundos Paralelos” de Canal N, y en ellos Olga estaba hablando de otra cosa.

Lo que Olga hizo, tanto en el Libro de Reclamaciones del aeropuerto de Lima como en los videos, es advertir un peligro real.

Es de conocimiento público que hombres, bajo el paraguas indefinido de “mujeres en su diversidad”, han hecho mal uso de los baños que usan mujeres y niñas. En el Perú ya hubo dos casos difundidos por todos los medios comunicación: un hombre vestido con el uniforme de las niñas de un colegio de Huancayo y otro disfrazado de mujer en el centro comercial Jockey Plaza de la capital habían entrado al baño de mujeres para tomar fotos y violar su intimidad. No son pocos los casos en los que hombres con “identidad femenina”, como reza el cartel del baño del aeropuerto, terminan siendo abusadores sexuales. Podríamos agregar a esta lista al asesor de la congresista Susel Paredes, defensora de colectivo trans, condenado a cadena perpetua por violar niños pobres a cambio de unas pocas monedas.

Lamentablemente, esta es una dolorosa realidad como lo advirtió Olga a los funcionarios del concesionario del aeropuerto de Lima. Es más, la misma funcionaria que atendió el reclamo de Olga ese día, le dio toda la razón diciendo que podía haber hombres que hagan mal uso de ese cartel. Pocos días después la entidad supervisora de los servicios aeroportuarios, OSITRAN, le dio la razón a Olga.

En resumen, la acusación es tan o más ideológica que el cartel puesto en los baños. Mientras el sentido común diría que hay que felicitar y apoyar a Olga por una advertencia pertinente, la Fiscalía ha dado pase a una denuncia totalmente infundada.

Por el lado del marco jurídico, la Fiscalía tampoco debió haber dado curso ni siquiera al interrogatorio para el cual han citado a Olga.

El concesionario del aeropuerto de Lima debe regirse por las leyes peruanas, y éstas son emitidas por el Poder Legislativo, no por entidades cuyas interpretaciones pretenden ejercer ese rol y mucho menos por el Comité de Diversidad e Inclusión de la propia empresa.

La Norma IS 010 de la Ley Nacional de Edificaciones establece la implementación de servicios higiénicos distintos para hombres y para mujeres, con la excepción de un tercer baño para personas con discapacidad. Del mismo modo está establecido en las ordenanzas municipales que tienen rango de ley.

¿Cómo podría la fiscalía encontrar indicios de alguna discriminación de Olga Izquierdo contra las “mujeres trans” o a cualquier otro ciudadano si tal término no pertenece a nuestro marco jurídico, ni éste indica que debería haber baños con tales carteles?

Los argumentos esgrimidos por el Comité de Diversidad e Inclusión del concesionario del aeropuerto son falaces. Citan opiniones en torno al concepto de “identidad de género”, término que tampoco pertenece a nuestro marco jurídico. Es un asunto polémico que no ha sido aprobado por el Poder Legislativo. Lo que existe es un proyecto de ley en el Congreso, reedición de otro que fuera dejado de lado por el Congreso pasado, y que no hay ninguna garantía de que sea aprobado. La opinión mayoritaria en el Parlamento es que la autopercepción como criterio de identidad frente a los demás afectaría la seguridad jurídica. Las leyes determinan cosas precisas de acuerdo a los datos objetivos. Permiten o prohíben cosas de acuerdo a la realidad, no a la percepción —o autopercepción— de los sujetos.

El concesionario del aeropuerto ha citado una sentencia del Tribunal Constitucional como si respaldara su posición y esto no es cierto. Lo que dice esa sentencia es que “existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género” (punto 14) y que “los jueces tienen un especial margen de decisión en la interpretación de los alcances del derecho a la identidad personal” (punto 15).  Cita también una Carta de la Defensoría y otra de INDECOPI cuyas interpretaciones de lo que es “identidad de género” y el uso de los baños exceden su competencia legislativa pues ésta le corresponde al Congreso.

Por tanto, ni por sentido común ni por el análisis jurídico, esta denuncia del lobby contra Olga Izquierdo merece la atención de la fiscalía. Esta prepotencia aumenta la carga de trabajo fiscal, mientras que a los verdaderos delincuentes no les cae el peso de la ley (entre ellos muchos abusadores sexuales).

A pesar de todo esto, Olga ha sido citada para el jueves 25 de enero y un Fiscal evaluará si ha cometido un delito penal.

Así está la justicia en el Perú. De cabeza. Persiguiendo a quien hizo uso de su derecho constitucional de petición y opinión para advertir un peligro real para la seguridad, integridad física, intimidad e indemnidad sexual de mujeres y niñas. Y favoreciendo a un colectivo que usa el sistema de justicia con pretensiones políticas subalternas y a un concesionario de aeropuerto que prioriza la subjetividad de un adulto por sobre la protección de la seguridad de la mujer y de los niños. Habría que añadir, además, que al concesionario del aeropuerto parece importarle mucho menos la percepción de mujeres o niñas de sentirse violentadas en su privacidad que la autopercepción de un grupo de personas al cual no se le ha violentado ningún derecho ni uso de ninguna instalación aeroportuaria.

Pero Olga no estará sola. La acompañará un buen grupo de ciudadanos en la puerta de la fiscalía vestidos de polo blanco y pidiendo que no se censure la libertad de pensamiento y de expresión en el Perú.

Finalmente, se trata de proteger la integridad y la salud de nuestros niños como lo hizo Olga. Sus adversarios están poniendo todo eso en grave riesgo cegados por su carga ideológica.